La forzada renuncia de Torres-Dulce

A veces no es fácil el ejercicio periodístico. Coinciden hoy casi todos los medios de comunicación en que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, presentó este jueves su dimisión por la falta de sintonía (versión amable), cuando no por su abierto enfrentamiento (versión más dura), con el Gobierno. Pero casi ninguno de ellos repara en que esa explicación, en cualquiera de las dos interpretaciones, no justifica una renuncia de este tipo. En realidad, el jefe del Ministerio Fiscal abandona forzado por un Ejecutivo que busca un respiro en el frente judicial ante un año tan electoral como 2015.

Eduardo Torres-Dulce, ex fiscal general del Estado.

Eduardo Torres-Dulce, ex fiscal general del Estado.

Muchas crónicas equiparan la dimisión de Torres-Dulce al caso de Juan Ortiz, defenestrado en mayo de 1997 por el Gobierno de José María Aznar por su incapacidad para atajar la rebelión de los fiscales de la Audiencia Nacional. En realidad, habría que retrotraerse a 1992, cuando el Ejecutivo de Felipe González acabó con Leopoldo Torres porque cometió el error de alinearse con el Consejo Fiscal y reclamar más medios y mayor autonomía para el Ministerio Fiscal. Lo que demostraría que el problema no es la actuación de determinado partido político, sino que radica en un modelo que requiere una revisión a fondo. Misión que debería acometer un Parlamento controlado por las formaciones políticas que más se benefician del actual estado de cosas, por lo que no es previsible que busquen soluciones a corto plazo.

Las desavenencias de Torres-Dulce con el Ejecutivo de Mariano Rajoy llegaron pronto, y en manada: innumerables dirigentes del PP y varios ministros le reprocharon su supuesta tibieza ante los escraches que llegaron hasta las puertas de la casa de la mismísima vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, o ante las manifestaciones que por sistema acababan en disturbios a las puertas de instituciones del Estado como el Congreso.

Al anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, nunca le hicieron gracia las duras críticas del fiscal general a sus iniciativas legislativas, y el propio presidente del Gobierno le hizo llegar el malestar que le provocaban sus reiteradas quejas por la falta de medios y de una legislación adecuada para luchar contra la corrupción. Por no mencionar su indisimulado empeño en proteger la autonomía de actuación del Ministerio Público.

Por esos derroteros circulaba la relación entre el fiscal general y el Gobierno cuando aparecieron los papeles de Bárcenas. Torres-Dulce no hizo nada por frenar a la Fiscalía Anticorrupción, que en contra del deseo del Ejecutivo dio carta de naturaleza a aquellas fotocopias de manuscritos y reclamó el ingreso en prisión del extesorero del PP (“Luis, sé fuerte”). Aquel fue el origen de actuales lodazales como el que enfanga al PP y a la exministra Ana Mato, señalados por el juez Pablo Ruz como partícipes a título lucrativo de las tropelías de la red Gürtel. Interrogado por la prensa, Torres-Dulce no dudó en asegurar que comparte el criterio del magistrado de la Audiencia Nacional.

Rotos todos los puentes, el constante desacuerdo con el Ejecutivo adquirió su máxima crudeza con el 9-N. Primero, porque la Fiscalía no movió un dedo para impedir el simulacro de consulta soberanista celebrado ese domingo en Cataluña; después, porque el ya ex fiscal general no supo sujetar a sus subordinados catalanes, que se negaron a presentar una querella que llegó al Tribunal Superior de Justicia catalán por orden suya diez días tarde para los deseos de Rajoy.

El pasado 26 de noviembre, Torres-Dulce acudió al Congreso para dar cuenta de la actuación de la Fiscalía General a lo largo de 2013 y esculpió la lápida de su propia tumba: “No se me puede decir que sea un fiscal proclive al Gobierno cuando investigo a Bárcenas y solicito prisión para él (…). No he tolerado nunca que el Gobierno me diga lo que tengo que hacer, porque sería delito“.

Consciente desde el primero momento de la situación, la pasada primavera Torres-Dulce maniobró para buscarse una salida digna y se postuló para ocupar la plaza que en el Tribunal Constitucional dejó vacante la embriaguez del magistrado Enrique López. La respuesta del Gobierno fue demoledora: eligió para el puesto a su segundo, Antonio Narváez, a la sazón fiscal de Sala jefe del Tribunal Supremo, sin que el fiscal general supiera nada hasta que la noticia saltó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 7 de julio.

Horas de vértigo

¿Cómo se fuerza la dimisión de un fiscal general? Como el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) impide al Gobierno cesarlo por las buenas, hay que recurrir a un trabajo sutil y sistemático con gestos como el anterior. No era la primera vez que le ocurría a Torres-Dulce algo parecido: Justicia nombró a la fiscal Teresa Gálvez corresponsal de España en Eurojust sin consultarle, aunque el ministro Ruiz-Gallardón tuvo la cortesía de comunicárselo antes de hacer pública la designación.

Rafael Catalá,ministro de Justicia.

Rafael Catalá,ministro de Justicia.

Pese a las abiertas y públicas discrepancias que mantuvieron el anterior ministro de Justicia y Torres-Dulce, aquél ejerció siempre de parapeto frente a cualquier intento de presión sobre el fiscal general y todavía hoy su relación puede ser definida como de amistad. Pero el presidente Rajoy se desprendió de Ruiz-Gallardón en septiembre, y el último dique de protección cayó, como pudo comprobar Torres-Dulce en el único encuentro que ha mantenido con Rafael Catalá. Fue dentro de la ronda de visitas protocolarias tras su tras su nombramiento como nuevo titular de Justicia, que aprovechó para dejarle claro que el Gobierno le quería fuera del cargo e incluso ya le buscaban sustituto.

¿Por qué ahora? Como Torres-Dulce no ha querido dar más explicaciones, sus más estrechos colaboradores manejan una hipótesis para poder entender lo sucedido en las últimas 72 horas de vértigo. El próximo lunes 22, el pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debate la admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía contra Artur Mas y tres de sus consejeros por el 9-N. Las probabilidades de que sea rechazada, según fuentes judiciales, son altas, y el fiscal general no quería dejar la gestión de esa derrota a un sucesor.

Pero el pasado miércoles, el Consejo Fiscal se rompió en dos bloques a la hora de apoyar candidatos para dos puestos claves en el Ministerio Fiscal: el jefe de la Inspección, número 3 en la cadena de mando de la Fiscalía, y el jefe del Tribunal Constitucional. Torres-Dulce constató que era imposible un mínimo consenso, sacó el asunto del orden del día y prefirió consultar antes si la propuesta de nombramientos que él realizase sería ratificada por el Consejo de Ministros. Al parecer, la respuesta que recibió fue negativa. Torres-Dulce supo entonces que su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado había llegado a su fin con el mismo recurso de cualquier guion cinematográfico: fundido a negro.

En 2007, diversos sectores arrancaron al Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero una reforma del EOMF que fijaba un mandato de cuatro años para el fiscal general, con la intención de que, durante ese lapso, su nombramiento fuese intocable. Aquel intento acaba de saltar por los aires. Con su salida de la Fiscalía General del Estado y la reciente maniobra del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para apartar al magistrado Ruz de la Audiencia Nacional, el Gobierno puede haber debilitado el frente judicial que amenazaba con complicarle en demasía el año electoral que se nos avecina. Al final, resulta que el plan de Rajoy contra la corrupción era esto. Mensaje recibido.

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