El asalto al Registro Civil

AVISO: Este artículo fue publicado el pasado lunes 13 de marzo en El Faro de Temis, blog alojado en cuartopoder.es

El Registro Civil quedará privatizado el próximo 22 de julio. Ese es uno de los pocos datos que se puede afirmar con cierta firmeza de un proceso que el Gobierno ha convertido en un galimatías jurídico-administrativo y que ha rodeado de un halo de oscurantismo que ha alimentado las peores sospechas. Aún quedan muchas incógnitas por desvelar, pero ese día entra en vigor una ley que entrega a los registradores de la propiedad y mercantiles la gestión del archivo que almacena los datos personales de los españoles; es algo que ya no pueden evitar ni las manifestaciones celebradas este pasado sábado en varias ciudades españolas ni algunas iniciativas parlamentarias que, a la desesperada, impulsan grupos minoritarios.

Trabajadores del Registro Civil protestan en Madrid contra la privatización del organismo. / Emilio Naranjo (Efe)

Trabajadores del Registro Civil protestan en Madrid contra la privatización del organismo. / Emilio Naranjo (Efe)

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Bienvenidos al Estado policial

AVISO: Este artículo fue publicado el pasado lunes de 6 de abril en el Faro de Temis, blog del autor alojado en la web cuartopoder.es

España será un Estado policial a partir del próximo 1 de julio. Así escrito suena excesivo, pero esa es la denuncia de dos asociaciones de jueces y una de fiscales, organizaciones como Amnistía Internacional o Rights International Spain, unos ochenta colectivos integrados en la plataforma No Somos Delito, cinco relatores especiales de Naciones Unidas y toda la oposición parlamentaria al PP. Demasiada gente cree que la reforma del Código Penal y la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobadas el pasado 27 de marzo cercenan el Estado de Derecho. También 35 catedráticos universitarios que sostienen en un manifiesto que ese paquete legislativo bebe “de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias, de aportaciones en suma que han sido por todos denostadas”.

Rodea el Congreso 25-09-12

Imagen de la primera manifestación ‘Rodea el Congreso’, celebrada el 25 de septiembre de 2012. / Efe

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Enmienda a la totalidad a Ruiz-Gallardón

Tomo prestado el título de este comentario de la periodista Sonia Sánchez, de la Cadena SER, porque resume a la perfección lo que ha supuesto el círculo que en estos días cierra el Gobierno presidido por Mariano Rajoy: casi toda la obra de su primer ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido revisada, corregida y en su mayoría anulada. Es un hecho insólito en democracia: acostumbrados estamos a que los gobiernos de turno incumplan sus programas electorales, pero nunca antes se había producido una rectificación de este calado excepto, salvando las distancias, el famoso cambio de criterio del Gobierno de Felipe González respecto a la pertenencia de España a la OTAN.

Rafael Catalá (iqda) conversa con su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que acudió a la  ceremonia de traspaso de poderes en el Ministerio de Justicia.

Rafael Catalá (iqda) conversa con su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que acudió a la ceremonia de traspaso de poderes en el Ministerio de Justicia.

Ha sido, por tanto, una legislatura perdida para la administración de Justicia, que no es lo mismo que una legislatura en blanco, porque tres años y medio después los juzgados y tribunales están en peor situación de lo que estaban cuando el PP ganó las elecciones  y Rajoy pasó a ocupar La Moncloa. Sigue leyendo

El nuevo y deficiente modelo de Poder Judicial

Apenas cumplido el primer año de vida en su actual mandato, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) atraviesa ya una soterrada crisis interna de importancia. En apariencia el conflicto radica en la renovación de la Comisión Permanente, pero tiene más que ver con un nuevo modelo de funcionamiento que no ha tardado en mostrar todas sus deficiencias.

Hace ahora un año, el Pleno del consejo aprobó por unanimidad la composición de la Permanente, órgano de gobierno interno de la institución. El pasado jueves, su renovación (con el cambio obligado por la dimisión de la vocal catalana Mercè Pigem) sólo consiguió catorce apoyos, mientras siete vocales votaron en contra. Todo un síntoma.

El presidente  del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales que conforman el actual mandato.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales que forman el actual Pleno.

