Si el juez Ruz lo pide…

El juez Pablo Ruz podrá seguir al frente de los sumarios que investigan la financiación irregular del PP (los casos Gürtel y Bárcenas)… si él lo pide. Esas cuatro simples palabras encierran toda la gravedad de la decisión adoptada ayer martes por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que aprobó sacar a concurso, junto a otras 363, la plaza de sustitución que ocupa en la Audiencia Nacional, lo que en la práctica le expulsa de ese tribunal, pero podrá seguir instruyendo aquellos sumarios de especial complejidad… si él lo pide, si demuestra un interés particular en esas causas, lo que permitiría cuestionar su imparcialidad, que es el camino más directo que tiene un juez hacia su deslegitimación.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

El juez Ruz llegó al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en junio de 2010 para cubrir el hueco dejado por Baltasar Garzón, suspendido de manera cautelar por la apertura de tres procedimientos judiciales que, años después, determinaron su expulsión de la carrera judicial. El titular del juzgado pasó a ser entonces el magistrado Miguel Carmona, que nunca llegó a pisarlo: cuando obtuvo la plaza era vocal del CGPJ y al término del mandato fue destinado a Londres como magistrado de enlace con las autoridades judiciales británicas.

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Peligrosa pirueta del Gobierno en la lucha contra la corrupción

El arranque del plan del Gobierno contra la corrupción ha dejado boquiabiertos a propios y extraños. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para limitar a seis meses el plazo de instrucción de las causas penales no es más que humo desvaído por la brisa; en cambio, en peligrosa pirueta realizada sin previo aviso, el texto incluye un aval a la interceptación de las comunicaciones sin permiso judicial de muy dudosa constitucionalidad.

Rafael Catalá,ministro de Justicia.

Rafael Catalá,ministro de Justicia.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, debutó el pasado viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para presentar la primera de las iniciativas contra la corrupción anunciadas diez días antes por el presidente del Gobierno. Jueces y fiscales esperaban el momento en alerta máxima: limitar el plazo de investigación sin modificar el actual modelo de justicia penal es inviable o una manera poco sutil de impedir la investigación de la mayoría de los delitos, sobre todo de aquellos tan complejos como los relacionados con la corrupción político-económica.

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Una Justicia inerme ante la corrupción

Francisco José Granados Lerena es un militante del Partido Popular (PP) que entre el 25 de julio de 2008 y el 17 de junio de 2011 ostentó el cargo de Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. A finales de 2009 puso en pie de guerra a los abogados de oficio madrileños porque suspendió durante meses el pago de sus haberes. “Hay personas que han elegido una profesión liberal y han decidido convertirse en funcionarios sin oposición y vivir únicamente del turno de oficio, y eso no se pude mantener”, explicó.

En 2010, limitó por decreto el acceso a la justicia gratuita: “El Gobierno de la Comunidad de Madrid no está dispuesto a seguir manteniendo los abusos que se están produciendo en la aplicación del turno de oficio”, insistió. En 2011, abogó por devolver al Estado las competencias en materia de Justicia porque son “caras y complicadas”, “no tienen ningún sentido”, y por eso en Madrid su gestión se ha convertido en “un carajal”.

Sí, es el mismo Francisco Granados que acaba de ser encarcelado por encabezar la trama desarticulada con la ‘operación Púnica’, una vasta red corrupta que conseguía la adjudicación de numerosos contratos públicos a cambio de pingües comisiones que han ido apareciendo almacenadas en cuentas de diversas entidades bancarias de Suiza, varias de ellas a su nombre. Sigue leyendo