Apenas cumplido el primer año de vida en su actual mandato, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) atraviesa ya una soterrada crisis interna de importancia. En apariencia el conflicto radica en la renovación de la Comisión Permanente, pero tiene más que ver con un nuevo modelo de funcionamiento que no ha tardado en mostrar todas sus deficiencias.

Hace ahora un año, el Pleno del consejo aprobó por unanimidad la composición de la Permanente, órgano de gobierno interno de la institución. El pasado jueves, su renovación (con el cambio obligado por la dimisión de la vocal catalana Mercè Pigem) sólo consiguió catorce apoyos, mientras siete vocales votaron en contra. Todo un síntoma.

El problema es que quince de los vocales del consejo, los que no pertenecen a la Permanente, se sienten “de segunda categoría” porque la reforma impulsada por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón les impide dedicarse en exclusiva al cargo, que pasa a ser secundario respecto a su trabajo habitual. Es un sentimiento generalizado, aunque los elegidos a propuesta del Partido Popular (PP) no quieran exteriorizar la queja.

Dice el artículo 122.3 de la Constitución que el CGPJ “estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros”. El reformado artículo 566 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) repite esa fórmula de manera exacta. No soy jurista, así que eludiré el análisis jurídico, pero de esto de escribir algo sé. La fórmula legal utiliza la conjunción copulativa “y”, que enlaza palabras o sintagmas en relación de igualdad. Es decir, la norma coloca al presidente y al Pleno del CGPJ en el mismo plano.

En este nuevo modelo de CGPJ el eje de poder ha gravitado hacia la Presidencia, mientras que el Pleno se ha visto desapoderado en favor de la Comisión Permanente y comienza a tener ese papel secundario del que reniegan quince de sus miembros. Hay quien analiza que es la compensación ofrecida por Ruiz-Gallardón a la judicatura por haber traicionado la promesa electoral del PP de modificar el sistema de elección parlamentaria de los vocales: su reforma reduce el papel del pleno frente al del presidente, por ley magistrado del Tribunal Supremo.

Otros aseguran que el magistrado Carlos Lesmes presidió la comisión ministerial que fijó las bases de la reforma cuando ya sabía que estaba llamado a presidir el consejo, por lo que se fabricó un traje presidencialista a su medida. Sea como fuere, el nuevo ropaje incomoda, y el malestar además crece porque la Permanente no juega un papel moderador entre el presidente y el resto de los vocales.

Muy al contrario, Lesmes se ha hecho poco a poco con su control. Su maniobra para expulsar al juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional y alejarle de los sumarios que afectan al PP fue la confirmación porque obtuvo el apoyo no sólo de los vocales conservadores de la Permanente, sino también de Mar Cabrejas, en principio adscrita al sector progresista del consejo y hoy repudiada por su grupo.

La negativa de Lesmes a renovar la composición de una comisión con la que se siente muy cómodo ha provocado un mar de fondo inquietante. Los vocales aupados por el PSOE se ven poco y mal representado en la Permanente mientras en ella permanezca Cabrejas; los aupados por PNV e IU se sienten ya casi irrelevantes, y varios vocales de adscripción conservadora mascullan en silencio el resquemor que les provoca el incumplimiento de un presidente que prometió llevarles al centro del poder del consejo a cambio de su apoyo en momentos complejos. Es posible que nunca estalle la tempestad, pero de momento soplan malos vientos.

Poder desaparecido

La pérdida de importancia del pleno del CGPJ ha contaminado a toda la institución, que cada vez desempeña un rol en el debate público sobre la Justicia más irrelevante. El murmullo crítico de la judicatura evoluciona hacia el clamor, y no son pocos los jueces que hoy ven en el consejo más una dirección general del Ministerio de Justicia que el órgano encargado de asegurar su independencia.

Esta pequeña intrahistoria de un consejo cada vez peor avenido ocurre lejos de los focos de los medios. Tan preocupante (o más) que el cisma interno (el vocal Enrique Lucas utiliza el término “fractura”) lo es el hecho de que el órgano de gobierno del tercer poder del Estado haya desistido de su función interlocutora ante los ciudadanos.

El CGPJ que preside Lesmes ha adoptado una política de comunicación propia de tiempos periclitados: ha reducido su relación con los medios al envío de muchos comunicados de prensa, la mayoría de contenido intrascendente, mientras que ha blindado el organismo a todo intento externo de acceso a la información. El resultado es un cierto aislamiento en una época en la que la apuesta de las instituciones públicas por la transparencia y los techos de cristal ya no puede ser una proclama vacía, sino un compromiso efectivo.

Alguien podrá pensar que es poco elegante por mi parte criticar a los nuevos compañeros al frente de la Oficina de Comunicación del CGPJ, a la que pertenecí hasta enero de 2014. No sólo les conozco, sino que les tengo por amigos. Y no son el objetivo de mi crítica porque no es suya la responsabilidad última de lo que ocurre. El artículo 598.8 de la reformada LOPJ recoge entre las competencias exclusivas del presidente del consejo la de “dirigir la comunicación institucional” del órgano.

Y Lesmes la ejerce sin disimulo. Él decidió que este consejo no tuviese más portavoz que él mismo, y también es él quien diseñó una sutil estrategia de presión para cercenar los contactos de los vocales con la prensa. Convertido en único representante autorizado del CGPJ ante los medios, en un año ha protagonizado una comparecencia sin preguntas, una rueda de prensa, un desayuno informativo y ha concedido unas pocas entrevistas en las que ha hablado más sobre la corrupción política que sobre recetas para solucionar los graves problemas que atenazan a la administración de Justicia.

Pretender ser el único portavoz/interlocutor ante los medios de comunicación de una institución del rango del CGPJ y acompañar ese intento de una estrategia dirigista de la comunicación termina por dejar al órgano sin voz. Desde que el actual consejo gobierna la judicatura, la Justicia ha vivido momentos convulsos por el mantenimiento de las contestadas tasas judiciales, ha alcanzado tal grado de saturación que ya se señalan vistas en varias jurisdicciones para 2018 y 2019 sin mayor escándalo, y ha protagonizado choques con el Poder Ejecutivo como el provocado por la acumulación de penas de presos etarras. Son algunos ejemplos de todo lo que ha ocurrido en el último año sin que el órgano de gobierno de la judicatura haya dicho nada al respecto.

Algunas voces defienden esta estrategia que aleja al Poder Judicial de las polémicas públicas. Discrepo. No es bueno que la ciudadanía no sepa qué opina el órgano de gobierno de los jueces de los problemas grandes y pequeños que entorpecen la acción de la Justicia; peor es que empiece a creer que no tiene opinión al respecto, o que es irrelevante. Creo que tampoco es bueno que la opinión pública no esté al tanto de lo que acontece en una institución tan relevante para el esquema democrático. Pero lo que de verdad me parece terrible es que, a estas alturas, ya a casi nadie le importa.