El asalto al Registro Civil

AVISO: Este artículo fue publicado el pasado lunes 13 de marzo en El Faro de Temis, blog alojado en cuartopoder.es

El Registro Civil quedará privatizado el próximo 22 de julio. Ese es uno de los pocos datos que se puede afirmar con cierta firmeza de un proceso que el Gobierno ha convertido en un galimatías jurídico-administrativo y que ha rodeado de un halo de oscurantismo que ha alimentado las peores sospechas. Aún quedan muchas incógnitas por desvelar, pero ese día entra en vigor una ley que entrega a los registradores de la propiedad y mercantiles la gestión del archivo que almacena los datos personales de los españoles; es algo que ya no pueden evitar ni las manifestaciones celebradas este pasado sábado en varias ciudades españolas ni algunas iniciativas parlamentarias que, a la desesperada, impulsan grupos minoritarios.

Trabajadores del Registro Civil protestan en Madrid contra la privatización del organismo. / Emilio Naranjo (Efe)

Trabajadores del Registro Civil protestan en Madrid contra la privatización del organismo. / Emilio Naranjo (Efe)

El Registro Civil es un servicio público servido por funcionarios de Justicia especializados, unos 3.500 repartidos en los 431 registros civiles principales, en el central y en distintos municipios. Desde 1896, todas sus actuaciones son gratuitas para los usuarios. La ley que regula su funcionamiento permanecía inalterada desde 1957 hasta que, en 2011, una reforma impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero modificó su gestión para dar entrada a las administraciones autonómicas. Aquella norma, aprobada por todos los grupos parlamentarios incluido el PP, nació con una vacatio legis de cuatro años aprovechada por el actual Ejecutivo de Mariano Rajoy para desvirtuarla y favorecer la privatización del servicio.

¿Por qué? Las explicaciones del Gobierno han sido las habituales: aliviar la carga de trabajo de los juzgados, reducir el gasto público… En realidad, todo indica que en este caso se ha producido una corruptela conocida como captura del regulador: los Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles se hacen con la gestión del Registro Civil -y con los pingües beneficios que generará- porque así lo ha decidido un Gobierno cuyo presidente es registrador, así como dos de sus hermanos. También lo son un cuñado y una nuera del anterior ministro de Justicia, impulsor de la privatización, así como los anteriores  responsables de la Dirección General de los Registros y del Notariado y los tres asesores jurídicos contratados por el departamento para el desarrollo de los proyectos.

La crisis económica no ha dejado sector sin su correspondiente cicatriz. El estallido de la burbuja inmobiliaria provocó, entre otras muchas consecuencias, una brutal caída de las inscripciones registrales. La destrucción del tejido empresarial tuvo similares efectos en el Registro Mercantil. El negocio de los registradores se resintió y todo indica que al rescate ha llegado un Gobierno en el que disfrutan de una muy cualificada representación.

El exministro Alberto Ruiz-Gallardón presentó en 2012 un anteproyecto de reforma integral de los registros que facilitaba su externalización, según el eufemismo entonces de moda. La oposición que desató ese anuncio frenó las ansias privatizadoras, pero sólo de momento. En julio de 2014, en plena vorágine por la abdicación del Rey Juan Carlos y el inicio del periodo estival de vacaciones, el Gobierno aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, una norma ómnibus que incluyó asuntos tan dispares como la reforma de la legislación hipotecaria anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la celebración del CXX aniversario de la primera exposición de Picasso o la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles.

¿Por qué a ese cuerpo y no a los notarios o a los secretaros judiciales? Nadie ha dado explicaciones. El recurso al real decreto impidió recabar los informes previos del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado o el Consejo General del Notariado, entre otras instituciones, y permitió a Justicia obviar la elaboración de la correspondiente memoria que justifica, desde el punto de vista legal y el económico, la necesidad de la reforma acometida.

