AVISO: Este artículo fue publicado el pasado 13 de julio en El Faro de Temis, blog del autor alojado en cuartopoder.es

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, sorprendió la semana pasada a propios y extraños al apostar por que la investigación de las causas penales sea atribuida al Ministerio Fiscal. Por una vez y sin que sirva de precedente, tiene razón, pero sus palabras han causado desconcierto porque llegan cuando ya es evidente que en esta legislatura que fenece tampoco se abordará el necesario cambio de modelo judicial -y sobre todo de modelo de justicia penal- porque el actual, agotado, es incapaz de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

La posición de Lesmes, al menos tal y como la planteó en un desayuno informativo,  parece más utilitarista que conceptual: la Fiscalía está dotada de una estructura colegial más flexible que permite que varios fiscales cooperen en la investigación de aquellos procesos más complejos, por ejemplo los que investigan supuestos de corrupción política y económica, lo que contribuye a una mayor eficacia y agilización de la causa. En cambio, «atribuir la enjundia a una sola persona constituye un importantísimo obstáculo para la ágil instrucción«, señaló con florido verbo. La figura del juez instructor adolece de «límites» importantes para poder abordar investigaciones muy complejas, insistió.

Es un argumento más a favor de encomendar al Ministerio Fiscal la investigación de los ilícitos penales, aunque no nuevo porque ya formaba parte del arsenal de los defensores de esta tesis, una mayoría más que solvente en el seno de la comunidad jurídica. El plazo de seis u ocho años que un juez instructor necesita, de media, para concluir la instrucción de sumarios como el ‘caso Gürtel’ o ‘caso de los ERE’ o el ‘caso Palma Arena’ y tantos otros podría reducirse a la mitad sólo con encomendar la instigación a la Fiscalía, tal y como reconocen muchos magistrados.

Pese a compartir entonces las tesis de Lesmes, a muchos jueces y fiscales les han confundido, cuando no molestado, sus palabras. Fueron pronunciadas en un foro público en el que él eligió el tema a abordar, y escogió defender que la instrucción debe estar en manos de los fiscales a pesar de que ha guardado un espeso silencio cuando ha tenido mejores ocasiones para hacerlo; por ejemplo, cuando este Gobierno renunció a abordar tan ambiciosa reforma y optó por una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) de corto alcance y dudosa eficacia. Claro que Lesmes nunca ha sido partidario de molestar a este Ejecutivo.

Es curioso. Una de las razones de quienes se oponen a que los fiscales asuman la instrucción penal es que, sometidos todos los miembros de la carrera fiscal al principio de unidad de actuación y dependencia jerárquica, el hecho de que el fiscal general del Estado sea elegido por el Gobierno rompe su imprescindible imparcialidad. Si esto fuera cierto, algún gobierno habría conseguido atraer a su área de influencia tan suculento pastel. Pero hasta ahora no ha habidos pasos serios en ese sentido.

Proyectos para cambiar el modelo judicial, en los últimos treinta años sólo ha habido dos o ninguno, según se mire. El primero de ellos, que gozó de amplio respaldo por su solidez técnica, fue impulsado por el ministro socialista Francisco Caamaño, pero con tan escasa convicción que esa reforma de la LECr llegó al Parlamento cuando ya agonizaba la legislatura, sin tiempo suficiente para ser aprobado y cuando era evidente que el vendaval de la crisis económica iba a desalojar del poder al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Aquel proyecto pudo ser heredado por Alberto Ruiz-Gallardón, pero todos los ministros de Justicia de la democracia sufren en el cargo el síndrome Alonso Martínez: todos quieren poner su nombre a una ley que perdure para la posteridad. Así que el exalcalde de Madrid prefirió empezar de cero y creó una comisión que elaboró un texto nuevo que llegó a la misma meta que el anterior aunque con soluciones jurídicas mucho menos brillantes; cuando el trabajo estuvo concluido, el ministro lo abandonó a su suerte. Su sucesor y actual titular de la cartera, Rafael Catalá, tardó segundos en desechar tan  ambicioso proyecto.

¿Habrá más suerte en la nueva legislatura que ya se deja ver en el horizonte? Parece complicado. Para ello es necesario que el partido ganador esté decidido a cambiar el modelo judicial, disponga de la suficiente fuerza parlamentaria para hacerlo y sea capaz de concitar los consensos necesarios para evitar que el cambio se asocie con una opción partidista, condiciones que a día de hoy parece difícil que puedan darse. Toca esperar, aunque un primer indicio aparecerá en los denostados programas electorales de los distintos partidos: hasta le fecha, ningún partido ha incluido la instrucción sumarial por parte del fiscal en su oferta programática.

Corrupción galopante

El ‘caso Nóos’, con el que ahora caminan hacia el banquillo de los acusados la Infanta Cristina y su marido entre otros imputados, comenzó a investigarse en 2010; es unánime el reconocimiento al juez José Castro por esfuerzo y al volumen de trabajo dedicados a llevar a puerto esta causa. La juez Mercedes Alaya empezó a indagar el ‘caso ERE’ en 2011, y a fecha de hoy es imposible vislumbrar cuándo llegará el final. El ‘caso Gürtel’ comenzó a investigarse en 2008; a finales de 2016, con suerte, serán juzgados sólo aquellos imputados afectados por el contenido de los papeles de Bárcenas, conocidos en enero de 2013.

Son solo algunos ejemplos. Alguien puede alegar que es una selección demagógica, que son casos que responden a comportamientos realizados en años de corrupción generalizada que ya es difícil puedan volver a repetirse, que son casos excepcionales. Es cierto que son sumarios peculiares, pero no que la sociedad española haya logrado desinfectarse ya del virus de la corrupción. En los seis primeros meses de este 2015, solo la Policía ha detenido a 201 personas en 22 operaciones contra tramas implicadas en delitos como cohecho, malversación, blanqueo o tráfico de influencias, ente otros.

Los datos los facilitó días atrás el director general del cuerpo, Ignacio Cosidó, que recordó que esas investigaciones se suman a las 233 abiertas entre 2012 y 2014 que aún siguen abiertas. En aquellos tres años, Policía investigó a 1.944 personas y detuvo a 803 sospechosos de corrupción. Lejos de decrecer, el número de casos se incrementó con el paso del tiempo: en 2014 creció un 50 por ciento con respecto del año anterior y se practicaron unas 200 detenciones, cifra ya superada en los primeros seis meses de 2015.

La corrupción le cuesta mucho dinero al contribuyente y genera un peligroso desapego del ciudadano hacia las instituciones democráticas que puede llegar a poner en riesgo el sistema. El combate contra la corrupción debe ser eficaz y célere, y para hacer más eficiente y rápida la respuesta judicial una buena opción es entregar la instrucción de las causas penales al fiscal. O a lo mejor no, pero en todo caso habría que estudiar el tema. Algo que nuestros legisladores no parecen en absoluto dispuestos a hacer. Ellos sabrán.