El Poder Judicial quiere que el fiscal protagonice la investigación penal

 AVISO: Este artículo fue publicado el pasado 13 de julio en El Faro de Temis, blog del autor alojado en cuartopoder.es

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Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. / Efe

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, sorprendió la semana pasada a propios y extraños al apostar por que la investigación de las causas penales sea atribuida al Ministerio Fiscal. Por una vez y sin que sirva de precedente, tiene razón, pero sus palabras han causado desconcierto porque llegan cuando ya es evidente que en esta legislatura que fenece tampoco se abordará el necesario cambio de modelo judicial -y sobre todo de modelo de justicia penal- porque el actual, agotado, es incapaz de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Sigue leyendo

Catalá provoca hastío en los jueces

AVISO: Este artículo fue publicado el pasado 4 de mayo en El Faro de Temis, blog del autor alojado en la web cuartopoder.es

Europa Press
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, gusta de arriesgar el tono que imprime a sus intervenciones públicas, con las que procura desviar el foco de atención de asuntos que le resultan espinosos. Es ese un grave inconveniente para un miembro del Gobierno que tras siete meses en el cargo ha sido noticia por la enmienda a la totalidad que ha planteado a la gestión de su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, pero que no ha impulsado una producción legislativa propia digna de ese nombre. No queda legislatura suficiente para hacerlo, así que la judicatura le considera ya un inane paréntesis, un ocupante fugaz de un departamento en el que deja como herencias frivolidades como su apuesta por modernizar la administración de Justicia a golpe de SMS o sancionar a los medios de comunicación que informen sobre investigaciones judiciales protegidas por un secreto del sumario que sigue sin disponer de una adecuada regulación.

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Bienvenidos al Estado policial

AVISO: Este artículo fue publicado el pasado lunes de 6 de abril en el Faro de Temis, blog del autor alojado en la web cuartopoder.es

España será un Estado policial a partir del próximo 1 de julio. Así escrito suena excesivo, pero esa es la denuncia de dos asociaciones de jueces y una de fiscales, organizaciones como Amnistía Internacional o Rights International Spain, unos ochenta colectivos integrados en la plataforma No Somos Delito, cinco relatores especiales de Naciones Unidas y toda la oposición parlamentaria al PP. Demasiada gente cree que la reforma del Código Penal y la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobadas el pasado 27 de marzo cercenan el Estado de Derecho. También 35 catedráticos universitarios que sostienen en un manifiesto que ese paquete legislativo bebe “de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias, de aportaciones en suma que han sido por todos denostadas”.

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Imagen de la primera manifestación ‘Rodea el Congreso’, celebrada el 25 de septiembre de 2012. / Efe

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La Justicia española no da la talla en Europa

AVISO: Comentario publicado el pasado lunes 16 de marzo en El Faro de Temis, blog del autor alojado en Cuarto Poder.

 

La Justicia española es poco eficiente, de escasa calidad y una de las menos independientes de Europa. Es un preocupante dibujo realizado con los trazos que ofrece el Cuadro de Indicadores de la Justicia en la Unión Europea correspondiente a 2015, dado a conocer la pasada semana por la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad, Vera Jourova.

Vera Jourova, comisaria de Justicia de la UE

Vera Jourova, comisaria de Justicia de la UE, durante la presentación del Cuadro de Indicadores de la Justicia 2015. / Julien Warnand (Efe)

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La falsa reforma de Catalá contra la corrupción

AVISO: Comentario publicado el pasado lunes 9 de marzo en El Faro de Temis, blog del autor alojado en Cuarto Poder.

 

El arte de la política es a veces tan taimado que nada ocurre sin su correspondiente doblez. El Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que pretende agilizar la Justicia para mejorar la lucha contra la corrupción. La iniciativa, sin embargo, es inocua y llegará al Parlamento sin apenas tiempo para ser debatida y aprobada, lo que permite pensar que su objetivo es distinto al proclamado.

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante una reciente visita oficial a Badajos. / (Foto: EFE)

Quiere la reforma de la LECrim impulsada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, acabar con los sumarios interminables. Para ello, elimina el inoperante plazo de un mes que la actual ley fija para concluir un proceso y lo sustituye por otro “más realista” de seis meses, prorrogables a 18 en el caso de investigaciones complejas.

