La admisión a trámite el pasado diciembre de la querella ordenada por el anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau provocó una oleada de alivio por el éxito de una complicada iniciativa y rebajó las tensiones provocadas en la propia Fiscalía, cuya crisis interna puso en duda la viabilidad de la iniciativa. La decisión del pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fue además unánime. Pero en Derecho no hay papel que no tenga su correspondiente doblez y la lectura de la resolución, conocida hace unos días, ha vuelto a disparar las alarmas de quienes vieron en la intervención judicial la única forma de cauterizar la herida abierta el 9-N.

Fachada principal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Para admitir una querella, el juez o tribunal suele limitarse a comprobar que cumple los requisitos formales que exige la ley y, en caso afirmativo, realiza una primera calificación jurídica de los hechos denunciados. Pero el tribunal catalán ha ido más lejos: ha desbrozado con finura el enmarañado relato de hechos elaborado por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada. Y, en vez de despejar el camino, lo ha dejado sembrado de obstáculos.

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