Los jueces reclaman una indemnización

AVISO: Este artículo fue pubicado el pasado 8 de junio en El Faro de Temis, blog del autor alojado en la web cuartopoder.es

Detalle fachada Tribunal Supremo

Detalle de la fachada principal de la sede del Tribunal Supremo en Madrid.

Cientos de jueces han reclamado a la Audiencia Nacional que les reconozca las indemnizaciones que el Ministerio de Justicia les niega tras haberse visto obligados a realizar un sinfín de turnos de guardia sin haber podido compensarlos con los correspondientes días de descaso. El asunto, un engorro de considerables dimensiones para el departamento que dirige Rafael Catalá, está en realidad en manos del Tribunal Supremo, cuya decisión provocará un terremoto en la judicatura con independencia de a qué parte dé la razón. Sigue leyendo

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Enmienda a la totalidad a Ruiz-Gallardón

Tomo prestado el título de este comentario de la periodista Sonia Sánchez, de la Cadena SER, porque resume a la perfección lo que ha supuesto el círculo que en estos días cierra el Gobierno presidido por Mariano Rajoy: casi toda la obra de su primer ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido revisada, corregida y en su mayoría anulada. Es un hecho insólito en democracia: acostumbrados estamos a que los gobiernos de turno incumplan sus programas electorales, pero nunca antes se había producido una rectificación de este calado excepto, salvando las distancias, el famoso cambio de criterio del Gobierno de Felipe González respecto a la pertenencia de España a la OTAN.

Rafael Catalá (iqda) conversa con su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que acudió a la  ceremonia de traspaso de poderes en el Ministerio de Justicia.

Rafael Catalá (iqda) conversa con su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que acudió a la ceremonia de traspaso de poderes en el Ministerio de Justicia.

Ha sido, por tanto, una legislatura perdida para la administración de Justicia, que no es lo mismo que una legislatura en blanco, porque tres años y medio después los juzgados y tribunales están en peor situación de lo que estaban cuando el PP ganó las elecciones  y Rajoy pasó a ocupar La Moncloa. Sigue leyendo

Una Justicia demasiado cara

El Estado ha recaudado, entre el 17 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2014, 512.468.000 euros en concepto de tasas judiciales. Hay otra forma de presentarlo: los ciudadanos han tenido que desembolsar más de 512 millones de euros para acceder a la Justicia desde que entró en vigor la Ley 10/2012 que impulsó el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón. El dato ha podido conocerse gracias a una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno a una pregunta formulada a finales del pasado año por un diputado socialista. El ministerio no facilita ninguna otra información al respecto.

El exministro de Justicia al término de un Consejo de Ministros.

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón al término de un Consejo de Ministros

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La forzada renuncia de Torres-Dulce

A veces no es fácil el ejercicio periodístico. Coinciden hoy casi todos los medios de comunicación en que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, presentó este jueves su dimisión por la falta de sintonía (versión amable), cuando no por su abierto enfrentamiento (versión más dura), con el Gobierno. Pero casi ninguno de ellos repara en que esa explicación, en cualquiera de las dos interpretaciones, no justifica una renuncia de este tipo. En realidad, el jefe del Ministerio Fiscal abandona forzado por un Ejecutivo que busca un respiro en el frente judicial ante un año tan electoral como 2015.

Eduardo Torres-Dulce, ex fiscal general del Estado.

Eduardo Torres-Dulce, ex fiscal general del Estado.

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Peligrosa pirueta del Gobierno en la lucha contra la corrupción

El arranque del plan del Gobierno contra la corrupción ha dejado boquiabiertos a propios y extraños. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para limitar a seis meses el plazo de instrucción de las causas penales no es más que humo desvaído por la brisa; en cambio, en peligrosa pirueta realizada sin previo aviso, el texto incluye un aval a la interceptación de las comunicaciones sin permiso judicial de muy dudosa constitucionalidad.

Rafael Catalá,ministro de Justicia.

Rafael Catalá,ministro de Justicia.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, debutó el pasado viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para presentar la primera de las iniciativas contra la corrupción anunciadas diez días antes por el presidente del Gobierno. Jueces y fiscales esperaban el momento en alerta máxima: limitar el plazo de investigación sin modificar el actual modelo de justicia penal es inviable o una manera poco sutil de impedir la investigación de la mayoría de los delitos, sobre todo de aquellos tan complejos como los relacionados con la corrupción político-económica.

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La sospechosa privatización del Registro Civil

El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, parece dispuesto a revisar (que no anular) los planes de su antecesor para privatizar el Registro Civil. Poco más se sabe de un asunto que el ministerio maneja con tanta opacidad que ha hecho saltar las alarmas en quienes se barruntan que algo oscuro esconde un proceso en el que se vislumbran pingües beneficios a costa de datos sensibles de los ciudadanos.

La Ley de Registro Civil de 2011 se aprobó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular pese a su fracaso al intentar enmendarla para abrir una vía a la privatización del servicio. Pero como una vacatio legis la mantiene congelada hasta julio de 2015, el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó en 2012 un anteproyecto de reforma integral de los registros que facilitaba su externalización, según el eufemismo de moda. Sigue leyendo

El fracaso de Ruiz-Gallardón

Lo deja todo: el ministerio, el escaño, los cargos en el partido, la política… Alberto Ruiz-Gallardón anunció ayer su adiós ¿definitivo? a una carrera de treinta años en eso que se ha dado en llamar la vida pública. La excusa oficial, la negativa del presidente del Gobierno a impulsar una nueva ley del aborto. El dimisionario, elegante, negó sentirse desautorizado y aludió a su propia incapacidad para recabar los apoyos necesarios para su proyecto.

El adiós de Ruiz-Gallardón

El adiós de Ruiz-Gallardón

Desde hoy y en los próximos días un sinfín de análisis de periodistas y tertulianos desvelarán las claves ocultas de la dimisión de Ruiz-Gallardón. Querido lector, no se crea nada, sólo él y casi nadie más sabe la verdad, en cualquier caso ningún informador. Yo tampoco dispongo de información privilegiada, así que renuncio a cualquier especulación gratuita. Sí aviso de que no creo que el desaire sufrido en el tema del aborto, pese a su gravedad, explique una espantada de este calibre en el momento más crítico del desafío soberanista catalán. Sigue leyendo