La lucha contra la violencia de género se debilita

AVISO: Este artículo se publicó el pasado 1 de junio en El Faro de Temis, blog del autor alojado en la web cuartopoder.es

Todo el personal del Sistema Nacional de Salud sabe que no se puede bajar la guardia contra el virus de la gripe porque siempre vuelve. Algo que también deberían saber todos aquellos implicados en la lucha contra la violencia de género, que parece haber perdido impulso y compromiso frente a una lacra que no cesa. Sólo así se explica la ceremonia de confusión en la que se han embarcado distintas instancias salpicadas por el asesinato de Isabel Fuentes Fernández, más preocupadas por endosar culpabilidades al contrario y eludir cualquier responsabilidad que en detectar y corregir la deficiencia que ha impedido evitar la primera muerte por violencia de género de 2015 en Galicia.

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Acto convocado el pasado sábado por ‘Free Yoga’ en la Plaza Mayor de Madrid contra la violencia de género dentro de la campaña ‘Hay salida’. / Emilio Naranjo (Efe)

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La Justicia española no da la talla en Europa

AVISO: Comentario publicado el pasado lunes 16 de marzo en El Faro de Temis, blog del autor alojado en Cuarto Poder.

 

La Justicia española es poco eficiente, de escasa calidad y una de las menos independientes de Europa. Es un preocupante dibujo realizado con los trazos que ofrece el Cuadro de Indicadores de la Justicia en la Unión Europea correspondiente a 2015, dado a conocer la pasada semana por la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad, Vera Jourova.

Vera Jourova, comisaria de Justicia de la UE

Vera Jourova, comisaria de Justicia de la UE, durante la presentación del Cuadro de Indicadores de la Justicia 2015. / Julien Warnand (Efe)

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Enmienda a la totalidad a Ruiz-Gallardón

Tomo prestado el título de este comentario de la periodista Sonia Sánchez, de la Cadena SER, porque resume a la perfección lo que ha supuesto el círculo que en estos días cierra el Gobierno presidido por Mariano Rajoy: casi toda la obra de su primer ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido revisada, corregida y en su mayoría anulada. Es un hecho insólito en democracia: acostumbrados estamos a que los gobiernos de turno incumplan sus programas electorales, pero nunca antes se había producido una rectificación de este calado excepto, salvando las distancias, el famoso cambio de criterio del Gobierno de Felipe González respecto a la pertenencia de España a la OTAN.

Rafael Catalá (iqda) conversa con su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que acudió a la  ceremonia de traspaso de poderes en el Ministerio de Justicia.

Rafael Catalá (iqda) conversa con su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que acudió a la ceremonia de traspaso de poderes en el Ministerio de Justicia.

Ha sido, por tanto, una legislatura perdida para la administración de Justicia, que no es lo mismo que una legislatura en blanco, porque tres años y medio después los juzgados y tribunales están en peor situación de lo que estaban cuando el PP ganó las elecciones  y Rajoy pasó a ocupar La Moncloa. Sigue leyendo

Medidas excepcionales contra el soberanismo catalán

Dice el refrán popular que “a grandes males, grandes remedios”. Así ocurre en la dura pugna que mantiene el Estado -a través de sus principales instituciones- con el soberanismo catalán que impulsa desde la Generalitat su presidente, Artur Mas. En este caso, los remedios más que grandes son extraordinarios, lo que da cuenta de la magnitud del desafío y del empeño puesto en frenarlo. Lo que queda por dilucidar, el tiempo dirá, es si el recurso a medidas excepcionales no generará consecuencias contraproducentes. Mientras tanto, el independentismo catalán pierde 2-0. Sigue leyendo

¿Una Justicia cibernética?

Una encuesta de urgencia y en absoluto científica concluye que una de las quejas que con más frecuencia elevan a sus correspondientes tribunales superiores los jueces decanos es el pésimo estado de las instalaciones que albergan las sedes judiciales. Las goteras que arruinan los archivos, la calefacción que deja de funcionar siempre que arrecia el temporal o ese sistema informático abonado al cuelgue que mantiene en jaque al servicio común de notificaciones y embargos son ya tan habituales que han dejado de ser noticia.

Ese es el estado de la administración judicial española. Por eso me llama la atención que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya premiado en su más reciente edición de los galardones Calidad de la Justicia un proyecto que parece casi de ciencia-ficción. Es la propuesta Arconte-SHS para el control de acceso y presencia en los edificios judiciales de Fujitsu, uno de los principales proveedores tecnológicos del Poder Judicial.

Asegura la firma nipona que Arconte-SHS es un sistema de identificación de personas mediante la captura y archivo de la imagen escaneada del patrón de las venas de la mano, que al parecer es único para cada persona. El sensor usa “rayos casi infrarrojos”, según la información oficial del producto, que detectan la sangre ya sin oxígeno que circula por las venas; la imagen resultante se archiva codificada en una base de datos. Al tratarse de información que está en el interior del cuerpo no puede ser falsificada para una suplantación de identidad, algo que sí es posible en los sistemas que utilizan la huella dactilar o el iris del ojo. Sigue leyendo

El nuevo y deficiente modelo de Poder Judicial

Apenas cumplido el primer año de vida en su actual mandato, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) atraviesa ya una soterrada crisis interna de importancia. En apariencia el conflicto radica en la renovación de la Comisión Permanente, pero tiene más que ver con un nuevo modelo de funcionamiento que no ha tardado en mostrar todas sus deficiencias.