Un férreo sistema de plazos no sólo no agiliza el proceso sino que puede colapsar los sumarios y hacer inviable la investigación de delitos complejos. Consciente de ello, y para evitar cualquier suspicacia, el propio ministro ha enfatizado que no son plazos rígidos e incluso el de 18 meses debe manejarse “con flexibilidad” y podrá ser prorrogado “de manera indefinida” cuando sea necesario.

Es decir, el mecanismo de los plazos no va a ser operativo. De lo contrario sería imposible investigar episodios como el caso Gürtel, una investigación iniciada en 2008 que ha estado en manos de cuatro jueces (el quinto llegará en unas semanas) y ha pasado por tres tribunales distintos. Sigue leyendo

Medidas excepcionales contra el soberanismo catalán

Dice el refrán popular que “a grandes males, grandes remedios”. Así ocurre en la dura pugna que mantiene el Estado -a través de sus principales instituciones- con el soberanismo catalán que impulsa desde la Generalitat su presidente, Artur Mas. En este caso, los remedios más que grandes son extraordinarios, lo que da cuenta de la magnitud del desafío y del empeño puesto en frenarlo. Lo que queda por dilucidar, el tiempo dirá, es si el recurso a medidas excepcionales no generará consecuencias contraproducentes. Mientras tanto, el independentismo catalán pierde 2-0. Sigue leyendo

El nuevo y deficiente modelo de Poder Judicial

Apenas cumplido el primer año de vida en su actual mandato, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) atraviesa ya una soterrada crisis interna de importancia. En apariencia el conflicto radica en la renovación de la Comisión Permanente, pero tiene más que ver con un nuevo modelo de funcionamiento que no ha tardado en mostrar todas sus deficiencias.

Hace ahora un año, el Pleno del consejo aprobó por unanimidad la composición de la Permanente, órgano de gobierno interno de la institución. El pasado jueves, su renovación (con el cambio obligado por la dimisión de la vocal catalana Mercè Pigem) sólo consiguió catorce apoyos, mientras siete vocales votaron en contra. Todo un síntoma.

El presidente  del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales que conforman el actual mandato.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales que forman el actual Pleno.

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La Justicia se autoindemniza

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de la Audiencia Nacional ha reconocido a un compañero de tribunal, Eloy Velasco, juez central de Instrucción 6 de ese mismo órgano, el derecho a percibir una indemnización de 7.200 porque tras sus últimas 36 guardias de ocho días de duración cada una no pudo disfrutar de una sola hora de descanso. Una guardia judicial de ocho días de duración es complicada; no poder descansar cuando termina es duro; que eso se repita 36 veces seguidas es una aberración, y que el afectado tenga que recurrir por ello a los tribunales tiene un punto de astracanada. Y el conjunto es un claro síntoma de la necrosis que padece el tejido judicial español.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco

El caso del juez Velasco es mucho más habitual de lo que puede parecer. Este mismo jueves, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 4 de la Audiencia Nacional ha condenado al Estado a indemnizar con 6.600 euros al juez de Instrucción 3 de Granollers que entre marzo de 2011 y octubre de 2013 realizó 33 guardias semanales sin poder disfrutar del correspondiente día de descanso. Sigue leyendo

Una Justicia demasiado cara

El Estado ha recaudado, entre el 17 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2014, 512.468.000 euros en concepto de tasas judiciales. Hay otra forma de presentarlo: los ciudadanos han tenido que desembolsar más de 512 millones de euros para acceder a la Justicia desde que entró en vigor la Ley 10/2012 que impulsó el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón. El dato ha podido conocerse gracias a una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno a una pregunta formulada a finales del pasado año por un diputado socialista. El ministerio no facilita ninguna otra información al respecto.

El exministro de Justicia al término de un Consejo de Ministros.

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón al término de un Consejo de Ministros

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El Supremo da la espalda a Europa

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, tras cuatro horas de debate y una disputada votación, optó ayer martes por dar la espalda a Europa. Lo hizo para evitar que un nuevo paso adelante dado en la construcción del denominado espacio judicial europeo se tradujese en un goteo de excarcelaciones de etarras que cumplen largas condenas por graves crímenes. Es una apuesta arriesgada: que asesinos como Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, salgan de prisión antes de lo previsto es una mala noticia, pero la posibilidad de que pueda volver a ocurrir en un futuro cercano si los tribunales europeos desautorizan el criterio de la máxima instancia judicial española lo es aún peor.

Fachada principal del palacio que es sede del Tribunal Supremo

Fachada principal del palacio que es sede del Tribunal Supremo

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