El asalto al Registro Civil

AVISO: Este artículo fue publicado el pasado lunes 13 de marzo en El Faro de Temis, blog alojado en cuartopoder.es

El Registro Civil quedará privatizado el próximo 22 de julio. Ese es uno de los pocos datos que se puede afirmar con cierta firmeza de un proceso que el Gobierno ha convertido en un galimatías jurídico-administrativo y que ha rodeado de un halo de oscurantismo que ha alimentado las peores sospechas. Aún quedan muchas incógnitas por desvelar, pero ese día entra en vigor una ley que entrega a los registradores de la propiedad y mercantiles la gestión del archivo que almacena los datos personales de los españoles; es algo que ya no pueden evitar ni las manifestaciones celebradas este pasado sábado en varias ciudades españolas ni algunas iniciativas parlamentarias que, a la desesperada, impulsan grupos minoritarios.

Trabajadores del Registro Civil protestan en Madrid contra la privatización del organismo. / Emilio Naranjo (Efe)

Trabajadores del Registro Civil protestan en Madrid contra la privatización del organismo. / Emilio Naranjo (Efe)

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La sospechosa privatización del Registro Civil

El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, parece dispuesto a revisar (que no anular) los planes de su antecesor para privatizar el Registro Civil. Poco más se sabe de un asunto que el ministerio maneja con tanta opacidad que ha hecho saltar las alarmas en quienes se barruntan que algo oscuro esconde un proceso en el que se vislumbran pingües beneficios a costa de datos sensibles de los ciudadanos.

La Ley de Registro Civil de 2011 se aprobó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular pese a su fracaso al intentar enmendarla para abrir una vía a la privatización del servicio. Pero como una vacatio legis la mantiene congelada hasta julio de 2015, el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó en 2012 un anteproyecto de reforma integral de los registros que facilitaba su externalización, según el eufemismo de moda. Sigue leyendo