Hace ahora un año, el Pleno del consejo aprobó por unanimidad la composición de la Permanente, órgano de gobierno interno de la institución. El pasado jueves, su renovación (con el cambio obligado por la dimisión de la vocal catalana Mercè Pigem) sólo consiguió catorce apoyos, mientras siete vocales votaron en contra. Todo un síntoma.

El presidente  del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales que conforman el actual mandato.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales que forman el actual Pleno.

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La Justicia se autoindemniza

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de la Audiencia Nacional ha reconocido a un compañero de tribunal, Eloy Velasco, juez central de Instrucción 6 de ese mismo órgano, el derecho a percibir una indemnización de 7.200 porque tras sus últimas 36 guardias de ocho días de duración cada una no pudo disfrutar de una sola hora de descanso. Una guardia judicial de ocho días de duración es complicada; no poder descansar cuando termina es duro; que eso se repita 36 veces seguidas es una aberración, y que el afectado tenga que recurrir por ello a los tribunales tiene un punto de astracanada. Y el conjunto es un claro síntoma de la necrosis que padece el tejido judicial español.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco

El caso del juez Velasco es mucho más habitual de lo que puede parecer. Este mismo jueves, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 4 de la Audiencia Nacional ha condenado al Estado a indemnizar con 6.600 euros al juez de Instrucción 3 de Granollers que entre marzo de 2011 y octubre de 2013 realizó 33 guardias semanales sin poder disfrutar del correspondiente día de descanso. Sigue leyendo

Una Justicia demasiado cara

El Estado ha recaudado, entre el 17 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2014, 512.468.000 euros en concepto de tasas judiciales. Hay otra forma de presentarlo: los ciudadanos han tenido que desembolsar más de 512 millones de euros para acceder a la Justicia desde que entró en vigor la Ley 10/2012 que impulsó el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón. El dato ha podido conocerse gracias a una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno a una pregunta formulada a finales del pasado año por un diputado socialista. El ministerio no facilita ninguna otra información al respecto.

El exministro de Justicia al término de un Consejo de Ministros.

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón al término de un Consejo de Ministros

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El poder del juez (Castro)

Duro correctivo del juez José Castro a todos aquellos que aventuraron que no hay magistrado o tribunal que se atreva a juzgar a un miembro de la Casa Real. Frente a tanto incrédulo ha sentado en el banquillo a la Infanta Cristina, hija de rey, hermana de rey y sexta en la línea de sucesión a la Corona, al menos de momento. Quienes observaban el proceso convencidos de que es la prueba del algodón para averiguar si la administración de Justicia puede luchar contra la corrupción político-económica ya tienen la respuesta, porque el instructor del ‘caso Nóos’ ha concluido toda una demostración de cuál es el verdadero poder de un juez: cuando quiere, puede.

El juez instructor del 'caso Nóos', José Castro.

El juez instructor del ‘caso Nóos’, José Castro

A día de hoy, la Infanta Cristina deberá ocupar plaza en el banquillo para ser juzgada por dos delitos fiscales que habría cometido su esposo, Iñaki Urdangarín en 2007 y 2008, de los que ella también habría sido autora por omisión, por mirar a otro lado y desentenderse de la gestión de una empresa, Aizóon, de la que era copropietaria al 50 por ciento. En el juicio oral sólo será acusada por la acción popular que ejerce el pseudosindicato Manos Limpias, que reclama una condena de ocho años de cárcel. Sigue leyendo

Si el juez Ruz lo pide…

El juez Pablo Ruz podrá seguir al frente de los sumarios que investigan la financiación irregular del PP (los casos Gürtel y Bárcenas)… si él lo pide. Esas cuatro simples palabras encierran toda la gravedad de la decisión adoptada ayer martes por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que aprobó sacar a concurso, junto a otras 363, la plaza de sustitución que ocupa en la Audiencia Nacional, lo que en la práctica le expulsa de ese tribunal, pero podrá seguir instruyendo aquellos sumarios de especial complejidad… si él lo pide, si demuestra un interés particular en esas causas, lo que permitiría cuestionar su imparcialidad, que es el camino más directo que tiene un juez hacia su deslegitimación.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

El juez Ruz llegó al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en junio de 2010 para cubrir el hueco dejado por Baltasar Garzón, suspendido de manera cautelar por la apertura de tres procedimientos judiciales que, años después, determinaron su expulsión de la carrera judicial. El titular del juzgado pasó a ser entonces el magistrado Miguel Carmona, que nunca llegó a pisarlo: cuando obtuvo la plaza era vocal del CGPJ y al término del mandato fue destinado a Londres como magistrado de enlace con las autoridades judiciales británicas.

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