Una Justicia inerme ante la corrupción

Francisco José Granados Lerena es un militante del Partido Popular (PP) que entre el 25 de julio de 2008 y el 17 de junio de 2011 ostentó el cargo de Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. A finales de 2009 puso en pie de guerra a los abogados de oficio madrileños porque suspendió durante meses el pago de sus haberes. “Hay personas que han elegido una profesión liberal y han decidido convertirse en funcionarios sin oposición y vivir únicamente del turno de oficio, y eso no se pude mantener”, explicó.

En 2010, limitó por decreto el acceso a la justicia gratuita: “El Gobierno de la Comunidad de Madrid no está dispuesto a seguir manteniendo los abusos que se están produciendo en la aplicación del turno de oficio”, insistió. En 2011, abogó por devolver al Estado las competencias en materia de Justicia porque son “caras y complicadas”, “no tienen ningún sentido”, y por eso en Madrid su gestión se ha convertido en “un carajal”.

Sí, es el mismo Francisco Granados que acaba de ser encarcelado por encabezar la trama desarticulada con la ‘operación Púnica’, una vasta red corrupta que conseguía la adjudicación de numerosos contratos públicos a cambio de pingües comisiones que han ido apareciendo almacenadas en cuentas de diversas entidades bancarias de Suiza, varias de ellas a su nombre. Sigue leyendo

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Abogados con oficio

El pasado jueves 24 de julio, un millar de abogados, toga en ristre, se manifestaron en Madrid contra el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG) y en defensa del turno de oficio. Los convocantes consideran un éxito la convocatoria, pero a mí las imágenes de un puñado de letrados desfilando por el paseo de Recoletos me dejaron un cierto regusto amargo a fracaso.

Manifestación de abogados en Madrid.

Manifestación de abogados en Madrid.

 

No fallaron los letrados: entre los manifestaban estaban los máximos responsables de los 82 colegios de abogados de España, así como los del Consejo General de la Abogacía, con lo que cabe entender que esos mil letrados recogieron el malestar mayoritario de la profesión. Como ya ocurriera con la Ley de Tasas, la abogacía ha asumido casi en solitario la responsabilidad de frenar lo que no deja de ser un duro recorte a la justicia gratuita. Sigue leyendo