El Poder Judicial quiere que el fiscal protagonice la investigación penal

 AVISO: Este artículo fue publicado el pasado 13 de julio en El Faro de Temis, blog del autor alojado en cuartopoder.es

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Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. / Efe

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, sorprendió la semana pasada a propios y extraños al apostar por que la investigación de las causas penales sea atribuida al Ministerio Fiscal. Por una vez y sin que sirva de precedente, tiene razón, pero sus palabras han causado desconcierto porque llegan cuando ya es evidente que en esta legislatura que fenece tampoco se abordará el necesario cambio de modelo judicial -y sobre todo de modelo de justicia penal- porque el actual, agotado, es incapaz de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Sigue leyendo

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La lucha contra la violencia de género se debilita

AVISO: Este artículo se publicó el pasado 1 de junio en El Faro de Temis, blog del autor alojado en la web cuartopoder.es

Todo el personal del Sistema Nacional de Salud sabe que no se puede bajar la guardia contra el virus de la gripe porque siempre vuelve. Algo que también deberían saber todos aquellos implicados en la lucha contra la violencia de género, que parece haber perdido impulso y compromiso frente a una lacra que no cesa. Sólo así se explica la ceremonia de confusión en la que se han embarcado distintas instancias salpicadas por el asesinato de Isabel Fuentes Fernández, más preocupadas por endosar culpabilidades al contrario y eludir cualquier responsabilidad que en detectar y corregir la deficiencia que ha impedido evitar la primera muerte por violencia de género de 2015 en Galicia.

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Acto convocado el pasado sábado por ‘Free Yoga’ en la Plaza Mayor de Madrid contra la violencia de género dentro de la campaña ‘Hay salida’. / Emilio Naranjo (Efe)

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El Constitucional se alía con el Gobierno contra la ley antidesahucios de Andalucía

AVISO: Este artículo fue publicado el pasado 27 de mayo en El Faro de Temis, blog del autor alojado en la web cuartopoder.es

El pleno del Tribunal Constitucional ha anulado el punto clave de la conocida como ‘ley antidesahucios’ de la Junta de Andalucía, el que permitía la expropiación de viviendas vacías en poder de los bancos y sociedades inmobiliarias para ponerlas a disposición de familias desahuciadas en riesgo de exclusión social. El acuerdo, adoptado por mayoría, no considera que esa norma sea ilegal, pero sí “incompatible” con la política diseñada por el Gobierno para sanear el sistema financiero. Cuatro magistrados han expresado su discrepancia en votos particulares en los que incluyen su preocupación por la deriva recentralizadora por la que navega la institución y que provoca “una grave erosión y distorsión del sistema de distribución competencial” que rige el modelo autonómico.

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El Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda apoyó en la calle la iniciativa de la Junta de Andalucía. / Efe

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Los desahucios enfrentan al Gobierno con Europa

AVISO: Este artículo fue publicado el pasado el pasado 18 de mayo en El Faro de Temis, blog del autor alojado en la web cuartopoder.es

Stop desahucios

Omagen de archivo de una protesta que intentó impedir un desahucio en Madrid. / Juan Carlos Hidalgo (Efe)

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Spuznar, considera que la legislación hipotecaria española no respeta las leyes comunitarias sobre protección de los consumidores. Lo grave es que, por segunda vez, la norma que la justicia europea ve con malos ojos es la reforma acometida por el Gobierno de Mariano Rajoy tras un anterior fallo negativo de esa misma corte. España está a punto de anotar todo un récord difícil de superar que no está provocado por la impericia o incapacidad del  legislador, sino por el empeño del Ejecutivo en preservar a los bancos frente a las hipotecas impagadas, aunque ello sea a costa de las garantías que protegen a los desahuciados. Sigue leyendo

Catalá provoca hastío en los jueces

AVISO: Este artículo fue publicado el pasado 4 de mayo en El Faro de Temis, blog del autor alojado en la web cuartopoder.es

Europa Press
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, gusta de arriesgar el tono que imprime a sus intervenciones públicas, con las que procura desviar el foco de atención de asuntos que le resultan espinosos. Es ese un grave inconveniente para un miembro del Gobierno que tras siete meses en el cargo ha sido noticia por la enmienda a la totalidad que ha planteado a la gestión de su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, pero que no ha impulsado una producción legislativa propia digna de ese nombre. No queda legislatura suficiente para hacerlo, así que la judicatura le considera ya un inane paréntesis, un ocupante fugaz de un departamento en el que deja como herencias frivolidades como su apuesta por modernizar la administración de Justicia a golpe de SMS o sancionar a los medios de comunicación que informen sobre investigaciones judiciales protegidas por un secreto del sumario que sigue sin disponer de una adecuada regulación.

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El asalto al Registro Civil

AVISO: Este artículo fue publicado el pasado lunes 13 de marzo en El Faro de Temis, blog alojado en cuartopoder.es

El Registro Civil quedará privatizado el próximo 22 de julio. Ese es uno de los pocos datos que se puede afirmar con cierta firmeza de un proceso que el Gobierno ha convertido en un galimatías jurídico-administrativo y que ha rodeado de un halo de oscurantismo que ha alimentado las peores sospechas. Aún quedan muchas incógnitas por desvelar, pero ese día entra en vigor una ley que entrega a los registradores de la propiedad y mercantiles la gestión del archivo que almacena los datos personales de los españoles; es algo que ya no pueden evitar ni las manifestaciones celebradas este pasado sábado en varias ciudades españolas ni algunas iniciativas parlamentarias que, a la desesperada, impulsan grupos minoritarios.

Trabajadores del Registro Civil protestan en Madrid contra la privatización del organismo. / Emilio Naranjo (Efe)

Trabajadores del Registro Civil protestan en Madrid contra la privatización del organismo. / Emilio Naranjo (Efe)

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La falsa reforma de Catalá contra la corrupción

AVISO: Comentario publicado el pasado lunes 9 de marzo en El Faro de Temis, blog del autor alojado en Cuarto Poder.

 

El arte de la política es a veces tan taimado que nada ocurre sin su correspondiente doblez. El Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que pretende agilizar la Justicia para mejorar la lucha contra la corrupción. La iniciativa, sin embargo, es inocua y llegará al Parlamento sin apenas tiempo para ser debatida y aprobada, lo que permite pensar que su objetivo es distinto al proclamado.

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante una reciente visita oficial a Badajos. / (Foto: EFE)

Quiere la reforma de la LECrim impulsada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, acabar con los sumarios interminables. Para ello, elimina el inoperante plazo de un mes que la actual ley fija para concluir un proceso y lo sustituye por otro “más realista” de seis meses, prorrogables a 18 en el caso de investigaciones complejas.

Un férreo sistema de plazos no sólo no agiliza el proceso sino que puede colapsar los sumarios y hacer inviable la investigación de delitos complejos. Consciente de ello, y para evitar cualquier suspicacia, el propio ministro ha enfatizado que no son plazos rígidos e incluso el de 18 meses debe manejarse “con flexibilidad” y podrá ser prorrogado “de manera indefinida” cuando sea necesario.

Es decir, el mecanismo de los plazos no va a ser operativo. De lo contrario sería imposible investigar episodios como el caso Gürtel, una investigación iniciada en 2008 que ha estado en manos de cuatro jueces (el quinto llegará en unas semanas) y ha pasado por tres tribunales distintos. Sigue leyendo