La insoportable bipolaridad de la Justicia

La juez de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, atraviesa una mala racha en la instrucción del proceso derivado de la ‘operación Pokémon’, una investigación de Vigilancia Aduanera que sacó a la luz una presunta trama de corrupción que afecta a varios ayuntamientos gallegos, en su mayoría en manos del Partido Popular. Hace unas semanas se vio obligada a desimputar al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, a quien durante cinco meses mantuvo en el proceso imputado de un delito de cohecho.

La juez de Lugo Pilar de Lara.

La juez de Lugo Pilar de Lara.

Cinco meses pese a que la juez tuvo sobre su mesa muy pronto la declaración del propio alcalde, que negó ser uno de los interlocutores de la conversación pinchada por Vigilancia Aduanera en la que se gestó el presunto cohecho. Y no sólo eso, otro militante del PP, José Manuel Vilaboy Lois, reconoció ser quien en esa cinta negociaba con el representante de una empresa privada el sucio pago.

Pese a ello, la juez mantuvo la imputación de Rey Varela hasta que una pericial realizada por el servicio de Criminalística de la Policía certificó que el primer edil ferrolano no intervino en la conversación. Sólo entonces De Lara decretó en lo que a él respecta el sobreseimiento libre de la causa. Eso sí, al alcalde de Ferrol ya nadie le quita los cinco meses de presunta culpabilidad ante la opinión pública. Sigue leyendo

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La arriesgada querella del fiscal contra Mas

Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado.

Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado.

La judicialización de la política y la politización de la justicia, esas dos rémoras que debilitan la credibilidad de la Justicia española, son las dos caras de una misma moneda. Se trata de un fenómeno retroalimentado en virtud del cual las fuerzas políticas llevan a los tribunales aquellas batallas que no aceptan haber perdido en el terreno del debate parlamentario o público; precisamente por eso, esas mismas fuerzas políticas se afanan en controlar la administración judicial en un intento de asegurarse los triunfos que no han sido capaces de lograr con su acción política.

Esa maraña de intereses cruzados es la que enrarece el clima en el que se ha gestado la querella del Ministerio Fiscal contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros miembros de su gobierno por el simulacro de consulta celebrado el pasado 9 de noviembre en Cataluña. Habrá que leer con cuidado el texto de la misma una vez se presente en sede judicial, pero hasta ese momento ya puede asegurarse que se trata de una iniciativa que empieza mal, por lo que es muy difícil que acabe bien. Sigue leyendo