El Estado ha recaudado, entre el 17 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2014, 512.468.000 euros en concepto de tasas judiciales. Hay otra forma de presentarlo: los ciudadanos han tenido que desembolsar más de 512 millones de euros para acceder a la Justicia desde que entró en vigor la Ley 10/2012 que impulsó el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón. El dato ha podido conocerse gracias a una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno a una pregunta formulada a finales del pasado año por un diputado socialista. El ministerio no facilita ninguna otra información al respecto.

Por si a alguien le interesa una mayor precisión, en diciembre de 2012 la recaudación fue de 8.775.000 euros; en 2013 ascendió a 316.536.000 euros, y entre enero y julio de 2014 se recaudaron 187.157.000 euros. Como curiosidad, el 27,23 por ciento del total (139.544.000 euros) procede de las tasas judiciales abonadas por los residentes en la Comunidad de Madrid.

Son cifras ciertas, pero no exactas. Las tasas judiciales las implantó un Gobierno del Partido Popular, pero no el actual, sino el que presidió José María Aznar. Lo hizo mediante la Ley 53/2002, cuyo artículo 35 creó la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional en las jurisdicciones Civil y Contencioso-Administrativo. Algo que pasó casi inadvertido porque el apartado 3 de aquel punto eximió del pago, entre otros supuestos, a las personas físicas y a las pymes, lo que reservó el impuesto especial para las grandes empresas.

Lo que hizo Ruiz-Gallardón fue ampliar el pago de las tasas a todos los ciudadanos y elevar su coste entre 50 y 750 euros, lo que las situó en un abanico de entre 200 y 2.000 euros. Además, extendió su aplicación a la jurisdicción de lo Social, aberración que poco después corrigió en parte y a su manera el propio Supremo.

Es decir, la ley de 2012 ha proporcionado al Estado la diferencia entre lo efectivamente recaudado desde que entró en vigor y lo que ya ingresaban las arcas públicas gracias a la norma vigente desde 2002. Tampoco en este punto hay datos oficiales. Algún voluntario se ha dedicado a comparar las recaudaciones anteriores y posteriores al ‘tasazo’ de Ruiz-Gallardón y ha llegado a la conclusión de que el efecto real de su iniciativa se traduce en unos 200 millones de euros. Ese sería el coste repercutido sobre los ciudadanos que entre diciembre de 2012 y julio de 2014 han acudido a los tribunales en defensa de sus derechos.

Sigue siendo mucho dinero. Los ciudadanos ahora padecen una Justicia lenta, ineficaz y además muy cara. En cambio, las tasas ingresan en la Hacienda pública una cifra despreciable para el presupuesto del Ministerio de Justicia. Así que la ecuación se despeja con un absurdo: el empeño de Ruiz-Gallardón es un instrumento impositivo que no genera beneficio suficiente a cambio de un perjuicio que repercute sobre un amplio espectro de la población.

Perjudica al ciudadano

Los responsables del departamento de Estadística del Consejo General del Poder Judicial explican que es imposible evaluar el número de ciudadanos que han renunciado a acudir a los tribunales por culpa de las tasas judiciales. Los informes de 2013 recogen que la litigiosidad descendió un 15,5 por ciento en lo Contencioso-Administrativo y un 9,3 por ciento en lo Civil, pero también retrocedió un 2 por ciento en la jurisdicción Penal, en la que no ha tasas. En cambio, aumentó un 2,1 por ciento en lo Social, donde sí las hay.

Es cierto que no hay un censo de los miles de litigantes que han renunciado a hacerlo por el coste del impuesto. Pero sí hay algo más grave: un descomunal catálogo de lo gravoso que ahora supone para el ciudadano medio el acceso a la Justicia. La panoplia de ejemplos es inagotable. Un accidentado que quiera recurrir al Supremo la cuantía de la indemnización que le ha sido concedida deberá adelantar 1.200 euros en concepto de tasa. El recurso ante la audiencia del cónyuge en desacuerdo con la resolución del divorcio no amistoso puede ponerse en 1.800. Las multas que imponen las delegaciones del Gobierno a quienes participan en protestas callejeras oscilan entre los 500 y los 1.000 euros, mientras el correspondiente recurso cuesta 200. Conviene recordar que el salario mínimo está fijado para 2015 en 648,6 euros.

Hay situaciones sangrantes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha habilitado a los jueces españoles para que anulen cuanta cláusula abusiva detecten en los contratos hipotecarios, en vista de que no hay manera de que el Legislativo lo haga por ley. El Supremo ha revocado miles de cláusula-suelo de hipotecas comercializadas por entidades como el BBVA, Cajamar, NovaGalicia Banco o Caja Segovia (hoy Bankia). Pero el PP ha impedido que el Parlamento legisle la desaparición de estas claúsulas, lo que condena a todos los miles de afectados a seguir recurriendo a los tribunales. Y eso tiene un precio: 318 euros para poner en marcha el proceso en primera instancia, 818 para recurrir en apelación.

¿Dónde está el dinero?

No hay que olvidar que el exministro Ruiz-Gallardón amplió la imposición de tasas judiciales a las personas físicas cuando en el horizonte ya se vislumbraba el aluvión de reclamaciones provocadas por la estafa de las acciones preferentes de las cajas de ahorros, por una legislación hipotecaria perjudicial para el ciudadano (Luxemburgo dixit) o por una reforma laboral que facilitó el despido hasta extremos impensables. De ahí la sospecha de que su objetivo nunca fue recaudatorio, sino disuasorio.

Otro factor que alimenta esta sospecha es el incumplimiento de las promesas que el exministro repitió hasta la saciedad en defensa de su ley: la recaudación procedente de las tasas judiciales serviría para dotar de mayores recursos a la administración de Justicia y reforzar la asistencia jurídica gratuita.

No ha sido así. No consta que ni un solo euro recaudado mediante las tasas haya revertido en más o mejores medios al servicio de juzgados y tribunales colapsados que ya están fijando juicios para 2019. Tampoco ha reforzado la justicia gratuita, que el Gobierno trata de reducir por ley. Las diez comunidades autónomas que sufragan el funcionamiento de este servicio en su territorio han reclamado su parte del pastel tributario, pero no han visto un céntimo. La flamante Ley de Transparencia todavía no ampara a quienes quieren conocer el destino de lo recaudado, y ya hay quien empieza a preguntarse dónde está el dinero de las quinielas.

Es un asunto que apenas ocupa a los medios de comunicación, más preocupados por las cuitas procesales de la Infanta Cristina o las andanzas carcelarias de Luis Barcenas. Sólo la brigada tuitera  ha logrado hacer el ruido suficiente para que el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, se haya visto obligado a anunciar un “revisión” del modelo. No habrá derogación en ningún caso ni cambios “que impliquen una rebaja en la recaudación”, precisa en todo momento. Así que, por esta vía, poco que esperar. Tampoco por la del Tribunal Constitucional, que no parece tener prisa por abordar los recursos pendientes.

Todo indica que las tasas han llegado para quedarse y encarecer una Justicia que ofrece a los ciudadanos un servicio cada día más deficiente.