El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, parece dispuesto a revisar (que no anular) los planes de su antecesor para privatizar el Registro Civil. Poco más se sabe de un asunto que el ministerio maneja con tanta opacidad que ha hecho saltar las alarmas en quienes se barruntan que algo oscuro esconde un proceso en el que se vislumbran pingües beneficios a costa de datos sensibles de los ciudadanos.

La Ley de Registro Civil de 2011 se aprobó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular pese a su fracaso al intentar enmendarla para abrir una vía a la privatización del servicio. Pero como una vacatio legis la mantiene congelada hasta julio de 2015, el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó en 2012 un anteproyecto de reforma integral de los registros que facilitaba su externalización, según el eufemismo de moda.

La oposición desatada frenó las ansias privatizadoras, pero no las calmó; fue una pausa táctica para buscar el mejor momento, que llegó el pasado mes de julio en plena vorágine por el relevo en la Jefatura del Estado y el inicio del periodo estival de vacaciones. El primer viernes del mes, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, una norma ómnibus que incluyó asuntos tan dispares como la reforma de la legislación hipotecaria anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la celebración del CXX aniversario de la primera exposición de Picasso o la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles. ¿Por qué a ese cuerpo y no a los secretaros judiciales o notarios? Nadie ha dado explicaciones.

Frente a lo ocurrido con la ley de 2011, ahora toda la oposición parlamentaria está en contra. La técnica legislativa utilizada ha impedido que instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado o el Consejo General del Notariado, entre otras, emitan informes previos que a buen seguro hubiesen alertado de los problemas que se avecinan. El real decreto-ley carece además de memoria y estudio económico, por lo que se ignora el plan del Gobierno para financiar el nuevo servicio, donde radica una de las principales sospechas.

Quiero pensar que en la decisión adoptada no tiene nada que ver el hecho de que el actual presidente del Gobierno y dos de sus hermanos sean registradores, como también lo son un cuñado y una nuera del entonces ministro de Justicia, así como el anterior director general de los Registros y el Notariado y varios asesores de este departamento.

No faltó quien denunció que se ha producido esa corruptela denominada captura del regulador, pero es llamativo que los registradores, como colectivo, tampoco quieren hacerse cargo del Registro Civil. Los resquemores nacieron en 2012, cuando el Colegio de Registradores recibió el encargo de tramitar los expedientes de nacionalidad, atascados desde hacía años en el ministerio. Un oscuro procedimiento de licitación del software informático le costó a la organización colegial más de cinco millones de euros en beneficio de Futuver Rumanía S. L. (filial de Futuver Consulting S. L.), propiedad de un registrador que, casualmente, compatilizaba el negocio con su condición de asesor en el ministerio. La Asociación Independiente de Registradores de España (AIRE) dispone de suculentos datos al respecto.

Cientos de registradores forzaron en abril de 2013 una asamblea, celebrada en Zaragoza, en la que por amplia mayoría ganaron las tesis contrarias a asumir la gestión del Registro Civil, en contra de la postura de la Junta de Gobierno. De la trascendencia del asunto da idea el dato de que, hasta ese momento, los registradores sólo habían celebrado dos asambleas en toda su historia, una en 1935 y otra en 1988. En octubre de 2013, las elecciones dieron el poder en el Colegio de Registradores a la candidatura crítica con las reformas que quería introducir el Ministerio de Justicia.

¿Quién paga el Registro Civil?

El Registro Civil privado dependerá de una Corporación de Derecho Público, una especie de colegio de registradores paralelo, cuya creación ha recibido ya un contundente varapalo del Consejo de Estado porque duda de su legalidad. Y las licitaciones necesarias, por ejemplo para la creación y mantenimiento del nuevo sistema informático, se hacen a través de la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), que opera mediante procesos no abiertos al concurso público general por razones de seguridad nacional. Por eso no hay datos, sólo rumores de que el contrato ha sido concedido a Indra por unos 200 millones de euros, más otros 50 anuales para mantenimiento y evolución. Y esta tecnológica, a su vez, tendrá que recurrir a su vez a la empresa que ya dispone del software apropiado. ¿Adivinan? En efecto, el consorcio Futuver.

¿De dónde saldrá ese dinero? El Gobierno insiste una y otra vez en que el Registro Civil seguirá siendo gratuito, así que la ecuación no es fácil de despejar. Una posibilidad es que los registradores puedan absorber el servicio y financiarlo con los excedentes que produce el arancel mercantil. Si ello es así, es evidente que en la actualidad está sobretasado, algo imposible de comprobar porque se desconocen los costes del Registro Mercantil, sus ingresos, los costes operativos y el beneficio registral. Y nadie confía en que la inminente entrada en vigor de la Ley de Transparencia vaya a corregir este estado de cosas.

Hay quien sospecha que el Registro Civil lo pagarán los usuarios… del Registro Mercantil. Si ello es así, este mecanismo de subvenciones cruzadas no sólo es injusto, sino que corre el riesgo de acabar como el céntimo sanitario, anulado por el Tribunal de Justicia de la UE. Y en todo caso, el real decreto, ya convalidado por el Parlamento, no prevé una subida de aranceles, lo que desconcierta a los registradores.

Hay otras muchas posibilidades. Por ejemplo, extender el Código Identificador de Entidad, en principio creado sólo para las entidades financieras, a todas las sociedades mercantiles, lo que generaría un ingreso inicial de unos 400 millones de euros y otros 200 millones al año en concepto de mantenimiento. Pero volveríamos al problema de las subvenciones cruzadas.

También es posible que el Gobierno opte por aumentar el número de actos que deben ser inscritos en el Registro Civil, y fijar una tasa para los nuevos. O le ponga precio al intercambio de información entre registros, como ya ocurre en el caso de las consultas que el Registro de la Propiedad realiza al Mercantil, que abona pero repercute en el usuario.

Demasiados puntos oscuros que permiten sospechar que la privatización del Registro Civil sigue el mismo esquema que afecta al afán externalizador de este Gobierno: desbaratar ciertos servicios públicos para facilitar el lucro privado a costa del contribuyente. En este caso, el beneficio será para los registradores, que harán negocio cada vez que un ciudadano nazca, se case, tenga hijos, cambie de domicilio o muera. Por lo que conviene estar alerta y mantener todo el proceso bajo vigilancia.