Las peligrosas amistades del Supremo

AVISO: Este artículo fue publicado el pasado 20 de julio en El Faro de Temis, blog del autor alojado en la web cuartopoder.es

Tribunal-Supremo

Fachada principal del Tribunal Supremo.

“Habría que someter un poco a una crítica la participación en ese tipo de coloquios con esas esponsorizaciones”. Aunque en apariencia tímida, la respuesta del magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez al ser interrogado la pasada semana sobre la frecuente presencia de algunos de sus compañeros de corte en seminarios o coloquios patrocinados por bancos y grandes empresas tiene un punto de gallardía, porque pone el dedo en la llaga de un pequeño escándalo sobre el que la judicatura siempre ha corrido un tupido velo cómplice.

Los magistrados del Supremo –no solo ellos, pero sobre todo ellos- han disfrutado siempre de dos vías para obtener un complemento salarial a sus abultados emolumentos. La primera es la tutoría o preparación de opositores al ingreso en la carrera judicial, algo hoy en declive desde que el exministro Alberto Ruiz-Gallardón cerró a cal y canto el acceso a la judicatura. Y la segunda vía es la participación remunerada en todo tipo de eventos –cursos, seminarios, jornadas, charlas, coloquios, paneles de expertos…- sufragados por distintos tipos de entidades financieras y compañías mercantiles. También poderosos bufetes jurídicos.

En este último caso, y sin entrar a valorar la estética del hecho, hace ya mucho tiempo que comenzaron a sonar ciertas alarmas entre la comunidad jurídica  porque esos bancos o empresas o despachos patrocinadores de actos en los que participan magistrados del Supremo bajo precio suelen ser clientes habituales de la administración de Justicia. Y tal y como repite sin descanso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un juez no solo está obligado a ser imparcial –imparcialidad objetiva-, sino que está además obligado a parecerlo –imparcialidad subjetiva– porque ese es un derecho básico del justiciable.

El magistrado Giménez defendía ante los micrófonos de la Cadena SER que los jueces  “no solo deben ser, sino también parecer imparciales”, para justificar la condena impuesta por un tribunal que él presidió al exjuez Baltasar Garzón, inhabilitado durante once años por interceptar las conversaciones en prisión de los imputados del ‘caso Gürtel’ con sus abogados. Que el juez “sea y parezca imparcial” es uno de los pilares, en su opinión, del proceso penal. Por eso, cuando fue interrogado sobre las charlas y coloquios patrocinados que frecuentan sus compañeros, no tuvo más remedio que mostrarse un tanto crítico.

Al hilo de aquel proceso contra Garzón, en mayo de 2012 un grupo de juristas denunció ante el Consejo General del Poder Judicial las sospechosas compañías que frecuentaban algunos de los magistrados del Supremo, en concreto las de abogados de implicados en la ‘trama Gürtel’ con quienes compartían actividades académicas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid patrocinadas por empresas que mantenían alguna vinculación con esos mismos imputados. De la denuncia nunca más se supo, pues no consta que haya sido investigada ni contestada por el órgano de gobierno de los jueces.

Los ejemplos de magistrados del Supremo entregados a ese tipo de relaciones son frecuentes. Manuel Marchena, hoy presidente de la Sala Segunda de este tribunal, y José Manuel Maza fueron años atrás habituales conferenciantes en foros organizados por el Bufete Garrigues. Y el primero de ellos ha mantenido estrecha relación con la editorial La Ley, propiedad de la consultora Walters Kluwer de la que el exministro José María Michavila es presidente del consejo asesor, al que también pertenece el exministro Ángel Acebes.

Joaquín Giménez

Joaquín Giménez, magistrado del Tribunal Supremo. / Efe

Los nombres de los magistrados Marchena, Maza o Antonio del Moral, entre otros, figuran entre los del profesorado del Instituto Europeo de Práctica Jurídica Schola Iuris, entidad privada algunos de cuyos másteres superan los 10.000 euros de coste y en los que también son profesores el exmagistrado Adolfo Prego (abogado de Dolores de Cospedal, secretaria general del PP), y los exfiscales Ignacio Gordillo y Florentino Ortí junto al abogado Luis Rodríguez Ramos, letrados todos de varios imputados en el ‘caso Gürtel’.

Juan Saavedra, antecesor de Marchena al frente de la Sala de lo Penal del Supremo, es miembro del consejo asesor del Centro de Formación Datadiar que dirige el principal responsable del Bufete Díaz Arias y con el que colabora con frecuencia el magistrado Julián Sánchez Melgar. Y su compañero Miguel Colmenero ha dirigido varios foros organizados por la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), patrocinada por empresas como Caixa Galicia, Banc Sabadell, Banesto, Telefónica, Repsol, Gas Natural, Enagás y otras, así como importantes despachos de abogados. Colmenero también fue un habitual en los cursos de la Fundación de Análisis y Estudios Sociales (FAES) que preside José María Aznar entre 2005 y 2008 junto a su entonces compañero Prego.

Estas son solo algunas pinceladas, el fenómeno es más amplio y se expande por otras salas del Supremo. Empieza a afectar también a la Audiencia Nacional, donde uno de los magistrados llamados a juzgar la trama corrupta desvelada gracias a los papeles de Bárcenas, Enrique López, ha sido cuestionado entre otras razones por su fluida relación con FAES. Aunque también es cierto que en ese órgano judicial son varios los magistrados que han rechazado participar en este tipo de actos pagados y lo han hecho de manera pública, lo que de algún modo ha empezado a retraer a otros compañeros más proclives a aceptar este tipo de invitaciones.

La participación en este tipo de cursos, conferencias y coloquios no es ilegal. En todos los casos en los que es preceptivo, los magistrados del Supremo solicitan y obtienen el correspondiente permiso del Consejo General del Poder Judicial. Es muy posible que sea injusto sospechar de ellos, pero se trata de una situación que permite la sospecha por lo que debería ser eliminada de raíz. La ciudadanía tiene derecho a que nada le haga dudar de la recta actitud de su Tribunal Supremo.

El pasado miércoles, el CGPJ renovó la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal con el conocido escándalo. Permanezcan atentos a sus pantallas, porque habrá más polémica cuando salgan a la luz en torno al elegido, Luis Díaz-Picazo (un buen jurista manchado ya por la duda), nuevos fantasmas convocados por las peligrosas amistades del Supremo.

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