El Estado ha recaudado, entre el 17 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2014, 512.468.000 euros en concepto de tasas judiciales. Hay otra forma de presentarlo: los ciudadanos han tenido que desembolsar más de 512 millones de euros para acceder a la Justicia desde que entró en vigor la Ley 10/2012 que impulsó el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón. El dato ha podido conocerse gracias a una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno a una pregunta formulada a finales del pasado año por un diputado socialista. El ministerio no facilita ninguna otra información al respecto.
Justicia gratuita
Abogados enredados
El pasado 20-N, la abogacía española vivió una jornada significativa. Ese día, al cumplirse dos años de la promulgación de la ley que implantó las tasas judiciales, culminó una gran movilización masiva de abogados, la primera gestionada desde y para las redes sociales, que exigía su derogación.
Como ya ocurriera con otras protestas de la abogacía contra los intentos del Gobierno de limitar el acceso de los ciudadanos a la administración de Justicia, el balance es agridulce. La Ley de Tasas ahí sigue, inalterable, y no parece que la situación vaya a cambiar a corto plazo. Pero la ‘brigada tuitera’, como se autodenominaron los promotores de la protesta, logró que el hashtag #TodoscontraTasas (#T) fuese trending topic esa noche.
Abogados con oficio
El pasado jueves 24 de julio, un millar de abogados, toga en ristre, se manifestaron en Madrid contra el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG) y en defensa del turno de oficio. Los convocantes consideran un éxito la convocatoria, pero a mí las imágenes de un puñado de letrados desfilando por el paseo de Recoletos me dejaron un cierto regusto amargo a fracaso.
No fallaron los letrados: entre los manifestaban estaban los máximos responsables de los 82 colegios de abogados de España, así como los del Consejo General de la Abogacía, con lo que cabe entender que esos mil letrados recogieron el malestar mayoritario de la profesión. Como ya ocurriera con la Ley de Tasas, la abogacía ha asumido casi en solitario la responsabilidad de frenar lo que no deja de ser un duro recorte a la justicia gratuita. Sigue leyendo