Por si quedaba alguna duda, en la posterior tramitación parlamentaria del real decreto, en forma ya de contrarreforma de la ley de 2011, el propio PP presentó una amplia batería de enmiendas en un documento en el que olvidó eliminar el rastro de quienes parecen ser los autores o supervisores del texto, los expertos jurídicos del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y de la Propiedad (Aquí, las enmiendas PP a la reforma del Registro Civil. En azul, los párrafos que permiten atribuir su autoría al Colegio de Registradores).

¿Quién paga?

El pasado sábado, mientras los funcionarios del Registro Civil y sus familias se movilizaban, el Ministerio de Justicia distribuyó un comunicado con declaraciones de su actual titular, Rafael Catalá, en las que insistió en que el proceso se conduce “con todo el apoyo de la ley” con el objetivo de asegurar que el servicio se mantenga “público y gratuito“.

Mariano Rajoy

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es titular del Registro de la Propiedad de Santa Pola (Alicante) en situación de servicios especiales. / Efe

Va a ser muy difícil. Que el futuro Registro Civil va a seguir siendo público es una verdad a medias, lo que en ocasiones es la peor de las mentiras. Los registradores mercantiles y de la propiedad acceden al puesto mediante oposición, pero una vez conseguida la plaza operan con interés privado, en régimen de monopolio y sin competencia entre ellos, con sujeción al IVA y mediante arancel, un precio regulado cuyos beneficios revierten en el bolsillo del registrador, no en el erario público. El Tribunal de Justicia de la UE ya ha sentenciado en varias ocasiones que no pueden ser considerados funcionarios públicos.

Los trabajadores contratados por los registradores tampoco son empleados públicos. Por eso la Plataforma de Funcionarios de los Registros Civiles y la mayoría de los sindicatos con representación en la Administración de Justicia convocaron el pasado sábado la marea amarilla contra su privatización. Catalá también ha insistido en que la modificación del Registro Civil no supondrá destrucción de empleo público porque los funcionarios serán recolocados de manera paulatina, pero éstos no se fían.

El nuevo registro tampoco será gratuito para los usuarios. Pese a las proclamas del ministro de Justicia, los registradores mercantiles y de la propiedad viven de los aranceles que cobran por sus certificaciones e inscripciones, y también cobrarán por sus nuevas funciones de Registro Civil. De hecho, en muchas oficinas de registradores se calculan ya las futuras tarifas: 250 euros por una boda civil, 100 por un expediente de nacionalidad, 20 por una partida de nacimiento, 40 por un certificado de defunción, 300 por la creación de una comunidad de vecinos o 30 por un cambio de nombre.

Además, las reformas presentadas por el PP han aumentado los hechos inscribibles obligatorios, lo que incrementará la recaudación. Sotto voce, algunos registradores calculan que la gestión del Registro Civil puede reportarles unos beneficios anuales cercanos a los 180 millones de euros.

También pagarán los ciudadanos vía impuestos. De momento, los registradores recibirán un Registro Civil en el que Justicia ha invertido en los últimos cuatro años 130 millones de euros en labores de digitalización de los documentos almacenados y de mejora de la aplicación informática Inforeg usada para gestionarlos.

La pasada semana, el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles recibió un aporte de cuatro millones de euros para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia. Según responsables del ministerio, los legajos sufrían un fuerte retraso desde el último proceso de regularización aprobado por el anterior Ejecutivo socialista. Pero los sindicatos denuncian que esa demora ha sido ha sido forzada para justificar ahora un desembolso que en realidad no es más que un “anticipo” por la futura gestión del Registro Civil.

Todo parece apuntar que se trata de un nuevo proceso externalizador implementado para facilitar el lucro de intereses privados, en este caso muy cercanos al Gobierno, a costa del contribuyente. En la mayoría de los países de la UE, donde la función registral es pública y gratuita o está sometida a tasas que revierten a las arcas del Estado, la maniobra hubiese provocado un fuerte escándalo, pero en muchos aspectos España sigue siendo diferente.

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