Catalá provoca hastío en los jueces

AVISO: Este artículo fue publicado el pasado 4 de mayo en El Faro de Temis, blog del autor alojado en la web cuartopoder.es

Europa Press
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, gusta de arriesgar el tono que imprime a sus intervenciones públicas, con las que procura desviar el foco de atención de asuntos que le resultan espinosos. Es ese un grave inconveniente para un miembro del Gobierno que tras siete meses en el cargo ha sido noticia por la enmienda a la totalidad que ha planteado a la gestión de su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, pero que no ha impulsado una producción legislativa propia digna de ese nombre. No queda legislatura suficiente para hacerlo, así que la judicatura le considera ya un inane paréntesis, un ocupante fugaz de un departamento en el que deja como herencias frivolidades como su apuesta por modernizar la administración de Justicia a golpe de SMS o sancionar a los medios de comunicación que informen sobre investigaciones judiciales protegidas por un secreto del sumario que sigue sin disponer de una adecuada regulación.

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La falsa reforma de Catalá contra la corrupción

AVISO: Comentario publicado el pasado lunes 9 de marzo en El Faro de Temis, blog del autor alojado en Cuarto Poder.

 

El arte de la política es a veces tan taimado que nada ocurre sin su correspondiente doblez. El Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que pretende agilizar la Justicia para mejorar la lucha contra la corrupción. La iniciativa, sin embargo, es inocua y llegará al Parlamento sin apenas tiempo para ser debatida y aprobada, lo que permite pensar que su objetivo es distinto al proclamado.

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante una reciente visita oficial a Badajos. / (Foto: EFE)

Quiere la reforma de la LECrim impulsada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, acabar con los sumarios interminables. Para ello, elimina el inoperante plazo de un mes que la actual ley fija para concluir un proceso y lo sustituye por otro “más realista” de seis meses, prorrogables a 18 en el caso de investigaciones complejas.

Un férreo sistema de plazos no sólo no agiliza el proceso sino que puede colapsar los sumarios y hacer inviable la investigación de delitos complejos. Consciente de ello, y para evitar cualquier suspicacia, el propio ministro ha enfatizado que no son plazos rígidos e incluso el de 18 meses debe manejarse “con flexibilidad” y podrá ser prorrogado “de manera indefinida” cuando sea necesario.

Es decir, el mecanismo de los plazos no va a ser operativo. De lo contrario sería imposible investigar episodios como el caso Gürtel, una investigación iniciada en 2008 que ha estado en manos de cuatro jueces (el quinto llegará en unas semanas) y ha pasado por tres tribunales distintos. Sigue leyendo

Enmienda a la totalidad a Ruiz-Gallardón

Tomo prestado el título de este comentario de la periodista Sonia Sánchez, de la Cadena SER, porque resume a la perfección lo que ha supuesto el círculo que en estos días cierra el Gobierno presidido por Mariano Rajoy: casi toda la obra de su primer ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido revisada, corregida y en su mayoría anulada. Es un hecho insólito en democracia: acostumbrados estamos a que los gobiernos de turno incumplan sus programas electorales, pero nunca antes se había producido una rectificación de este calado excepto, salvando las distancias, el famoso cambio de criterio del Gobierno de Felipe González respecto a la pertenencia de España a la OTAN.

Rafael Catalá (iqda) conversa con su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que acudió a la  ceremonia de traspaso de poderes en el Ministerio de Justicia.

Rafael Catalá (iqda) conversa con su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que acudió a la ceremonia de traspaso de poderes en el Ministerio de Justicia.

Ha sido, por tanto, una legislatura perdida para la administración de Justicia, que no es lo mismo que una legislatura en blanco, porque tres años y medio después los juzgados y tribunales están en peor situación de lo que estaban cuando el PP ganó las elecciones  y Rajoy pasó a ocupar La Moncloa. Sigue leyendo

Juzgados colapsados, ciudadanos indefensos

La Justicia está al borde del colapso”. Es una frase hecha que ha desaparecido de las informaciones sobre el estado de la administración de Justicia española porque lleva ya tantos años al borde del colapso que esa es ya una de sus señas de identidad. Aunque nadie ha precisado nunca dónde está ese borde, y a menudo me pregunto si juzgados y tribunales no la habrán superado ya hace tiempo sin que nos hayamos dado cuenta.

Al menos es lo que puede haberles sucedido a 1.695 órganos judiciales, el 43,5 por ciento de los existentes, que son 3.894 entre juzgados y tribunales. Las cifras las aporta la Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un informe titulado “Órganos que sobrepasan el 150 % de la carga de trabajo”, y que son casi la mitad de los existentes según el estudio, cerrado con fecha 31 de diciembre de 2013. Sigue leyendo

La desfasada imagen de la Justicia

La Justicia española sólo tiene marcada una fecha en rojo en su calendario, la de la apertura del año judicial, solemne ceremonia en la que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), junto al fiscal general del Estado, rinden cuentas ante el jefe del Estado de la actividad realizada por las instituciones que encabezan durante el último año.

Suele ser en septiembre; este año tocó ayer miércoles. El rito se celebró, como siempre, en un Salón de Plenos del Supremo atestado en esta ocasión por tratarse de la primera vez que lo presidía Felipe VI, hecho que coincidió con el debut de Carlos Lesmes como cabeza visible de la judicatura.

Un momento del acto de apertura del año judicial.

Un momento del acto de apertura del año judicial.

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Abogados con oficio

El pasado jueves 24 de julio, un millar de abogados, toga en ristre, se manifestaron en Madrid contra el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG) y en defensa del turno de oficio. Los convocantes consideran un éxito la convocatoria, pero a mí las imágenes de un puñado de letrados desfilando por el paseo de Recoletos me dejaron un cierto regusto amargo a fracaso.

Manifestación de abogados en Madrid.

Manifestación de abogados en Madrid.

 

No fallaron los letrados: entre los manifestaban estaban los máximos responsables de los 82 colegios de abogados de España, así como los del Consejo General de la Abogacía, con lo que cabe entender que esos mil letrados recogieron el malestar mayoritario de la profesión. Como ya ocurriera con la Ley de Tasas, la abogacía ha asumido casi en solitario la responsabilidad de frenar lo que no deja de ser un duro recorte a la justicia gratuita. Sigue leyendo