Parece que no habrá nueva Ley del Aborto. Según una información del diario El Mundo que todos los medios de comunicación han dado por buena sin que nadie haya salido a desmentirla, el Gobierno ha desistido en su pretensión de sustituir la actual regulación en la materia por otra que estaba llamada a convertirse en la más restrictiva de la etapa democrática. Hasta el principal derrotado por el anuncio, el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, ha evitado corregir el entuerto y, hoy mismo,  se ha limitado a señalar que, en estos momentos, la prioridad del Ejecutivo al que pertenece, y también la suya, es hacer frente al proceso secesionista catalán. Después, ya veremos.

Así que parece que la situación es la siguiente: tras casi tres años de generar una importante oposición política incluidas importantes voces del propio Partido Popular, y de crear una peliaguda polémica social que ha generado agrios debates dentro y fuera de España, el Gobierno parece haber rectificado ahora convencido de que se trata de una iniciativa inoportuna ahora que se abre un larguísimo y convulso periodo electoral.

Abuso adrede del concepto ‘parece’ porque los años de ejercicio profesional me han hecho descreído y malpensado. No me termina de convencer un análisis tan simplista en un asunto tan complejo, sobre todo porque desde hace tiempo el mensaje del Ejecutivo en este asunto me inducía a creer que, en realidad, la voluntad de derogar la ‘ley Aído’ por vía legislativa era inexistente. Y a menudo me he preguntado si no habría descubierto otros vericuetos para conseguir ese objetivo sin sufrir costes electorales.

Contestación inaudita

Ya en la primavera de 2012, el flamante ministro de Justicia no dejó pasar una sola entrevista de prensa (y concedió muchas) sin proclamar su intención de dar cumplimiento a la promesa electoral del PP de  derogar la Ley del Aborto aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a impulso de la ministra Bibiana Aído. Incluso avanzó las grandes líneas: se volvería al modelo de supuestos despenalizados de 1985, aunque desaparecería el de malformación del feto.

El mero anuncio provocó las primeras críticas encendidas de la oposición y un rumor de desagrado en las filas populares. El resto del Gobierno apostó por ofrecer como respaldo al ministro de Justicia un abrumador y significativo silencio.

Aún tuvieron que pasar casi dos años de polémicas y cruces de acusaciones para que el Consejo de Ministros aprobase el anteproyecto de ley. Fue el 20 de diciembre de 2013, y el texto resultó más restrictivo incluso de lo anunciado por el ministro. El aborto pasaba de ser un derecho de la mujer durante las primeras catorce semanas de gestación a un delito despenalizado en un catálogo de supuestos más restringido que el de 1985.

El murmullo de irritación en el PP fue sustituido por las voces de numerosos dirigentes muy críticos con la iniciativa de Ruiz-Gallardón, entre ellos la mayoría de los presidentes autonómicos. Fue una contestación tan inaudita en una formación que lleva la disciplina en los genes que obligó a intervenir al presidente Mariano Rajoy no para imponer orden, sino para reclamar al ministro que, antes de dar nuevos pasos, se asegurase al menos el consenso interno, algo que éste ni se ha molestado en intentar.

Todo anteproyecto requiere de los preceptivos informes legales, trámite que dio al Ejecutivo un respiro. El plazo para los mismos es de un mes, prorrogable en supuestos excepcionales. Pues bien, ni el Consejo Fiscal ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lograron perfilar los suyos hasta el pasado mes de junio, sin que nadie desde el ministerio o el Gobierno expresase la más mínima queja. Muy al contrario, esa demora permitió aparcar el asunto durante la campaña de las elecciones europeas.

Acosado por las dudas que generaban tanto retraso, el ministro Ruiz-Gallardón anunció entonces que el proyecto de ley estaría sobre la mesa del Consejo de Ministros antes de que concluyese el verano. Él mismo precisó que el verano acaba cuando así lo marca el Instituto Nacional de Meteorología, así que el plazo concluye el próximo viernes, última reunión del Gabinete de Rajoy antes de la entrada oficial del otoño, y ya sabemos que el texto no figurará en el orden del día.

La versión de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a mí me parece clarificadora: “No hemos abordado ese asunto y (…) no hay ninguna novedad respecto a lo que el Gobierno viene manifestando”. El respaldo del Ejecutivo a Ruiz-Gallardón ha sido siempre tan tibio, por recurrir a un adjetivo amable, que siempre me ha generado sospechas.

Vuelve el Tribunal Constitucional

Si por despiste o error usted ha llegado hasta aquí, querido lector, a buen seguro se preguntará qué ha ganado el Gobierno con esta confusa ceremonia. Parece que nada: el enardecimiento de la oposición, una monumental decepción entre sus apoyos sociales más conservadores y la ruina del futuro político de Ruiz-Gallardón.

Insisto en el ‘parece’ porque no descarto que sí haya ganado algo muy importante: tiempo. Me explico. Cuando el PP llegó al Gobierno, el Tribunal Constitucional ofrecía una mayoría progresista bajo la presidencia del magistrado Pascual Sala. Pero desde entonces se han renovado dos tercios de sus miembros que, hoy, en su mayoría son de tendencia conservadora.

En abril de 2012, el Constitucional aparcó el recurso del PP contra la ‘ley Aído’. La explicación que dio entonces Sala fue la necesidad de dedicar los esfuerzos del tribunal a asuntos más urgentes que el estudio de una ley cuya derogación había sido anunciada por el Gobierno. Es una opción sin base legal que no generó excesivas suspicacias.

Si la Ley del Aborto de 2010 no es derogada como parece, el Constitucional deberá retomar el debate sobre el recurso del PP. Sólo que ya no lo hará el pleno que en noviembre de 2012 tumbó el de ese mismo partido contra la reforma del Código Civil que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora, ese pleno lo preside el catedrático Francisco Pérez de los Cobos, exmilitante del PP. Y el ponente del recurso es el catedrático Andrés Ollero, exdiputado y exportavoz popular en la Comisión de Justicia del Congreso.

Lejos de mí cualquier pretensión de pronosticar en tono alarmista cuál será la decisión final del Constitucional en función de la supuesta adscripción política de sus integrantes. Soy de los pocos convencidos de que todos los miembros de las altas instituciones del Estado a la postre actúan con honestidad intelectual. Pero tengo por seguro que la supuesta renuncia del Gobierno a cambiar la Ley del Aborto en vigor no zanja la cuestión como apuntan algunos análisis apresurados. La regulación legal de la interrupción voluntaria del embarazo todavía va a generar en el futuro muchas convulsiones.