Uno de los brocardos más conocidos de la ciencia jurídica proclama que “dura lex, sed lex”, latinajo que por conocido no necesita traducción. Muy presente ha debido tenerlo el fiscal de Madrid que, el pasado martes, hizo llegar al Juzgado de Instrucción 40 el escrito en el que reclama un total de 74 años y tres meses de cárcel para quince jóvenes detenidos durante los incidentes que siguieron a la ya famosa manifestación celebrada en la capital el 15 de mayo de 2011.

Para los que como a mí ya nos flaquea la memoria, un rápido recuerdo: aquel lejano día, unas 3.000 personas recorrieron el corazón de la ciudad en manifestación autorizada bajo el lema “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. A su término se produjeron una serie de altercados en las inmediaciones de la Puerta del Sol. Un centenar de jóvenes acamparon esa noche en la plaza en protesta por la dura actuación policial. Fueron desalojados dos días después, pero ya habían sembrado la semilla de la que germinó el movimiento de los indignados, que pobló de acampadas el mapa español y dio la vuelta al mundo bajo el hashtag #Spanishrevolution.

Durante las algaradas fueron detenidos veinte manifestantes, uno de ellos menor de edad. Otros cuatro quedaron exonerados de responsabilidad durante la instrucción del sumario. A los quince restantes, de entre 20 y 29 años en el momento del arresto, les acaba de aparecer en el horizonte un muy oscuro nubarrón penal.

Considera la Fiscalía de Madrid que H. F. “lanzó dos botellas de cristal a los agentes que protegían el edifico de la Presidencia de la Comunidad de Madrid sin llegar a alcanzarles”, por lo que merece… ¡seis años de cárcel! No menos grave fue el comportamiento de M. D., quien “lanzaba objetos hacia los agentes y prendió fuego a una papelera”, por lo que debería pasar tres años y tres meses en prisión. La misma pena pide el fiscal para M. R., que “empujó a un agente que no ha sido identificado”. Peor fue lo de F. M., que participó en una sentada que interrumpió el tráfico en la plaza de Callao y empujó a un policía en el momento de su arresto, por lo que debería permanecer seis años privado de libertad.

Y así hasta 74 años y tres meses de cárcel, más inhabilitaciones y multas, en cómputo global. Ya sé que alguien argüirá que la culpa no es del fiscal, sino de un Código Penal que fija esas penas para los delitos de los que son acusados: desórdenes públicos, daños, resistencia y atentado a agentes de la autoridad, así como faltas de daños y lesiones. Pero el código es un mero instrumento; es el fiscal quien modula su acusación en función del bien jurídico protegido y el daño causado. Y, en este caso, la petición de penas es tan desproporcionada que bien podría ser calificada de despropósito.

Desmesuras comparadas

Una manera de comprobar la desmesura de la acusación contra los alborotadores del 15-M es compararla con otras peticiones fiscales. Y hay que agradecerle a la Fiscalía de Madrid que nos haya evitado la engorrosa labor de rastrear en Google, porque apenas 24 horas después su máximo responsable entregó al Juzgado de Instrucción 51 de Madrid su pliego de cargos contra los responsables de la tragedia del Madrid Arena.

De nuevo una ayudita a la memoria. Ese recinto de titularidad municipal albergó en la madrugada del 1 de noviembre de 2012 una rave de adolescentes que festejaban la noche de Halloween. Organizada por la empresa privada Diviertt, irregularidades de todo tipo que buscaban maximizar el beneficio estuvieron en el origen de una avalancha humana en la que fallecieron cinco muchachas y otros treinta jóvenes resultaron heridos de diversa consideración.

El fiscal jefe de Madrid, que ha llevado el asunto en persona, considera principal responsable de lo sucedido al empresario Miguel Ángel Flores, dueño de Diviertt y promotor de la fiesta, que actuó “movido por un claro ánimo de enriquecerse, con absoluto desprecio de las más elementales normas de cuidado que le eran exigibles”. Por eso le acusa de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave por los que reclama un total de… ¡cuatro años de cárcel!

La misma acusación dirige el fiscal contra otros once imputados, responsables de la seguridad y el control de acceso al evento, para los que reclama tres años de cárcel. Y también pudo ser imprudente la actuación de los dos responsables del equipo médico que atendió a tres de las fallecidas, por lo que para ellos reclama dos años y medio de cárcel.

Ya sé de las dificultades técnicas que entraña construir una acusación entorno a la figura de la imprudencia; amplia es la literatura del Tribunal Supremo al respecto sin que por ello haya cerrado el debate académico. Pero, construcciones jurídicas aparte, la Fiscalía de Madrid ha enviado a la sociedad un mensaje más que reprochable: la quema de una papelera merece, según y cómo, un reproche penal mayor que un descuido culpable que acaba con una vida humana.

Venganza a destiempo

Cualquier jurista sabe cómo criticar la anterior afirmación, no exenta de un toque demagógico. Pero el ciudadano común es lego en Derecho y tiende a sospechar, por ejemplo, que el fiscal busca una condena ejemplar para los gamberros del 15-M porque esa manifestación fue el origen de un movimiento de protesta ciudadana inédito hasta entonces en España que alteró los nervios de la clase política, eso que ahora los sucesores de aquellos manifestantes llaman la casta.

Es patente que al actual Gobierno no le gustan las protestas callejeras, y ahí está el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que ya es conocido por todos como Ley Mordaza. Y es razonable que, en su actuación, la Fiscalía General del Estado tenga en cuenta la política criminal que decide el Ejecutivo de turno, elegido por los ciudadanos.

Pero buscar castigos ejemplarizantes en defensa de un objetivo que no es la salvaguardia de la legalidad vigente es una mala estrategia. Ya lo intentó la Fiscalía de la Audiencia Nacional cuando elevó los incidentes que enmarcaron la protesta convocada el 15 de junio de 2011 frente al Parlamento de Cataluña a nivel de intento de golpe de Estado: el revolcón que le propinó el tribunal fue de los que hacen época. Veremos qué hace ahora la Audiencia Provincial de Madrid.

Además, tres años y medio después de ocurridos los altercados de la Puerta del Sol (¿puede un sistema judicial ser más lento?), no es fácil discernir si el fiscal busca evitar que se reproduzcan hechos similares o más bien una venganza por todo lo ocurrido desde entonces.

El Ministerio Fiscal está llamado a jugar un papel central en un nuevo modelo de justicia penal que sustituya al actual, ya inservible. Para ello es imprescindible que firme un contrato de confianza con la sociedad. Buena parte de las cláusulas están ya acordadas, pero actitudes como la de la Fiscalía de Madrid pueden estropear la rúbrica.