La lucha contra la violencia de género se debilita

AVISO: Este artículo se publicó el pasado 1 de junio en El Faro de Temis, blog del autor alojado en la web cuartopoder.es

Todo el personal del Sistema Nacional de Salud sabe que no se puede bajar la guardia contra el virus de la gripe porque siempre vuelve. Algo que también deberían saber todos aquellos implicados en la lucha contra la violencia de género, que parece haber perdido impulso y compromiso frente a una lacra que no cesa. Sólo así se explica la ceremonia de confusión en la que se han embarcado distintas instancias salpicadas por el asesinato de Isabel Fuentes Fernández, más preocupadas por endosar culpabilidades al contrario y eludir cualquier responsabilidad que en detectar y corregir la deficiencia que ha impedido evitar la primera muerte por violencia de género de 2015 en Galicia.

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Acto convocado el pasado sábado por ‘Free Yoga’ en la Plaza Mayor de Madrid contra la violencia de género dentro de la campaña ‘Hay salida’. / Emilio Naranjo (Efe)

La historia es conocida. Isabel, de 66 años, ingresó el pasado 2 de abril en el Complejo Hospitalario Universitario de Orense (CHUO) con un fuerte traumatismo craneal. Su marido, Aniceto Rodríguez Caneiro, de 75 años, aseguró a la Guardia Civil que la mujer fue atacada por asaltantes que entraron a robar en el domicilio de ambos en Pazos (Verín). Sin embargo, el pasado 8 de mayo fue el propio Aniceto quien, según todos los indicios, logró acabar con su vida tras acuchillarla en el hospital donde se recuperaba.

Casi todo ha fallado en este caso. Acaso por ese motivo, al poco de conocerse la muerte de Isabel instancias oficiales de la Guardia Civil filtraron a los medios de comunicación que los investigadores del cuerpo habían solicitado sin éxito la detención o la adopción de medidas cautelares contra Aniceto por sospechar que en realidad fue él quien agredió a su mujer y simuló el robo domiciliario. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Verín, que instruía una causa por robo con violencia, lo rechazó por considerar entonces poco fundada la petición. La prensa aceptó la versión policial sin mayores comprobaciones y de inmediato la juez Cristina María Fernández Viforcos apareció como responsable del error que no impidió el asesinato.

Demasiado fácil. Ingresada en la unidad de Reanimación del CHUO en estado de coma, la positiva evolución de Isabel llevó a los médicos a planificar su pase a planta para el 29 de abril. Un día antes, según la interesada filtración, se produjo la petición de la Guardia Civil a la jueza de Verín en el marco de una conversación informal entre los agentes y la juez y nunca por escrito, según el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

La Guardia Civil apunta que sus investigadores del Grupo de Policía Judicial de Verín informaron a la juez Fernández Viforcos de que la inspección ocular del domicilio de la pareja permitía descartar el robo y le presentaron hasta seis indicios contra Aniceto; fuentes judiciales sostienen que apenas esbozaron meras sospechas y conjeturas insuficientes para adoptar medidas cautelares. “Hoy por hoy no se cuenta con ningún indicio firme ya sea de testigos, antecedentes de violencia, mala relación entre los esposos o datos físicos como huellas, ADN o similares que nos permitan sostener que existen datos más allá de las meras conclusiones fundadas en conjeturas a las que llegan los agentes de la investigación, pero de todo punto insuficientes para acordar la medida solicitada”, argumentó la instructora cuando rechazó intervenir el teléfono del sospechoso.

El 29 de abril, Isabel fue trasladada a la habitación 413, muy cercana al puesto de control del personal sanitario de la planta de Neurocirugía. Días después hubo que cambiarla a la habitación 417 junto a otra paciente que mantenía un grado normal de consciencia, lo que le permitiría dar la alarma en caso de peligro. Insiste la Guardia Civil en que su máximo responsable en la provincia transmitió su preocupación al fiscal jefe de Orense, quien ordenó a la fiscal de violencia de género que se hiciese cargo del asunto. Ésta tenía previsto reunirse con los investigadores el viernes 8 de mayo, encuentro que quedó aplazado porque esa misma madrugada Aniceto logró acabar con la vida de su mujer.

