Dice el refrán popular que “a grandes males, grandes remedios”. Así ocurre en la dura pugna que mantiene el Estado -a través de sus principales instituciones- con el soberanismo catalán que impulsa desde la Generalitat su presidente, Artur Mas. En este caso, los remedios más que grandes son extraordinarios, lo que da cuenta de la magnitud del desafío y del empeño puesto en frenarlo. Lo que queda por dilucidar, el tiempo dirá, es si el recurso a medidas excepcionales no generará consecuencias contraproducentes. Mientras tanto, el independentismo catalán pierde 2-0. Sigue leyendo
9-N
La forzada renuncia de Torres-Dulce
A veces no es fácil el ejercicio periodístico. Coinciden hoy casi todos los medios de comunicación en que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, presentó este jueves su dimisión por la falta de sintonía (versión amable), cuando no por su abierto enfrentamiento (versión más dura), con el Gobierno. Pero casi ninguno de ellos repara en que esa explicación, en cualquiera de las dos interpretaciones, no justifica una renuncia de este tipo. En realidad, el jefe del Ministerio Fiscal abandona forzado por un Ejecutivo que busca un respiro en el frente judicial ante un año tan electoral como 2015.
Eduardo Torres-Dulce, ex fiscal general del Estado.
La arriesgada querella del fiscal contra Mas
Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado.
La judicialización de la política y la politización de la justicia, esas dos rémoras que debilitan la credibilidad de la Justicia española, son las dos caras de una misma moneda. Se trata de un fenómeno retroalimentado en virtud del cual las fuerzas políticas llevan a los tribunales aquellas batallas que no aceptan haber perdido en el terreno del debate parlamentario o público; precisamente por eso, esas mismas fuerzas políticas se afanan en controlar la administración judicial en un intento de asegurarse los triunfos que no han sido capaces de lograr con su acción política.
Esa maraña de intereses cruzados es la que enrarece el clima en el que se ha gestado la querella del Ministerio Fiscal contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros miembros de su gobierno por el simulacro de consulta celebrado el pasado 9 de noviembre en Cataluña. Habrá que leer con cuidado el texto de la misma una vez se presente en sede judicial, pero hasta ese momento ya puede asegurarse que se trata de una iniciativa que empieza mal, por lo que es muy difícil que acabe bien. Sigue leyendo
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