La Justicia española sólo tiene marcada una fecha en rojo en su calendario, la de la apertura del año judicial, solemne ceremonia en la que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), junto al fiscal general del Estado, rinden cuentas ante el jefe del Estado de la actividad realizada por las instituciones que encabezan durante el último año.

Suele ser en septiembre; este año tocó ayer miércoles. El rito se celebró, como siempre, en un Salón de Plenos del Supremo atestado en esta ocasión por tratarse de la primera vez que lo presidía Felipe VI, hecho que coincidió con el debut de Carlos Lesmes como cabeza visible de la judicatura.

Tanto él como Eduardo Torres-Dulce presentaron al Rey la memoria de actuaciones de sus respectivas instituciones, y lo hicieron ante el Gobierno (representado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón), los presidentes del Congreso y el Senado, los de las más altas instituciones del Estado y los principales miembros de los grupos parlamentarios.

Desde un análisis tanto histórico como jurídico, la solemne ceremonia tiene su razón de ser. Según el artículo 117.1 de la Constitución, “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial (…)”. Y como el Ministerio Fiscal es también parte del Poder Judicial, una vez al año jueces y fiscales, a través de sus máximos responsables, dan cuenta del trabajo realizado al jefe del Estado en cuyo nombre actúan.

Otra cosa es la imagen que el ritual transmite, trasnochada por decimonónica y que aleja a los tribunales de Justicia de la sociedad. Los ciudadanos entienden la ceremonia como un boato que nada aporta a la necesaria mejora de la administración judicial. La señalada fecha, por tanto, en nada nada cambia la (mala) imagen de una Justicia necesitada de una profunda renovación.

Corrupción 

Si el formato es poco afortunado, cabría esperar al menos que el contenido del acto sirviese para mejorar la comunión entre los ciudadanos y su administración judicial. En este punto, hubo suerte dispar. El debutante Lesmes regaló a la audiencia un trabajado análisis sobre los beneficios que para la Justicia española supone la integración en la estructura jurídica de la Unión Europea y como el “diálogo jurídico” con los tribunales comunitarios está ampliando y asentando el catálogo de derechos de los ciudadanos europeos. Una plausible disertación más propia de un foro académico.

Respecto a la realidad de la administración de Justicia, poca cosa. Agradecimiento al Ministerio de Justicia por su apoyo y a los magistrados del Supremo por su esfuerzo, gracias al cual los tiempos de respuesta procesal de este órgano “están en la vanguardia de los tribunales de casación europeos”.

El pasado curso judicial, los jueces españoles volvieron a resolver más asuntos de los que entraron nuevos en sus juzgados y tribunales, lo que permitió reducir los niveles de congestión. Y la duración media de los procesos judiciales fue de “doce meses”, aseveración que, con la estadística judicial en la mano, es indiscutible, pero que todos aquellos ciudadanos envueltos en trámites judiciales saben que falsa de toda falsedad.

Reconoció Lesmes que hay procesos «cuya tramitación se extiende en el tiempo más allá de lo razonable, lo que genera desaliento en la sociedad, especialmente en los casos de corrupción», fenómeno que dibujó como una «lacra social que está minando la credibilidad en las instituciones».

Era uno de los puntos en los que el presidente del Poder Judicial podría haber conectado con la opinión pública, pero se limitó a señalar que «los jueces españoles, en el ámbito de nuestras responsabilidades, nos comprometemos a hacer todo lo posible para revertir esta situación, agilizando la tramitación y resolución de las causas en materia de corrupción”. Bienintencionado aserto que sonó a hueco porque, mientras tanto, la Audiencia Provincial de Castellón evitaba en esos momentos, por segunda vez, el ingreso en prisión de Carlos Fabra, condenado en firme.

Oportunidad perdida

Más cercano al sentimiento de la ciudadanía pudo estar el fiscal general del Estado, que tras un rápido repaso a las cifras del Ministerio Fiscal corrió a destacar aquellos aspectos del modelo judicial español que no funcionan, como, los juicios de faltas, ejemplo de “fracaso de un modelo de agilización” que requiere una “radical reforma” porque “la ratio coste/resultado no resiste el más mínimo análisis”.

En contra de los asegurado después por el presidente del Supremo, Tores-Dulce denunció los tiempos procesales que ofrece el modelo procesal español, 393 día de media entre la apertura de una diligencias y su cierre en el procedimiento abreviado, 722 días en el sumario. Y desde la conclusión del proceso hasta que por fin llega la vista oral discurren otros 532 días en el caso de un abreviado, 250 si se trata de un sumario.

Para el fiscal general, el problema es grave en los supuestos de corrupción, en los que la respuesta judicial es «en exceso lenta y a veces desigual». Y si el sistema judicial «no es capaz en organización, medios y procedimientos de ofrecer respuestas ágiles a estas demandas, todo el armazón de la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho padecerá seriamente».

Por ello, Torres-Dulce reclamó más y mejores medios materiales y humanos para combatir la corrupción, pero también «profundas reformas» en la Administración pública y en el sistema de control de los fondos públicos y del sistema financiero, «mecanismos de prevención que aborden el problema en sus orígenes, que lo atajen antes de que nazca, mecanismos de alerta temprana en el seno de las instituciones públicas, partidos políticos, sindicatos, empresas, fundaciones y demás entes involucrados en la gestión de la cosa común».

Interesante aldabonazo en presencia del ministro de Justicia y los más destacados responsables parlamentarios. El problema es que caerá en saco roto. Ruiz-Gallardón es un político de recorrido agotado, que no está en disposición de abordar ninguna iniciativa legislativa de calado en lo que resta de legislatura. Y para los partidos políticos el curso judicial 2014-2015 recién inaugurado es año electoral, por lo que ninguno imulsará con visos de éxito cambios de calado en el actual status quo. Será un año perdido, otro más, en el imprescindible proceso de dotar a la moderna sociedad española de una administración de Justicia ágil y eficiente, acorde a sus expectativas y necesidades.

Así que en septiembre de 2015 el presidente del Supremo y del CGPJ, junto al fiscal general del Estado, rendirán cuentas al Rey de lo realizado por las instituciones que encabezan desde hoy hasta entonces, sin que en ese lapso nada sustancial haya cambiado. Y los ciudadanos seguirán sin entender el objetivo de tanta ceremonia y tanto boato.