Compromiso y diligencia

Tanto el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, como el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, defendieron desde el primer momento el “escrupuloso” trabajo de los agentes del cuerpo. Las tres principales asociaciones judiciales -Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria- emitieron un comunicado conjunto en defensa de la instructora en el que recuerdan que las medidas restrictivas de derechos “solo pueden ser adoptadas en el curso de un proceso penal cuando existen indicios racionales de criminalidad, sin que sea suficiente la mera sospecha sin acreditación indiciaria”. Nadie es culpable de nada.

La maniobra intoxicadora de la Guardia Civil para endosar las responsabilidades a la juez, recibida de manera acrítica por los medios de comunicación, es execrable. Si sus sospechas eran tan consistentes como aseguran fuentes del cuerpo una vez se consumó el asesinato, nada impedía el arresto de Aniceto y su posterior puesta a disposición judicial. Y tampoco necesitaba el instituto armado de respaldo judicial para extremar su custodia en el hospital.

Lo que no impide que también cause desasosiego la actuación de los jueces. A falta de determinar qué ha ocurrido en el caso de Isabel, sujeto al secreto del sumario, la judicatura parece reticente a la hora de dictar órdenes de protección a favor de las víctimas de la violencia machista. En 2014, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se solicitaron 33.167 órdenes de protección, de las que sólo se concedieron 18.775, el 57 por ciento. El pasado año murieron asesinadas 59 mujeres, y sólo cuatro de ellas disponían de alguna medida de protección en vigor.

Esa tendencia se refleja también en otras áreas de actuación de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, que parecen minimizar la gravedad de las conductas que investigan pues cada año se adoptan menos medidas cautelares, disminuye el número de procedimientos que llega los juzgados de lo Penal para su enjuiciamiento y se reduce el número de condenas dictadas.

Son síntomas que hacen temer que la lucha contra la violencia de género ha perdido impulso. Sobre todo, impulso político, acaso por la desaparición del Ministerio de Igualdad, creado por 2008 por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero para estimular las medidas recogidas en la Ley para la Igualdad y la Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que dirigió el profesor Miguel Lorente consiguió un amplio consenso social sobre la necesidad de extremar los esfuerzos en la lucha contra la violencia machista, así como un alto nivel de coordinación entre todos los estamentos implicados en su prevención. Hoy, ese organismo, diluido en el organigrama del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, apenas se dedica a llevar la contabilidad de las mujeres asesinadas.

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Ángeles Carmona, actual presidenta del Observatorio contra la Violencia de género y Doméstica. / CGPJ

Otro tanto ocurre con el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, cuya actual presidenta, la vocal del CGPJ Ángeles Carmona, anunció una investigación para esclarecer la muerte de Isabel. La pesquisa servirá de poco. Cuando nació bajo la presidencia de la magistrada Monserrat Comas, el Observatorio lideró la implicación de la judicatura en la lucha contra la violencia de género y se convirtió en referente de todos los sectores sociales comprometidos en el combate contra esa lacra. Hoy, el órgano que preside Carmona apenas es un repositorio estadístico sin capacidad alguna de liderazgo sobre los jueces.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, en un reciente dictamen sobre España, reclamó “reforzar la aplicación del marco legal con miras a asegurar que las autoridades competentes ejerzan la debida diligencia para responder adecuadamente a situaciones de violencia doméstica”. Eso es lo que cabe exigir a la judicatura y a las fuerzas de Seguridad, compromiso y diligencia, no estrategias para escurrir el bulto. Y no basta con periódicas campañas publicitarias, es necesario un nuevo empeño político que dé renovados bríos al objetivo de que, tras Isabel, ni una mujer más pierda la vida por el virus de la violencia machista que infecta a la sociedad española.

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