Los jueces reclaman una indemnización

AVISO: Este artículo fue pubicado el pasado 8 de junio en El Faro de Temis, blog del autor alojado en la web cuartopoder.es

Detalle fachada Tribunal Supremo

Detalle de la fachada principal de la sede del Tribunal Supremo en Madrid.

Cientos de jueces han reclamado a la Audiencia Nacional que les reconozca las indemnizaciones que el Ministerio de Justicia les niega tras haberse visto obligados a realizar un sinfín de turnos de guardia sin haber podido compensarlos con los correspondientes días de descaso. El asunto, un engorro de considerables dimensiones para el departamento que dirige Rafael Catalá, está en realidad en manos del Tribunal Supremo, cuya decisión provocará un terremoto en la judicatura con independencia de a qué parte dé la razón. Sigue leyendo

Catalá provoca hastío en los jueces

AVISO: Este artículo fue publicado el pasado 4 de mayo en El Faro de Temis, blog del autor alojado en la web cuartopoder.es

Europa Press
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, gusta de arriesgar el tono que imprime a sus intervenciones públicas, con las que procura desviar el foco de atención de asuntos que le resultan espinosos. Es ese un grave inconveniente para un miembro del Gobierno que tras siete meses en el cargo ha sido noticia por la enmienda a la totalidad que ha planteado a la gestión de su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, pero que no ha impulsado una producción legislativa propia digna de ese nombre. No queda legislatura suficiente para hacerlo, así que la judicatura le considera ya un inane paréntesis, un ocupante fugaz de un departamento en el que deja como herencias frivolidades como su apuesta por modernizar la administración de Justicia a golpe de SMS o sancionar a los medios de comunicación que informen sobre investigaciones judiciales protegidas por un secreto del sumario que sigue sin disponer de una adecuada regulación.

Sigue leyendo

El asalto al Registro Civil

AVISO: Este artículo fue publicado el pasado lunes 13 de marzo en El Faro de Temis, blog alojado en cuartopoder.es

El Registro Civil quedará privatizado el próximo 22 de julio. Ese es uno de los pocos datos que se puede afirmar con cierta firmeza de un proceso que el Gobierno ha convertido en un galimatías jurídico-administrativo y que ha rodeado de un halo de oscurantismo que ha alimentado las peores sospechas. Aún quedan muchas incógnitas por desvelar, pero ese día entra en vigor una ley que entrega a los registradores de la propiedad y mercantiles la gestión del archivo que almacena los datos personales de los españoles; es algo que ya no pueden evitar ni las manifestaciones celebradas este pasado sábado en varias ciudades españolas ni algunas iniciativas parlamentarias que, a la desesperada, impulsan grupos minoritarios.

Trabajadores del Registro Civil protestan en Madrid contra la privatización del organismo. / Emilio Naranjo (Efe)

Trabajadores del Registro Civil protestan en Madrid contra la privatización del organismo. / Emilio Naranjo (Efe)

Sigue leyendo

Bienvenidos al Estado policial

AVISO: Este artículo fue publicado el pasado lunes de 6 de abril en el Faro de Temis, blog del autor alojado en la web cuartopoder.es

España será un Estado policial a partir del próximo 1 de julio. Así escrito suena excesivo, pero esa es la denuncia de dos asociaciones de jueces y una de fiscales, organizaciones como Amnistía Internacional o Rights International Spain, unos ochenta colectivos integrados en la plataforma No Somos Delito, cinco relatores especiales de Naciones Unidas y toda la oposición parlamentaria al PP. Demasiada gente cree que la reforma del Código Penal y la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobadas el pasado 27 de marzo cercenan el Estado de Derecho. También 35 catedráticos universitarios que sostienen en un manifiesto que ese paquete legislativo bebe “de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias, de aportaciones en suma que han sido por todos denostadas”.

Rodea el Congreso 25-09-12

Imagen de la primera manifestación ‘Rodea el Congreso’, celebrada el 25 de septiembre de 2012. / Efe

Sigue leyendo

La falsa reforma de Catalá contra la corrupción

AVISO: Comentario publicado el pasado lunes 9 de marzo en El Faro de Temis, blog del autor alojado en Cuarto Poder.

 

El arte de la política es a veces tan taimado que nada ocurre sin su correspondiente doblez. El Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que pretende agilizar la Justicia para mejorar la lucha contra la corrupción. La iniciativa, sin embargo, es inocua y llegará al Parlamento sin apenas tiempo para ser debatida y aprobada, lo que permite pensar que su objetivo es distinto al proclamado.

Catalá_LEcrim

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante una reciente visita oficial a Badajos. / (Foto: EFE)

Quiere la reforma de la LECrim impulsada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, acabar con los sumarios interminables. Para ello, elimina el inoperante plazo de un mes que la actual ley fija para concluir un proceso y lo sustituye por otro “más realista” de seis meses, prorrogables a 18 en el caso de investigaciones complejas.

Un férreo sistema de plazos no sólo no agiliza el proceso sino que puede colapsar los sumarios y hacer inviable la investigación de delitos complejos. Consciente de ello, y para evitar cualquier suspicacia, el propio ministro ha enfatizado que no son plazos rígidos e incluso el de 18 meses debe manejarse “con flexibilidad” y podrá ser prorrogado “de manera indefinida” cuando sea necesario.

Es decir, el mecanismo de los plazos no va a ser operativo. De lo contrario sería imposible investigar episodios como el caso Gürtel, una investigación iniciada en 2008 que ha estado en manos de cuatro jueces (el quinto llegará en unas semanas) y ha pasado por tres tribunales distintos. Sigue leyendo

Enmienda a la totalidad a Ruiz-Gallardón

Tomo prestado el título de este comentario de la periodista Sonia Sánchez, de la Cadena SER, porque resume a la perfección lo que ha supuesto el círculo que en estos días cierra el Gobierno presidido por Mariano Rajoy: casi toda la obra de su primer ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido revisada, corregida y en su mayoría anulada. Es un hecho insólito en democracia: acostumbrados estamos a que los gobiernos de turno incumplan sus programas electorales, pero nunca antes se había producido una rectificación de este calado excepto, salvando las distancias, el famoso cambio de criterio del Gobierno de Felipe González respecto a la pertenencia de España a la OTAN.

Rafael Catalá (iqda) conversa con su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que acudió a la  ceremonia de traspaso de poderes en el Ministerio de Justicia.

Rafael Catalá (iqda) conversa con su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que acudió a la ceremonia de traspaso de poderes en el Ministerio de Justicia.

Ha sido, por tanto, una legislatura perdida para la administración de Justicia, que no es lo mismo que una legislatura en blanco, porque tres años y medio después los juzgados y tribunales están en peor situación de lo que estaban cuando el PP ganó las elecciones  y Rajoy pasó a ocupar La Moncloa. Sigue leyendo

Una Justicia demasiado cara

El Estado ha recaudado, entre el 17 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2014, 512.468.000 euros en concepto de tasas judiciales. Hay otra forma de presentarlo: los ciudadanos han tenido que desembolsar más de 512 millones de euros para acceder a la Justicia desde que entró en vigor la Ley 10/2012 que impulsó el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón. El dato ha podido conocerse gracias a una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno a una pregunta formulada a finales del pasado año por un diputado socialista. El ministerio no facilita ninguna otra información al respecto.

El exministro de Justicia al término de un Consejo de Ministros.

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón al término de un Consejo de Ministros

Sigue leyendo