El arranque del plan del Gobierno contra la corrupción ha dejado boquiabiertos a propios y extraños. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para limitar a seis meses el plazo de instrucción de las causas penales no es más que humo desvaído por la brisa; en cambio, en peligrosa pirueta realizada sin previo aviso, el texto incluye un aval a la interceptación de las comunicaciones sin permiso judicial de muy dudosa constitucionalidad.

Rafael Catalá,ministro de Justicia.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, debutó el pasado viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para presentar la primera de las iniciativas contra la corrupción anunciadas diez días antes por el presidente del Gobierno. Jueces y fiscales esperaban el momento en alerta máxima: limitar el plazo de investigación sin modificar el actual modelo de justicia penal es inviable o una manera poco sutil de impedir la investigación de la mayoría de los delitos, sobre todo de aquellos tan complejos como los relacionados con la corrupción político-económica.

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