El Poder Judicial quiere que el fiscal protagonice la investigación penal

 AVISO: Este artículo fue publicado el pasado 13 de julio en El Faro de Temis, blog del autor alojado en cuartopoder.es

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Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. / Efe

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, sorprendió la semana pasada a propios y extraños al apostar por que la investigación de las causas penales sea atribuida al Ministerio Fiscal. Por una vez y sin que sirva de precedente, tiene razón, pero sus palabras han causado desconcierto porque llegan cuando ya es evidente que en esta legislatura que fenece tampoco se abordará el necesario cambio de modelo judicial -y sobre todo de modelo de justicia penal- porque el actual, agotado, es incapaz de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Sigue leyendo

Los jueces reclaman una indemnización

AVISO: Este artículo fue pubicado el pasado 8 de junio en El Faro de Temis, blog del autor alojado en la web cuartopoder.es

Detalle fachada Tribunal Supremo

Detalle de la fachada principal de la sede del Tribunal Supremo en Madrid.

Cientos de jueces han reclamado a la Audiencia Nacional que les reconozca las indemnizaciones que el Ministerio de Justicia les niega tras haberse visto obligados a realizar un sinfín de turnos de guardia sin haber podido compensarlos con los correspondientes días de descaso. El asunto, un engorro de considerables dimensiones para el departamento que dirige Rafael Catalá, está en realidad en manos del Tribunal Supremo, cuya decisión provocará un terremoto en la judicatura con independencia de a qué parte dé la razón. Sigue leyendo

Enmienda a la totalidad a Ruiz-Gallardón

Tomo prestado el título de este comentario de la periodista Sonia Sánchez, de la Cadena SER, porque resume a la perfección lo que ha supuesto el círculo que en estos días cierra el Gobierno presidido por Mariano Rajoy: casi toda la obra de su primer ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido revisada, corregida y en su mayoría anulada. Es un hecho insólito en democracia: acostumbrados estamos a que los gobiernos de turno incumplan sus programas electorales, pero nunca antes se había producido una rectificación de este calado excepto, salvando las distancias, el famoso cambio de criterio del Gobierno de Felipe González respecto a la pertenencia de España a la OTAN.

Rafael Catalá (iqda) conversa con su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que acudió a la  ceremonia de traspaso de poderes en el Ministerio de Justicia.

Rafael Catalá (iqda) conversa con su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que acudió a la ceremonia de traspaso de poderes en el Ministerio de Justicia.

Ha sido, por tanto, una legislatura perdida para la administración de Justicia, que no es lo mismo que una legislatura en blanco, porque tres años y medio después los juzgados y tribunales están en peor situación de lo que estaban cuando el PP ganó las elecciones  y Rajoy pasó a ocupar La Moncloa. Sigue leyendo

La insoportable bipolaridad de la Justicia

La juez de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, atraviesa una mala racha en la instrucción del proceso derivado de la ‘operación Pokémon’, una investigación de Vigilancia Aduanera que sacó a la luz una presunta trama de corrupción que afecta a varios ayuntamientos gallegos, en su mayoría en manos del Partido Popular. Hace unas semanas se vio obligada a desimputar al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, a quien durante cinco meses mantuvo en el proceso imputado de un delito de cohecho.

La juez de Lugo Pilar de Lara.

La juez de Lugo Pilar de Lara.

Cinco meses pese a que la juez tuvo sobre su mesa muy pronto la declaración del propio alcalde, que negó ser uno de los interlocutores de la conversación pinchada por Vigilancia Aduanera en la que se gestó el presunto cohecho. Y no sólo eso, otro militante del PP, José Manuel Vilaboy Lois, reconoció ser quien en esa cinta negociaba con el representante de una empresa privada el sucio pago.

Pese a ello, la juez mantuvo la imputación de Rey Varela hasta que una pericial realizada por el servicio de Criminalística de la Policía certificó que el primer edil ferrolano no intervino en la conversación. Sólo entonces De Lara decretó en lo que a él respecta el sobreseimiento libre de la causa. Eso sí, al alcalde de Ferrol ya nadie le quita los cinco meses de presunta culpabilidad ante la opinión pública. Sigue leyendo

Una Justicia inerme ante la corrupción

Francisco José Granados Lerena es un militante del Partido Popular (PP) que entre el 25 de julio de 2008 y el 17 de junio de 2011 ostentó el cargo de Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. A finales de 2009 puso en pie de guerra a los abogados de oficio madrileños porque suspendió durante meses el pago de sus haberes. “Hay personas que han elegido una profesión liberal y han decidido convertirse en funcionarios sin oposición y vivir únicamente del turno de oficio, y eso no se pude mantener”, explicó.

En 2010, limitó por decreto el acceso a la justicia gratuita: “El Gobierno de la Comunidad de Madrid no está dispuesto a seguir manteniendo los abusos que se están produciendo en la aplicación del turno de oficio”, insistió. En 2011, abogó por devolver al Estado las competencias en materia de Justicia porque son “caras y complicadas”, “no tienen ningún sentido”, y por eso en Madrid su gestión se ha convertido en “un carajal”.

Sí, es el mismo Francisco Granados que acaba de ser encarcelado por encabezar la trama desarticulada con la ‘operación Púnica’, una vasta red corrupta que conseguía la adjudicación de numerosos contratos públicos a cambio de pingües comisiones que han ido apareciendo almacenadas en cuentas de diversas entidades bancarias de Suiza, varias de ellas a su nombre. Sigue leyendo

Despropósitos de la Fiscalía

Uno de los brocardos más conocidos de la ciencia jurídica proclama que “dura lex, sed lex”, latinajo que por conocido no necesita traducción. Muy presente ha debido tenerlo el fiscal de Madrid que, el pasado martes, hizo llegar al Juzgado de Instrucción 40 el escrito en el que reclama un total de 74 años y tres meses de cárcel para quince jóvenes detenidos durante los incidentes que siguieron a la ya famosa manifestación celebrada en la capital el 15 de mayo de 2011.

Para los que como a mí ya nos flaquea la memoria, un rápido recuerdo: aquel lejano día, unas 3.000 personas recorrieron el corazón de la ciudad en manifestación autorizada bajo el lema “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. A su término se produjeron una serie de altercados en las inmediaciones de la Puerta del Sol. Un centenar de jóvenes acamparon esa noche en la plaza en protesta por la dura actuación policial. Fueron desalojados dos días después, pero ya habían sembrado la semilla de la que germinó el movimiento de los indignados, que pobló de acampadas el mapa español y dio la vuelta al mundo bajo el hashtag #Spanishrevolution.

El movimiento 15-M celebró en la Puerta del Sol el primer aniversario de su nacimiento

El movimiento 15-M celebró en la Puerta del Sol el primer aniversario de su nacimiento

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