El ventilador de Bárcenas

AVISO: Este artículo se publicó el pasado 6 de julio en El Faro de Temis, blog del autor alojado en cuartopoder.es

Luis Bárcenas

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, tras una de sus comparecencias en la Audiencia Nacional. / Efe

El Partido Popular se financia de manera ilegal desde 1982 por decisión de quienes han sido sus máximos responsables desde esa fecha: Manuel Fraga, Antonio Hernández Mancha, José María Aznar y Mariano Rajoy. Quien así lo afirma es Luis Bárcenas Gutiérrez, extesorero y exgerente del partido. Pero no es una denuncia, es apenas una velocidad más imprimida al ventilador que este personaje puso en marcha en 2013 para intentar de apartar de sí el foco que la justicia había puesto sobre él al investigar el ‘caso Gürtel’. Es una acusación que en nada mejora su situación procesal, y sus abogados defensores lo saben, pero permite augurar que la actuación judicial en asuntos de corrupción seguirá marcando la agenda política en 2016. Sigue leyendo

El asalto al Registro Civil

AVISO: Este artículo fue publicado el pasado lunes 13 de marzo en El Faro de Temis, blog alojado en cuartopoder.es

El Registro Civil quedará privatizado el próximo 22 de julio. Ese es uno de los pocos datos que se puede afirmar con cierta firmeza de un proceso que el Gobierno ha convertido en un galimatías jurídico-administrativo y que ha rodeado de un halo de oscurantismo que ha alimentado las peores sospechas. Aún quedan muchas incógnitas por desvelar, pero ese día entra en vigor una ley que entrega a los registradores de la propiedad y mercantiles la gestión del archivo que almacena los datos personales de los españoles; es algo que ya no pueden evitar ni las manifestaciones celebradas este pasado sábado en varias ciudades españolas ni algunas iniciativas parlamentarias que, a la desesperada, impulsan grupos minoritarios.

Trabajadores del Registro Civil protestan en Madrid contra la privatización del organismo. / Emilio Naranjo (Efe)

Trabajadores del Registro Civil protestan en Madrid contra la privatización del organismo. / Emilio Naranjo (Efe)

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Enmienda a la totalidad a Ruiz-Gallardón

Tomo prestado el título de este comentario de la periodista Sonia Sánchez, de la Cadena SER, porque resume a la perfección lo que ha supuesto el círculo que en estos días cierra el Gobierno presidido por Mariano Rajoy: casi toda la obra de su primer ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido revisada, corregida y en su mayoría anulada. Es un hecho insólito en democracia: acostumbrados estamos a que los gobiernos de turno incumplan sus programas electorales, pero nunca antes se había producido una rectificación de este calado excepto, salvando las distancias, el famoso cambio de criterio del Gobierno de Felipe González respecto a la pertenencia de España a la OTAN.

Rafael Catalá (iqda) conversa con su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que acudió a la  ceremonia de traspaso de poderes en el Ministerio de Justicia.

Rafael Catalá (iqda) conversa con su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que acudió a la ceremonia de traspaso de poderes en el Ministerio de Justicia.

Ha sido, por tanto, una legislatura perdida para la administración de Justicia, que no es lo mismo que una legislatura en blanco, porque tres años y medio después los juzgados y tribunales están en peor situación de lo que estaban cuando el PP ganó las elecciones  y Rajoy pasó a ocupar La Moncloa. Sigue leyendo

La forzada renuncia de Torres-Dulce

A veces no es fácil el ejercicio periodístico. Coinciden hoy casi todos los medios de comunicación en que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, presentó este jueves su dimisión por la falta de sintonía (versión amable), cuando no por su abierto enfrentamiento (versión más dura), con el Gobierno. Pero casi ninguno de ellos repara en que esa explicación, en cualquiera de las dos interpretaciones, no justifica una renuncia de este tipo. En realidad, el jefe del Ministerio Fiscal abandona forzado por un Ejecutivo que busca un respiro en el frente judicial ante un año tan electoral como 2015.

Eduardo Torres-Dulce, ex fiscal general del Estado.

Eduardo Torres-Dulce, ex fiscal general del Estado.

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Peligrosa pirueta del Gobierno en la lucha contra la corrupción

El arranque del plan del Gobierno contra la corrupción ha dejado boquiabiertos a propios y extraños. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para limitar a seis meses el plazo de instrucción de las causas penales no es más que humo desvaído por la brisa; en cambio, en peligrosa pirueta realizada sin previo aviso, el texto incluye un aval a la interceptación de las comunicaciones sin permiso judicial de muy dudosa constitucionalidad.

Rafael Catalá,ministro de Justicia.

