El Constitucional se alía con el Gobierno contra la ley antidesahucios de Andalucía

AVISO: Este artículo fue publicado el pasado 27 de mayo en El Faro de Temis, blog del autor alojado en la web cuartopoder.es

El pleno del Tribunal Constitucional ha anulado el punto clave de la conocida como ‘ley antidesahucios’ de la Junta de Andalucía, el que permitía la expropiación de viviendas vacías en poder de los bancos y sociedades inmobiliarias para ponerlas a disposición de familias desahuciadas en riesgo de exclusión social. El acuerdo, adoptado por mayoría, no considera que esa norma sea ilegal, pero sí “incompatible” con la política diseñada por el Gobierno para sanear el sistema financiero. Cuatro magistrados han expresado su discrepancia en votos particulares en los que incluyen su preocupación por la deriva recentralizadora por la que navega la institución y que provoca “una grave erosión y distorsión del sistema de distribución competencial” que rige el modelo autonómico.

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El Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda apoyó en la calle la iniciativa de la Junta de Andalucía. / Efe

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Medidas excepcionales contra el soberanismo catalán

Dice el refrán popular que “a grandes males, grandes remedios”. Así ocurre en la dura pugna que mantiene el Estado -a través de sus principales instituciones- con el soberanismo catalán que impulsa desde la Generalitat su presidente, Artur Mas. En este caso, los remedios más que grandes son extraordinarios, lo que da cuenta de la magnitud del desafío y del empeño puesto en frenarlo. Lo que queda por dilucidar, el tiempo dirá, es si el recurso a medidas excepcionales no generará consecuencias contraproducentes. Mientras tanto, el independentismo catalán pierde 2-0. Sigue leyendo

Una Justicia demasiado cara

El Estado ha recaudado, entre el 17 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2014, 512.468.000 euros en concepto de tasas judiciales. Hay otra forma de presentarlo: los ciudadanos han tenido que desembolsar más de 512 millones de euros para acceder a la Justicia desde que entró en vigor la Ley 10/2012 que impulsó el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón. El dato ha podido conocerse gracias a una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno a una pregunta formulada a finales del pasado año por un diputado socialista. El ministerio no facilita ninguna otra información al respecto.

El exministro de Justicia al término de un Consejo de Ministros.

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón al término de un Consejo de Ministros

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La compleja desobediencia catalana

La admisión a trámite el pasado diciembre de la querella ordenada por el anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau provocó una oleada de alivio por el éxito de una complicada iniciativa y rebajó las tensiones provocadas en la propia Fiscalía, cuya crisis interna puso en duda la viabilidad de la iniciativa. La decisión del pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fue además unánime. Pero en Derecho no hay papel que no tenga su correspondiente doblez y la lectura de la resolución, conocida hace unos días, ha vuelto a disparar las alarmas de quienes vieron en la intervención judicial la única forma de cauterizar la herida abierta el 9-N.

Fachada principal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Fachada principal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Para admitir una querella, el juez o tribunal suele limitarse a comprobar que cumple los requisitos formales que exige la ley y, en caso afirmativo, realiza una primera calificación jurídica de los hechos denunciados. Pero el tribunal catalán ha ido más lejos: ha desbrozado con finura el enmarañado relato de hechos elaborado por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada. Y, en vez de despejar el camino, lo ha dejado sembrado de obstáculos.

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El Supremo da la espalda a Europa

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, tras cuatro horas de debate y una disputada votación, optó ayer martes por dar la espalda a Europa. Lo hizo para evitar que un nuevo paso adelante dado en la construcción del denominado espacio judicial europeo se tradujese en un goteo de excarcelaciones de etarras que cumplen largas condenas por graves crímenes. Es una apuesta arriesgada: que asesinos como Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, salgan de prisión antes de lo previsto es una mala noticia, pero la posibilidad de que pueda volver a ocurrir en un futuro cercano si los tribunales europeos desautorizan el criterio de la máxima instancia judicial española lo es aún peor.

Fachada principal del palacio que es sede del Tribunal Supremo

Fachada principal del palacio que es sede del Tribunal Supremo

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La arriesgada querella del fiscal contra Mas

Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado.

Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado.

La judicialización de la política y la politización de la justicia, esas dos rémoras que debilitan la credibilidad de la Justicia española, son las dos caras de una misma moneda. Se trata de un fenómeno retroalimentado en virtud del cual las fuerzas políticas llevan a los tribunales aquellas batallas que no aceptan haber perdido en el terreno del debate parlamentario o público; precisamente por eso, esas mismas fuerzas políticas se afanan en controlar la administración judicial en un intento de asegurarse los triunfos que no han sido capaces de lograr con su acción política.

Esa maraña de intereses cruzados es la que enrarece el clima en el que se ha gestado la querella del Ministerio Fiscal contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros miembros de su gobierno por el simulacro de consulta celebrado el pasado 9 de noviembre en Cataluña. Habrá que leer con cuidado el texto de la misma una vez se presente en sede judicial, pero hasta ese momento ya puede asegurarse que se trata de una iniciativa que empieza mal, por lo que es muy difícil que acabe bien. Sigue leyendo

El enredo del aborto

Parece que no habrá nueva Ley del Aborto. Según una información del diario El Mundo que todos los medios de comunicación han dado por buena sin que nadie haya salido a desmentirla, el Gobierno ha desistido en su pretensión de sustituir la actual regulación en la materia por otra que estaba llamada a convertirse en la más restrictiva de la etapa democrática. Hasta el principal derrotado por el anuncio, el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, ha evitado corregir el entuerto y, hoy mismo,  se ha limitado a señalar que, en estos momentos, la prioridad del Ejecutivo al que pertenece, y también la suya, es hacer frente al proceso secesionista catalán. Después, ya veremos.

El ministro de Justicia, al término de un anterior Consejo de Ministros.

El ministro de Justicia, al término de un anterior Consejo de Ministros.

Así que parece que la situación es la siguiente: tras casi tres años de generar una importante oposición política incluidas importantes voces del propio Partido Popular, y de crear una peliaguda polémica social que ha generado agrios debates dentro y fuera de España, el Gobierno parece haber rectificado ahora convencido de que se trata de una iniciativa inoportuna ahora que se abre un larguísimo y convulso periodo electoral. Sigue leyendo