Dice el refrán popular que “a grandes males, grandes remedios”. Así ocurre en la dura pugna que mantiene el Estado -a través de sus principales instituciones- con el soberanismo catalán que impulsa desde la Generalitat su presidente, Artur Mas. En este caso, los remedios más que grandes son extraordinarios, lo que da cuenta de la magnitud del desafío y del empeño puesto en frenarlo. Lo que queda por dilucidar, el tiempo dirá, es si el recurso a medidas excepcionales no generará consecuencias contraproducentes. Mientras tanto, el independentismo catalán pierde 2-0. Sigue leyendo
Artur Mas
La compleja desobediencia catalana
La admisión a trámite el pasado diciembre de la querella ordenada por el anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau provocó una oleada de alivio por el éxito de una complicada iniciativa y rebajó las tensiones provocadas en la propia Fiscalía, cuya crisis interna puso en duda la viabilidad de la iniciativa. La decisión del pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fue además unánime. Pero en Derecho no hay papel que no tenga su correspondiente doblez y la lectura de la resolución, conocida hace unos días, ha vuelto a disparar las alarmas de quienes vieron en la intervención judicial la única forma de cauterizar la herida abierta el 9-N.
Fachada principal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Para admitir una querella, el juez o tribunal suele limitarse a comprobar que cumple los requisitos formales que exige la ley y, en caso afirmativo, realiza una primera calificación jurídica de los hechos denunciados. Pero el tribunal catalán ha ido más lejos: ha desbrozado con finura el enmarañado relato de hechos elaborado por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada. Y, en vez de despejar el camino, lo ha dejado sembrado de obstáculos.
La arriesgada querella del fiscal contra Mas
Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado.
La judicialización de la política y la politización de la justicia, esas dos rémoras que debilitan la credibilidad de la Justicia española, son las dos caras de una misma moneda. Se trata de un fenómeno retroalimentado en virtud del cual las fuerzas políticas llevan a los tribunales aquellas batallas que no aceptan haber perdido en el terreno del debate parlamentario o público; precisamente por eso, esas mismas fuerzas políticas se afanan en controlar la administración judicial en un intento de asegurarse los triunfos que no han sido capaces de lograr con su acción política.
Esa maraña de intereses cruzados es la que enrarece el clima en el que se ha gestado la querella del Ministerio Fiscal contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros miembros de su gobierno por el simulacro de consulta celebrado el pasado 9 de noviembre en Cataluña. Habrá que leer con cuidado el texto de la misma una vez se presente en sede judicial, pero hasta ese momento ya puede asegurarse que se trata de una iniciativa que empieza mal, por lo que es muy difícil que acabe bien. Sigue leyendo
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