Rafael Catalá,ministro de Justicia.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, debutó el pasado viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para presentar la primera de las iniciativas contra la corrupción anunciadas diez días antes por el presidente del Gobierno. Jueces y fiscales esperaban el momento en alerta máxima: limitar el plazo de investigación sin modificar el actual modelo de justicia penal es inviable o una manera poco sutil de impedir la investigación de la mayoría de los delitos, sobre todo de aquellos tan complejos como los relacionados con la corrupción político-económica.

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El ineficaz plan de Rajoy contra contra la corrupción

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no decepcionó en su comparecencia del pasado jueves en el Congreso: nadie esperaba casi nada del paquete de medidas que presentó para combatir la corrupción político-económica, y eso ofreció, más o menos nada. El catálogo anunciado por el jefe del Ejecutivo cojea en su contenido, pero sobre todo falla en aspectos cruciales de la lucha contra la corrupción que quedan fuera del plan gubernamental.

El presidente y la vicepresidenta del Gobierno, durante el debate parlamentario del pasado jueves.

El presidente y la vicepresidenta del Gobierno, durante el debate parlamentario del pasado jueves.

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La arriesgada querella del fiscal contra Mas

Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado.

Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado.

La judicialización de la política y la politización de la justicia, esas dos rémoras que debilitan la credibilidad de la Justicia española, son las dos caras de una misma moneda. Se trata de un fenómeno retroalimentado en virtud del cual las fuerzas políticas llevan a los tribunales aquellas batallas que no aceptan haber perdido en el terreno del debate parlamentario o público; precisamente por eso, esas mismas fuerzas políticas se afanan en controlar la administración judicial en un intento de asegurarse los triunfos que no han sido capaces de lograr con su acción política.

Esa maraña de intereses cruzados es la que enrarece el clima en el que se ha gestado la querella del Ministerio Fiscal contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros miembros de su gobierno por el simulacro de consulta celebrado el pasado 9 de noviembre en Cataluña. Habrá que leer con cuidado el texto de la misma una vez se presente en sede judicial, pero hasta ese momento ya puede asegurarse que se trata de una iniciativa que empieza mal, por lo que es muy difícil que acabe bien. Sigue leyendo

Una Justicia inerme ante la corrupción

Francisco José Granados Lerena es un militante del Partido Popular (PP) que entre el 25 de julio de 2008 y el 17 de junio de 2011 ostentó el cargo de Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. A finales de 2009 puso en pie de guerra a los abogados de oficio madrileños porque suspendió durante meses el pago de sus haberes. “Hay personas que han elegido una profesión liberal y han decidido convertirse en funcionarios sin oposición y vivir únicamente del turno de oficio, y eso no se pude mantener”, explicó.

En 2010, limitó por decreto el acceso a la justicia gratuita: “El Gobierno de la Comunidad de Madrid no está dispuesto a seguir manteniendo los abusos que se están produciendo en la aplicación del turno de oficio”, insistió. En 2011, abogó por devolver al Estado las competencias en materia de Justicia porque son “caras y complicadas”, “no tienen ningún sentido”, y por eso en Madrid su gestión se ha convertido en “un carajal”.

Sí, es el mismo Francisco Granados que acaba de ser encarcelado por encabezar la trama desarticulada con la ‘operación Púnica’, una vasta red corrupta que conseguía la adjudicación de numerosos contratos públicos a cambio de pingües comisiones que han ido apareciendo almacenadas en cuentas de diversas entidades bancarias de Suiza, varias de ellas a su nombre. Sigue leyendo

El enredo del aborto

Parece que no habrá nueva Ley del Aborto. Según una información del diario El Mundo que todos los medios de comunicación han dado por buena sin que nadie haya salido a desmentirla, el Gobierno ha desistido en su pretensión de sustituir la actual regulación en la materia por otra que estaba llamada a convertirse en la más restrictiva de la etapa democrática. Hasta el principal derrotado por el anuncio, el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, ha evitado corregir el entuerto y, hoy mismo,  se ha limitado a señalar que, en estos momentos, la prioridad del Ejecutivo al que pertenece, y también la suya, es hacer frente al proceso secesionista catalán. Después, ya veremos.

El ministro de Justicia, al término de un anterior Consejo de Ministros.

El ministro de Justicia, al término de un anterior Consejo de Ministros.

Así que parece que la situación es la siguiente: tras casi tres años de generar una importante oposición política incluidas importantes voces del propio Partido Popular, y de crear una peliaguda polémica social que ha generado agrios debates dentro y fuera de España, el Gobierno parece haber rectificado ahora convencido de que se trata de una iniciativa inoportuna ahora que se abre un larguísimo y convulso periodo electoral. Sigue leyendo