El pasado 20-N, la abogacía española vivió una jornada significativa. Ese día, al cumplirse dos años de la promulgación de la ley que implantó las tasas judiciales, culminó una gran movilización masiva de abogados, la primera gestionada desde y para las redes sociales, que exigía su derogación.

Como ya ocurriera con otras protestas de la abogacía contra los intentos del Gobierno de limitar el acceso de los ciudadanos a la administración de Justicia, el balance es agridulce. La Ley de Tasas ahí sigue, inalterable, y no parece que la situación vaya a cambiar a corto plazo. Pero la ‘brigada tuitera’, como se autodenominaron los promotores de la protesta, logró que el hashtag #TodoscontraTasas (#T) fuese trending topic esa noche.

No es mal balance en un sector, el jurídico, hasta ayer reacio a las redes sociales y que hoy camina por ellas con pasos temerosos y vacilantes. La experiencia de la campaña #T se ha saldado con el mismo resultado que atenaza otras experiencias de comunicación digital, cerradas con satisfactorios éxitos en internet pero sin la suficiente concreción en la vida real.

Analizada desde fuera, la campaña de la #T adolece de los mismos defectos y virtudes que otras similares: una planificación amateur y más intuitiva que reflexiva, pero entusiasta al extremo de concitar tantos apoyos que llegó a convertirse en una presencia habitual en Twitter, donde se hizo clamor. Sin embargo, ese griterío virtual no salió de internet y apenas ha dejado huella en los ciudadanos, que son los principales afectados por la implantación de las tasas judiciales.

En principio, ese fallo debería quedar apuntado en el debe de la ‘brigada tuitera’, pero hay que reconocer que tuvieron que hacer frente a dos imposibles de difícil gestión. Por un lado, la desidia de unos partidos políticos y grupos parlamentarios que hace tiempo dieron por perdida la batalla contra las tasas judiciales sólo para poder dedicar sus esfuerzos a otros menesteres, aunque no se sepa del todo bien cuáles son éstos.

Y, por otro, la casi absoluta indiferencia de los medios de comunicación ante un asunto que no cabe en sus agendas informativas porque el espacio aparece copado por temas más vinculados a los intereses de los grupos que los controlan que a los de sus lectores o audiencias. Resultado, los ciudadanos siguen sin sumarse a la queja de forma masiva, más allá de aquellos que con frecuencia renuncian a pleitear por el costo que ello les supone.

Red y redes

Con todo, hay que saludar la iniciativa y desear que, si la #T no sirve para acabar con las tasas judiciales, al menos abra nuevas vías para que la abogacía comience a navegar por la Red con aires más provechosos que hasta la fecha.

No es fácil. Según un reciente informe de la Fundación Instituto de Investigación aplicada a la Abogacía, titulado “Estudio sobre el uso que los abogados españoles hacen de las redes sociales”, sólo el 35 por ciento de los letrados tienen perfil en Facebook, la mayoría de carácter personal, no profesional. La segunda red más usada es Linkedin, donde tienen perfil el 29 por ciento de los abogados, seguida de Twitter, donde tienen cuenta el 17 por ciento, y Google+ (el 14 por ciento).

Según este estudio, elaborado a partir de una macroencuesta a más de 60.000 colegiados, la abogacía se ha abonado a un uso pasivo de las redes sociales, en virtud del cual se comparten y suscriben contenidos de interés elaborados por terceros, pero apenas se generan contenidos propios. Dicho de otro modo, si todavía no es mayoritario el uso de las redes sociales entre los abogados, el 40 por ciento de quienes sí las utilizan lo hacen para acceder a información y comunicarse con compañeros, mientras que sólo el 30 por ciento gestiona estrategias de marketing personal o de marca.

Estos datos coinciden en parte con los que recoge el VII Informe Anual 2014 del Observatorio Sage del Despacho Profesional, según el cual sólo el 51,4 por ciento de los bufetes de abogados españoles han entrado en las redes sociales para fortalecer sus marcas y captar nuevos clientes.

Con estos antecedes, mérito tiene una experiencia como la de #T, campaña diseñada con objetivos sencillos, medibles, accesibles y tasados en el tiempo; que ha permitido el protagonismo de quienes la impulsaban (con los abogados Verónica del Carpio y José Muelas a la cabeza) para poner cara a la protesta; que siempre ha tenido claro a quién y cómo se dirigía, y que ha aportado mucho valor añadido en forma de información, análisis y datos.

Para bien o para mal, el mundo ha cambiado. Para la captura de clientes, los letrados ya no pueden acudir a los caladeros tradicionales, sino que deben faenar en las difíciles aguas de internet, donde para ellos la navegación es más difícil que para otros grupos profesionales. La International Bar Association (IBA), principal organización mundial de abogados, acaba de publicar un código de conducta que alerta de que las redes sociales proporcionan muchas oportunidades, pero también entrañan serios riesgos.

La crisis económica hace desistir a muchos bufetes de contratar la necesaria asistencia profesional para adentrarse en el nuevo mundo de la comunicación digital, pero es una opción vital para aquellos despachos que quieran fortalecer su imagen de marca y mejorar la captación de clientes. Sin olvidar nunca que un abogado no vende productos, vende servicios, y en el mundo del Derecho no hay mejor campaña de marketing que prestar al cliente el mejor servicio jurídico.