Una Justicia demasiado cara

El Estado ha recaudado, entre el 17 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2014, 512.468.000 euros en concepto de tasas judiciales. Hay otra forma de presentarlo: los ciudadanos han tenido que desembolsar más de 512 millones de euros para acceder a la Justicia desde que entró en vigor la Ley 10/2012 que impulsó el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón. El dato ha podido conocerse gracias a una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno a una pregunta formulada a finales del pasado año por un diputado socialista. El ministerio no facilita ninguna otra información al respecto.

El exministro de Justicia al término de un Consejo de Ministros.

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón al término de un Consejo de Ministros

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El Supremo da la espalda a Europa

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, tras cuatro horas de debate y una disputada votación, optó ayer martes por dar la espalda a Europa. Lo hizo para evitar que un nuevo paso adelante dado en la construcción del denominado espacio judicial europeo se tradujese en un goteo de excarcelaciones de etarras que cumplen largas condenas por graves crímenes. Es una apuesta arriesgada: que asesinos como Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, salgan de prisión antes de lo previsto es una mala noticia, pero la posibilidad de que pueda volver a ocurrir en un futuro cercano si los tribunales europeos desautorizan el criterio de la máxima instancia judicial española lo es aún peor.

Fachada principal del palacio que es sede del Tribunal Supremo

Fachada principal del palacio que es sede del Tribunal Supremo

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Peligrosa pirueta del Gobierno en la lucha contra la corrupción

El arranque del plan del Gobierno contra la corrupción ha dejado boquiabiertos a propios y extraños. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para limitar a seis meses el plazo de instrucción de las causas penales no es más que humo desvaído por la brisa; en cambio, en peligrosa pirueta realizada sin previo aviso, el texto incluye un aval a la interceptación de las comunicaciones sin permiso judicial de muy dudosa constitucionalidad.

Rafael Catalá,ministro de Justicia.

Rafael Catalá,ministro de Justicia.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, debutó el pasado viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para presentar la primera de las iniciativas contra la corrupción anunciadas diez días antes por el presidente del Gobierno. Jueces y fiscales esperaban el momento en alerta máxima: limitar el plazo de investigación sin modificar el actual modelo de justicia penal es inviable o una manera poco sutil de impedir la investigación de la mayoría de los delitos, sobre todo de aquellos tan complejos como los relacionados con la corrupción político-económica.

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El ineficaz plan de Rajoy contra contra la corrupción

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no decepcionó en su comparecencia del pasado jueves en el Congreso: nadie esperaba casi nada del paquete de medidas que presentó para combatir la corrupción político-económica, y eso ofreció, más o menos nada. El catálogo anunciado por el jefe del Ejecutivo cojea en su contenido, pero sobre todo falla en aspectos cruciales de la lucha contra la corrupción que quedan fuera del plan gubernamental.

El presidente y la vicepresidenta del Gobierno, durante el debate parlamentario del pasado jueves.

El presidente y la vicepresidenta del Gobierno, durante el debate parlamentario del pasado jueves.

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Abogados enredados

El pasado 20-N, la abogacía española vivió una jornada significativa. Ese día, al cumplirse dos años de la promulgación de la ley que implantó las tasas judiciales, culminó una gran movilización masiva de abogados, la primera gestionada desde y para las redes sociales, que exigía su derogación.

Como ya ocurriera con otras protestas de la abogacía contra los intentos del Gobierno de limitar el acceso de los ciudadanos a la administración de Justicia, el balance es agridulce. La Ley de Tasas ahí sigue, inalterable, y no parece que la situación vaya a cambiar a corto plazo. Pero la ‘brigada tuitera’, como se autodenominaron los promotores de la protesta, logró que el hashtag #TodoscontraTasas (#T) fuese trending topic esa noche.

Imagen obtenida en Twitter del acto que cerró la campaña #T en el Colegio de Abogados de Madrid

Imagen obtenida en Twitter del acto que cerró la campaña #T en el Colegio de Abogados de Madrid

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La insoportable bipolaridad de la Justicia

La juez de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, atraviesa una mala racha en la instrucción del proceso derivado de la ‘operación Pokémon’, una investigación de Vigilancia Aduanera que sacó a la luz una presunta trama de corrupción que afecta a varios ayuntamientos gallegos, en su mayoría en manos del Partido Popular. Hace unas semanas se vio obligada a desimputar al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, a quien durante cinco meses mantuvo en el proceso imputado de un delito de cohecho.

La juez de Lugo Pilar de Lara.

La juez de Lugo Pilar de Lara.

Cinco meses pese a que la juez tuvo sobre su mesa muy pronto la declaración del propio alcalde, que negó ser uno de los interlocutores de la conversación pinchada por Vigilancia Aduanera en la que se gestó el presunto cohecho. Y no sólo eso, otro militante del PP, José Manuel Vilaboy Lois, reconoció ser quien en esa cinta negociaba con el representante de una empresa privada el sucio pago.

Pese a ello, la juez mantuvo la imputación de Rey Varela hasta que una pericial realizada por el servicio de Criminalística de la Policía certificó que el primer edil ferrolano no intervino en la conversación. Sólo entonces De Lara decretó en lo que a él respecta el sobreseimiento libre de la causa. Eso sí, al alcalde de Ferrol ya nadie le quita los cinco meses de presunta culpabilidad ante la opinión pública. Sigue leyendo

La sospechosa privatización del Registro Civil

El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, parece dispuesto a revisar (que no anular) los planes de su antecesor para privatizar el Registro Civil. Poco más se sabe de un asunto que el ministerio maneja con tanta opacidad que ha hecho saltar las alarmas en quienes se barruntan que algo oscuro esconde un proceso en el que se vislumbran pingües beneficios a costa de datos sensibles de los ciudadanos.

La Ley de Registro Civil de 2011 se aprobó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular pese a su fracaso al intentar enmendarla para abrir una vía a la privatización del servicio. Pero como una vacatio legis la mantiene congelada hasta julio de 2015, el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó en 2012 un anteproyecto de reforma integral de los registros que facilitaba su externalización, según el eufemismo de moda. Sigue leyendo

La agenda oculta de los desahucios

El Estado español está a punto de batir un récord difícil de igualar: ha conseguido que el  Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbe la decimonónica legislación que regulaba la materia hipotecaria y que desbarate también la reforma legal acometida para superar las carencias iniciales. ¿Incompetencia? No, lo ocurrido es la consecuencia de la agenda oculta que obliga al Ejecutivo a legislar en pretendida defensa del hipotecado, pero siempre a favor de los bancos.

Todo empezó el 14 de marzo de 2013, cuando el TJUE hizo inviable la norma que impedía frenar un desahucio aunque un juez investigase si la hipoteca impagada incluía cláusulas abusivas. Es el famoso ‘caso Aziz contra Catalunyacaixa (C-415/11)’ abierto a raíz de la cuestión prejudicial elevada por el juez de lo Mercantil 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo. Sigue leyendo

De fueros y desafueros

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

El entrecomillado corresponde al artículo 14 de la Constitución de 1978. Es un mandato taxativo (“los españoles son”) sobre el que todo lo que hay que escribir está ya escrito por plumas mucho más doctas que la mía.

También hay amplia literatura sobre el convencimiento de la mayoría de los ciudadanos de que ese mandato no se cumple. El temor de que en España haya una Justicia para ricos y otra para pobres es antiguo, sin que los poderes públicos se hayan esforzado en despejar las dudas existentes. Sigue leyendo