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Una Justicia demasiado cara

El Estado ha recaudado, entre el 17 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2014, 512.468.000 euros en concepto de tasas judiciales. Hay otra forma de presentarlo: los ciudadanos han tenido que desembolsar más de 512 millones de euros para acceder a la Justicia desde que entró en vigor la Ley 10/2012 que impulsó el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón. El dato ha podido conocerse gracias a una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno a una pregunta formulada a finales del pasado año por un diputado socialista. El ministerio no facilita ninguna otra información al respecto.

El exministro de Justicia al término de un Consejo de Ministros.

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón al término de un Consejo de Ministros

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La sospechosa privatización del Registro Civil

El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, parece dispuesto a revisar (que no anular) los planes de su antecesor para privatizar el Registro Civil. Poco más se sabe de un asunto que el ministerio maneja con tanta opacidad que ha hecho saltar las alarmas en quienes se barruntan que algo oscuro esconde un proceso en el que se vislumbran pingües beneficios a costa de datos sensibles de los ciudadanos.

La Ley de Registro Civil de 2011 se aprobó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular pese a su fracaso al intentar enmendarla para abrir una vía a la privatización del servicio. Pero como una vacatio legis la mantiene congelada hasta julio de 2015, el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó en 2012 un anteproyecto de reforma integral de los registros que facilitaba su externalización, según el eufemismo de moda. Sigue leyendo

El fracaso de Ruiz-Gallardón

Lo deja todo: el ministerio, el escaño, los cargos en el partido, la política… Alberto Ruiz-Gallardón anunció ayer su adiós ¿definitivo? a una carrera de treinta años en eso que se ha dado en llamar la vida pública. La excusa oficial, la negativa del presidente del Gobierno a impulsar una nueva ley del aborto. El dimisionario, elegante, negó sentirse desautorizado y aludió a su propia incapacidad para recabar los apoyos necesarios para su proyecto.

El adiós de Ruiz-Gallardón

El adiós de Ruiz-Gallardón

Desde hoy y en los próximos días un sinfín de análisis de periodistas y tertulianos desvelarán las claves ocultas de la dimisión de Ruiz-Gallardón. Querido lector, no se crea nada, sólo él y casi nadie más sabe la verdad, en cualquier caso ningún informador. Yo tampoco dispongo de información privilegiada, así que renuncio a cualquier especulación gratuita. Sí aviso de que no creo que el desaire sufrido en el tema del aborto, pese a su gravedad, explique una espantada de este calibre en el momento más crítico del desafío soberanista catalán. Sigue leyendo

El enredo del aborto

Parece que no habrá nueva Ley del Aborto. Según una información del diario El Mundo que todos los medios de comunicación han dado por buena sin que nadie haya salido a desmentirla, el Gobierno ha desistido en su pretensión de sustituir la actual regulación en la materia por otra que estaba llamada a convertirse en la más restrictiva de la etapa democrática. Hasta el principal derrotado por el anuncio, el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, ha evitado corregir el entuerto y, hoy mismo,  se ha limitado a señalar que, en estos momentos, la prioridad del Ejecutivo al que pertenece, y también la suya, es hacer frente al proceso secesionista catalán. Después, ya veremos.

El ministro de Justicia, al término de un anterior Consejo de Ministros.

El ministro de Justicia, al término de un anterior Consejo de Ministros.

Así que parece que la situación es la siguiente: tras casi tres años de generar una importante oposición política incluidas importantes voces del propio Partido Popular, y de crear una peliaguda polémica social que ha generado agrios debates dentro y fuera de España, el Gobierno parece haber rectificado ahora convencido de que se trata de una iniciativa inoportuna ahora que se abre un larguísimo y convulso periodo electoral. Sigue leyendo

La desfasada imagen de la Justicia

La Justicia española sólo tiene marcada una fecha en rojo en su calendario, la de la apertura del año judicial, solemne ceremonia en la que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), junto al fiscal general del Estado, rinden cuentas ante el jefe del Estado de la actividad realizada por las instituciones que encabezan durante el último año.

Suele ser en septiembre; este año tocó ayer miércoles. El rito se celebró, como siempre, en un Salón de Plenos del Supremo atestado en esta ocasión por tratarse de la primera vez que lo presidía Felipe VI, hecho que coincidió con el debut de Carlos Lesmes como cabeza visible de la judicatura.

Un momento del acto de apertura del año judicial.

Un momento del acto de apertura del año judicial.

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