El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, parece dispuesto a revisar (que no anular) los planes de su antecesor para privatizar el Registro Civil. Poco más se sabe de un asunto que el ministerio maneja con tanta opacidad que ha hecho saltar las alarmas en quienes se barruntan que algo oscuro esconde un proceso en el que se vislumbran pingües beneficios a costa de datos sensibles de los ciudadanos.

La Ley de Registro Civil de 2011 se aprobó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular pese a su fracaso al intentar enmendarla para abrir una vía a la privatización del servicio. Pero como una vacatio legis la mantiene congelada hasta julio de 2015, el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó en 2012 un anteproyecto de reforma integral de los registros que facilitaba su externalización, según el eufemismo de moda. Sigue leyendo →