La judicialización de la política y la politización de la justicia, esas dos rémoras que debilitan la credibilidad de la Justicia española, son las dos caras de una misma moneda. Se trata de un fenómeno retroalimentado en virtud del cual las fuerzas políticas llevan a los tribunales aquellas batallas que no aceptan haber perdido en el terreno del debate parlamentario o público; precisamente por eso, esas mismas fuerzas políticas se afanan en controlar la administración judicial en un intento de asegurarse los triunfos que no han sido capaces de lograr con su acción política.

Esa maraña de intereses cruzados es la que enrarece el clima en el que se ha gestado la querella del Ministerio Fiscal contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros miembros de su gobierno por el simulacro de consulta celebrado el pasado 9 de noviembre en Cataluña. Habrá que leer con cuidado el texto de la misma una vez se presente en sede judicial, pero hasta ese momento ya puede asegurarse que se trata de una iniciativa que empieza mal, por lo que es muy difícil que acabe bien.

“Que quede claro: mientras yo sea presidente del Gobierno ni se celebrará ese referéndum que algunos pretenden ni se fragmentará España”. Así se expresó Mariano Rajoy en Barcelona el pasado 25 de enero, en un acto organizado por el Partido Popular. Esa misma idea la ha repetido hasta la saciedad a lo largo del año. Y así ha sido: ni ha habido referéndum en Cataluña, ni España se ha roto. Pero en el complicado campo de juego de la opinión pública, las cosas no son como son, sino como parecen, y el 9-N todas las televisiones nos enseñaron las urnas colocadas en los colegios, y las colas de ciudadanos que acudieron a votar, y las ruedas de prensa convocadas para facilitar datos sobre participación y resultado…

Más allá de su valor simbólico, el proceso participativo no sirvió ni como sondeo pero pareció una consulta popular, y esa puede ser la explicación al empecinamiento con el que el Gobierno y otros sectores opuestos al proceso soberanista catalán han exigido como respuesta una querella contra sus promotores.

Tras una semana de estudios, análisis, informes y contrainformes, consultas y reuniones, la junta de fiscales de Cataluña concluyó ayer lunes, por seis votos a tres, que no hay base jurídica suficiente para promover una querella contra Mas. El ocultismo con el que la Fiscalía catalana ha gestionado este proceso, habitual error a la hora de comunicar su actuación, abre la veda para todo tipo de especulaciones, incluidas aquellas que atribuyen la decisión al síndrome de Estocolmo que sus integrantes pudieran padecer frente al independentismo catalán. El diario ABC no ha tardado en pedir la cabeza del fiscal jefe de Cataluña, José María Romero de Tejada.

Nada más conocer el acuerdo de los fiscales catalanes, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ordenó la presentación de la querella. La información facilitada al respecto también omite cualquier tipo de razonamiento jurídico, por lo que ha sido inevitable recordar el cúmulo de declaraciones públicas de líderes políticos, con varios miembros del Gobierno a la cabeza, que desde el mismo 9-N han anunciado su presentación pese a las dudas y vacilaciones de la Fiscalía catalana.

Algunos titulares de prensa, todos del pasado 12 de noviembre: “Los fiscales denuncian presiones del Ejecutivo para que actúen con rapidez” (El País), “el PP presiona al Fiscalía para que actúe contra Mas” (El Mundo). Todo el líquido amniótico en el que se ha gestado la querella ha sido, de momento, político, que es un muy poco recomendable caldo de cultivo para una actuación jurídica.

La decisión de Torres-Dulce tiene mucho de órdago personal, porque en cumplimiento del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal mañana miércoles someterá su orden al criterio de la Junta de Fiscales de Sala, el estado mayor del Ministerio Fiscal. El fiscal general no está obligado a rectificar si este órgano no avala decisión, pero el desaire dejaría su autoridad en una situación muy comprometida.

Riesgos para el Constitucional     

Según apuntan responsables de la Fiscalía, sea cual sea el criterio de la Junta de Fiscales de Sala, el fiscal general reiterará por escrito su orden de presentar querella contra Mas, expondrá los motivos (jurídicos) de su decisión y decidirá qué fiscal se encargará de defenderla ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Este órgano judicial ya está ocupado en el 9-N; de momento, en fase muy incipiente: acumula las denuncias, una docena, que distintos ciudadanos han presentado ya en diferentes juzgados a título particular, en nombre de grupos políticos o de ese pseudosindicato de funcionarios denominado Manos Limpias. Es decir, la querella fiscal no es estrictamente necesaria para impulsar una actuación judicial que ya está en marcha.

Toda la arquitectura jurídica de estas querellas pivota en torno al mismo eje, la posibilidad de que Mas y sus colaboradores en el impulso al proceso participativo hayan cometido un delito de desobediencia dado que el Tribunal Constitucional había suspendido las normas promulgadas por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña para dar sustento a la consulta.

Esa construcción jurídica es mucho más compleja de lo que dan a entender ciertos juristas espontáneos habituales de las tertulias televisivas. El artículo 410.1 del Código Penal establece que el delito de desobediencia se produce cuando una autoridad o funcionario público se niega “a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior”. Para admitir a trámite la querella, el tribunal superior de Cataluña deberá asimilar el Constitucional a un órgano judicial, que no lo es, o fijar su condición de “autoridad superior” de la Generalitat, un embrollo jurídico de dimensiones siderales.

Y es necesario además precisar cuál es el mandato incumplido. Tanto los fiscales catalanes como numerosos catedráticos consideran que la providencia del pleno del Constitucional que de manera automática suspende la vigencia de una norma recurrida por el Gobierno no tiene tal consideración. También es este punto el tribunal catalán deberá hilar muy fino.

Hipótesis de trabajo: el tribunal superior catalán, tras analizar el caso y en virtud de los razonamientos jurídicos que estime oportunos, concluye que el 9-N no constituyó una desobediencia al Constitucional. La tormenta jurídico-política que se desatará someterá al órgano defensor de la Carta Magna a un proceso de debilitamiento de su legitimidad institucional, cuyas consecuencias son difíciles de prever.

El Gobierno, el PP y otras formaciones opuestas al proceso soberanista catalán han hecho cuanto estuvo en su mano por impedir la consulta. Por su parte, la Generalitat y los grupos independentistas que la apoyan recurrieron a “argucias jurídicas”, según la Fiscalía catalana, para apuntarse el éxito del 9-N. Así que ahora tocaría reequilibrar la balanza con una arriesgada querella cuyo recorrido puede dejar el camino sembrado de cadáveres, y no necesariamente los del enemigo. Insisto, lo que mal empieza…