Medidas excepcionales contra el soberanismo catalán

Dice el refrán popular que “a grandes males, grandes remedios”. Así ocurre en la dura pugna que mantiene el Estado -a través de sus principales instituciones- con el soberanismo catalán que impulsa desde la Generalitat su presidente, Artur Mas. En este caso, los remedios más que grandes son extraordinarios, lo que da cuenta de la magnitud del desafío y del empeño puesto en frenarlo. Lo que queda por dilucidar, el tiempo dirá, es si el recurso a medidas excepcionales no generará consecuencias contraproducentes. Mientras tanto, el independentismo catalán pierde 2-0. Sigue leyendo

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Desahucios: el Supremo tampoco puede

Una sentencia conocida el pasado viernes generó la falsa idea de que el Tribunal Supremo ponía cierto coto a los desmanes bancarios en materia de hipotecas impagadas, y que abría la puerta a una especie de dación en pago en determinados supuestos (véase El País o El Economista del pasado sábado). Por desgracia, no es cierto. Muy al contrario, el alto tribunal avala la norma que faculta a los bancos para mantener viva la deuda contraída por el ciudadano hipotecado pese a que se le haya embargado el piso.

Fachada principal del palacio que es sede del Tribunal Supremo

enrique Fachada principal del palacio que es sede del Tribunal Supremo

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La Justicia se autoindemniza

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de la Audiencia Nacional ha reconocido a un compañero de tribunal, Eloy Velasco, juez central de Instrucción 6 de ese mismo órgano, el derecho a percibir una indemnización de 7.200 porque tras sus últimas 36 guardias de ocho días de duración cada una no pudo disfrutar de una sola hora de descanso. Una guardia judicial de ocho días de duración es complicada; no poder descansar cuando termina es duro; que eso se repita 36 veces seguidas es una aberración, y que el afectado tenga que recurrir por ello a los tribunales tiene un punto de astracanada. Y el conjunto es un claro síntoma de la necrosis que padece el tejido judicial español.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco

El caso del juez Velasco es mucho más habitual de lo que puede parecer. Este mismo jueves, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 4 de la Audiencia Nacional ha condenado al Estado a indemnizar con 6.600 euros al juez de Instrucción 3 de Granollers que entre marzo de 2011 y octubre de 2013 realizó 33 guardias semanales sin poder disfrutar del correspondiente día de descanso. Sigue leyendo

Una Justicia demasiado cara

El Estado ha recaudado, entre el 17 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2014, 512.468.000 euros en concepto de tasas judiciales. Hay otra forma de presentarlo: los ciudadanos han tenido que desembolsar más de 512 millones de euros para acceder a la Justicia desde que entró en vigor la Ley 10/2012 que impulsó el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón. El dato ha podido conocerse gracias a una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno a una pregunta formulada a finales del pasado año por un diputado socialista. El ministerio no facilita ninguna otra información al respecto.

El exministro de Justicia al término de un Consejo de Ministros.

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón al término de un Consejo de Ministros

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El Supremo da la espalda a Europa

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, tras cuatro horas de debate y una disputada votación, optó ayer martes por dar la espalda a Europa. Lo hizo para evitar que un nuevo paso adelante dado en la construcción del denominado espacio judicial europeo se tradujese en un goteo de excarcelaciones de etarras que cumplen largas condenas por graves crímenes. Es una apuesta arriesgada: que asesinos como Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, salgan de prisión antes de lo previsto es una mala noticia, pero la posibilidad de que pueda volver a ocurrir en un futuro cercano si los tribunales europeos desautorizan el criterio de la máxima instancia judicial española lo es aún peor.

Fachada principal del palacio que es sede del Tribunal Supremo

Fachada principal del palacio que es sede del Tribunal Supremo

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El poder del juez (Castro)

Duro correctivo del juez José Castro a todos aquellos que aventuraron que no hay magistrado o tribunal que se atreva a juzgar a un miembro de la Casa Real. Frente a tanto incrédulo ha sentado en el banquillo a la Infanta Cristina, hija de rey, hermana de rey y sexta en la línea de sucesión a la Corona, al menos de momento. Quienes observaban el proceso convencidos de que es la prueba del algodón para averiguar si la administración de Justicia puede luchar contra la corrupción político-económica ya tienen la respuesta, porque el instructor del ‘caso Nóos’ ha concluido toda una demostración de cuál es el verdadero poder de un juez: cuando quiere, puede.

El juez instructor del 'caso Nóos', José Castro.

El juez instructor del ‘caso Nóos’, José Castro

A día de hoy, la Infanta Cristina deberá ocupar plaza en el banquillo para ser juzgada por dos delitos fiscales que habría cometido su esposo, Iñaki Urdangarín en 2007 y 2008, de los que ella también habría sido autora por omisión, por mirar a otro lado y desentenderse de la gestión de una empresa, Aizóon, de la que era copropietaria al 50 por ciento. En el juicio oral sólo será acusada por la acción popular que ejerce el pseudosindicato Manos Limpias, que reclama una condena de ocho años de cárcel. Sigue leyendo

La Infanta Cristina, imputada ¿real?

Es toda una noticia: la Infanta Cristina de Borbón, hija de rey (Juan Carlos I) y hermana de rey (Felipe VI), ha visto confirmada su imputación en el denominado ‘caso Nóos’, que trata de delimitar responsabilidades en una trama de corruptelas que salpica de lleno al anterior gobierno balear y en el que el gran protagonista es su marido, Iñaki Urdangarín. ¿Quiere ello decir que se sentará en el banquillo una destacada integrante de la Casa Real? Está por ver, y las apuestas están igualadas.

La Infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarín

La Infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarín

En ese complejo juego de estrategias que es todo proceso penal, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha logrado colocar la causa en un complejo punto de equilibrio que, de momento, puede contentar todos los intereses enfrentados en el sumario. Pero abre a su vez un retorcido futuro sembrado de espinas. Sigue leyendo