Les supongo al tanto del episodio protagonizado este verano por una joven que denunció haber sido violada por varios adolescentes durante los festejos de la Feria de Málaga. En pleno secano informativo estival, la denuncia adquirió tintes de noticia de primer orden y llenó muchas páginas de periódico y minutos en los informativos de radio y televisión.

El sistema de producción de cualquier medio informativo tradicional –internet también en esto es un planeta aparte- tiene un momento muy delicado, el cierre: cuando llega, la crónica tiene que estar lista para ser imprimida o incluida en la escaleta del informativo de televisión o boletín radiofónico. Y cuando se acerca el cierre, en cualquier redacción es habitual escuchar al jefe de turno una frase terrible: “tiramos con lo que hay”.

Eso hicieron todos los medios; por ejemplo, El País, que escojo como ejemplo porque su crónica del lunes 18 de agosto es una de las mejor escritas. Arrancaba así: “El real de la Feria de Málaga se convirtió el domingo a primera hora de la mañana en un escenario de terror para una joven de 20 años, que sufrió una violación por parte de cinco hombres, dos de ellos menores de edad”.

Pues no. Ese mismo lunes, ante la juez de Málaga María Luisa Cienfuegos, encargada de investigar la pretendida violación, la joven reconoció que las relaciones sexuales mantenidas con algunos de los jóvenes por ella acusados fueron consentidas. De nuevo, noticia de primer orden que todos los medios aprovecharon para corregir el error del día anterior, mientras las redes sociales cargaban tintas contra la magistrada.

La pasada semana, la joven compareció ante la misma juez, ahora acusada de un delito de denuncia falsa que reconoció y explicó que lo hizo por miedo a que se difundiesen a través de las redes sociales imágenes de su juerga, de la que algunos de los participantes sacaron fotos o grabaron en video con sus teléfonos móviles.

De nuevo, noticia destacada, pero en este caso adornada ya con apostillas, comentarios y alertas sobre la perniciosa costumbre de denunciar de manera falsaria delitos como éste, que pueden convertirse en un estigma para el inverazmente acusado. Es cierto, pero tanta declaración o análisis en ese sentido destila un cierto aroma de intento de descrédito genérico a las denuncias por violación presentadas, más de 1.150 al año según datos del Ministerio del Interior.

Porcentaje despreciable

Este episodio, salvo por el drama que, intuyo, fue tanto para la joven malagueña como para sus partenaires de desahogos sexuales en plenas fiestas, no pasa de ser una anécdota por inusual. Pero la constante alusión a la existencia de denuncias falsas como mecanismo para tratar de restar gravedad a un determinado comportamiento es preocupante en grado sumo cuando se trata de esa enfermedad social que es la violencia de género: 54 mujeres asesinadas en 2013, otras 41 hasta el pasado 5 de septiembre, según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Sanidad.

Pareciera haber toda una estrategia diseñada para desvirtuar la gravedad tanto de esas cifras como del volumen de denuncias presentadas año tras año por mujeres que se sienten de una u otra manera agredidas por hombres que las consideran de su propiedad. Seguro que todos recuerdan los imprudentes tuiteos de cierto actor metido a político y diputado, por poner sólo un sonado ejemplo y no mencionar a la juez María Sanahuja o diversas asociaciones cuyo objetivo prioritario parece ser difundir ese tipo de falacias.

Los medios de comunicación no pierden ocasión de darle irresponsable pábulo a estos personajes y su tesis, según la cual muchas de las denuncias por violencia de género son falsas, son estratagemas de las mujeres para obtener réditos en procesos de separación o divorcio. Cierto es que nadie que suele salir al paso de estos infundios; en ese sentido, es palmaria la inutilidad del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que preside el Consejo General del Poder Judicial.

En el caso de las agresiones sexuales, Interior asegura carecer de datos sobre el número de denuncias recibidas que resultan ser falsas. Pero lo sorprendente es que, en lo que a la violencia de género se refiere, sí los hay, y bastante precisos. Por supuesto, no son del Observatorio, sino de la Fiscalía General del Estado, que desde 2009 vigila con especial atención este extremo.

Según la Memoria 2014 del Ministerio Público, en el año anterior se incoaron 22 procedimientos por denuncia falsa: sólo tres se cerraron con condena, dos de ellos de conformidad con la acusada. Cuatro procesos se cerraron con sobreseimiento provisional, uno con sentencia absolutoria y los catorce restantes seguían en trámite al terminar 2013. Las cifras de los años anteriores presentan índices muy similares.

Las conclusiones de la propia Fiscalía son tan demoledoras que basta con transcribirlas: entre 2009 y 2013 se han incoado 657.084 procesos por violencia sobre la mujer y 120 causas por denuncias falsas, lo que supone un 0,018 por ciento, porcentaje que es “suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la prevalencia de denuncias falsas en materia de violencia sobre la mujer”.

Hay más. Entre 2009 y 2013 sólo 33 mujeres ha sido condenadas por denunciar falsas agresiones de violencia de género, es decir, sólo el 0,005 por ciento de las causas abiertas por violencia contra la pareja o expareja nacieron por una mentira de la mujer judicialmente comprobada.

Son porcentajes ridículos. Tanto, que hubiesen merecido un lugar destacado en las páginas de los periódicos o en los informativos de radio y televisión para poner las cosas en su sitio. Pero no ha sido posible. Apenas han merecido un párrafo perdido en fogosas crónicas sobre la evolución de la criminalidad durante el pasado año. Preocupante. Todo muy preocupante.