La compleja desobediencia catalana

La admisión a trámite el pasado diciembre de la querella ordenada por el anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau provocó una oleada de alivio por el éxito de una complicada iniciativa y rebajó las tensiones provocadas en la propia Fiscalía, cuya crisis interna puso en duda la viabilidad de la iniciativa. La decisión del pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fue además unánime. Pero en Derecho no hay papel que no tenga su correspondiente doblez y la lectura de la resolución, conocida hace unos días, ha vuelto a disparar las alarmas de quienes vieron en la intervención judicial la única forma de cauterizar la herida abierta el 9-N.

Fachada principal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Fachada principal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Para admitir una querella, el juez o tribunal suele limitarse a comprobar que cumple los requisitos formales que exige la ley y, en caso afirmativo, realiza una primera calificación jurídica de los hechos denunciados. Pero el tribunal catalán ha ido más lejos: ha desbrozado con finura el enmarañado relato de hechos elaborado por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada. Y, en vez de despejar el camino, lo ha dejado sembrado de obstáculos.

El 26 de septiembre, el Parlament aprobó la Ley 10/2014 de consultas populares no refrendarias y de otras formas de participación ciudadana. Un día después, Mas promulgó el decreto 129/2014 de convocatoria de consulta popular no refrendaria sobre el futuro político de Catalunya, que promovió una consulta popular sobre si Cataluña debe ser un Estado y, en caso afirmativo, si debe ser independiente.

Un día después, la impugnación del Gobierno contra ambas normas llegó al Constitucional, que en apenas 24 horas la admitió a trámite, lo que provocó su suspensión automática, comunicada a la Generalitat y a su presidente con la advertencia de las consecuencias legales (algo insólito hasta entonces) que acarrearía mantener la convocatoria al amparo de esos dos textos.

La querella de la Fiscalía considera que es aquí cuando se produjo la desobediencia de Mas porque “a pesar de ambas suspensiones se adoptaron las decisiones pertinentes para constituir los órganos de la administración electoral previstos en la ley suspendida (…) y mantuvo públicamente la campaña de llamamiento a la participación a través de la página web www.participa2014.cat, que ha servido de punto institucional de referencia para fomentar la participación ciudadana en la consulta”.

El tribunal se carga este argumento de un contundente plumazo: es público y notorio que el president de la Generalitat de Catalunya, ante la suspensión (…), renunció a realizar la consulta al amparo de la normativa” suspendida. En efecto, así quedó claro el 14 de octubre cuando, mediante un comunicado de prensa, Mas dio por muerta la consulta para convocar “un proceso de participación ciudadana” en el que “los catalanes y las catalanas y las personas residentes en Catalunya manifiesten su opinión sobre el futuro político de Catalunya”.

El Gobierno reaccionó tarde y no recurrió esa convocatoria, que carece de apoyo normativo alguno, hasta el 31 de octubre. Admitida a trámite cuatro días después, quedaron suspendidos “los actos impugnados, así como las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella”. La providencia fue de nuevo notificada a la Generalitat como institución y a su presidente de manera personal el 4 de noviembre. El tribunal catalán entiende que es en ese momento cuando pudo producirse la desobediencia, porque al final el simulacro de consulta se celebró.

Querella desarmada  

El dato es importante porque el Constitucional, aquel 4 de noviembre, olvidó añadir en la providencia una advertencia expresa al presidente catalán de las consecuencias de desatender su resolución, aviso que la Abogacía del Estado había pedido de manera expresa. No son pocos los juristas que consideran que, así, la querella queda desarmada. En una sentencia del pasado diciembre, el magistrado Cándido Conde-Pumpido resume la doctrina del Supremo al respecto: la desobediencia requiere “la existencia de un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta, emanado de la autoridad o sus agentes; que el mandato se halle dentro de las legales competencias de quien lo emite, y que la orden, revestida de todas las formalidades legales, haya sido claramente notificada al obligado a cumplirla, de manera que éste haya podido tomar pleno conocimiento de su contenido”.

Así que el tribunal superior catalán circunscribe el posible delito de desobediencia sólo al incumplimiento de la suspensión acordada el 4 de noviembre, que fue la que no incluyó ese un mandato expreso, concreto y terminante que el Supremo exige para que se dé el tipo penal. Parece hecho a propósito, para desconcierto de muchos.

Para colmo, algunos juristas, maliciosos ellos, recuerdan la formulación del artículo 410.1 del Código Penal: serán reos de desobediencia “las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales”. Y matizan que el Constitucional no es un órgano judicial, así que a las acusaciones les toca elaborar la arquitectura jurídica que permita equiparar a esta institución con una autoridad superior habilitada para impedir que un gobierno autonómico pulse la opinión de sus ciudadanos.

El Título V de la ley que regula el Constitucional habilita al Gobierno para recurrir “las disposiciones normativas sin fuerza de ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las comunidades autónomas”. Por tanto, ese mismo punto legitima la actuación del tribunal en supuestos como éste, pero no son pocos los juristas que tuercen el gesto en este caso.

Los presidentes del Gobierno (izqd.) y de la Generalitat, durante un encuentro mantenido en 2013.

Los presidentes del Gobierno (izqd.) y de la Generalitat, durante un encuentro mantenido en 2013.

El 9-N, unos dos millones de catalanes o residentes en la comunidad votaron a favor o en contra de la independencia de Cataluña en urnas de cartón; fue el simulacro de referéndum que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometió que nunca ocurriría. Aquella noche, Mas recuperó la imagen de paladín del soberanismo catalán y el control sobre un proceso político que se le escapaba de las manos en favor de Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Ahora es él quien controla una situación que se dirige hacia unas elecciones plebiscitarias el 27 de septiembre.

El problema político es de envergadura. Desde hace tiempo, el Gobierno parece desbordado y su única respuesta ha sido forzar la apuesta por una querella cuya admisión a trámite abre demasiadas incógnitas y ya ha provocado un serio deterioro de la imagen de la Fiscalía. La actuación judicial no solventará el problema político; al contrario, puede convertirse en un factor de distorsión que lo haga incontrolable.

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Un pensamiento en “La compleja desobediencia catalana

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