Una Justicia demasiado cara

El Estado ha recaudado, entre el 17 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2014, 512.468.000 euros en concepto de tasas judiciales. Hay otra forma de presentarlo: los ciudadanos han tenido que desembolsar más de 512 millones de euros para acceder a la Justicia desde que entró en vigor la Ley 10/2012 que impulsó el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón. El dato ha podido conocerse gracias a una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno a una pregunta formulada a finales del pasado año por un diputado socialista. El ministerio no facilita ninguna otra información al respecto.

El exministro de Justicia al término de un Consejo de Ministros.

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón al término de un Consejo de Ministros

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El Supremo da la espalda a Europa

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, tras cuatro horas de debate y una disputada votación, optó ayer martes por dar la espalda a Europa. Lo hizo para evitar que un nuevo paso adelante dado en la construcción del denominado espacio judicial europeo se tradujese en un goteo de excarcelaciones de etarras que cumplen largas condenas por graves crímenes. Es una apuesta arriesgada: que asesinos como Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, salgan de prisión antes de lo previsto es una mala noticia, pero la posibilidad de que pueda volver a ocurrir en un futuro cercano si los tribunales europeos desautorizan el criterio de la máxima instancia judicial española lo es aún peor.

Fachada principal del palacio que es sede del Tribunal Supremo

Fachada principal del palacio que es sede del Tribunal Supremo

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El poder del juez (Castro)

Duro correctivo del juez José Castro a todos aquellos que aventuraron que no hay magistrado o tribunal que se atreva a juzgar a un miembro de la Casa Real. Frente a tanto incrédulo ha sentado en el banquillo a la Infanta Cristina, hija de rey, hermana de rey y sexta en la línea de sucesión a la Corona, al menos de momento. Quienes observaban el proceso convencidos de que es la prueba del algodón para averiguar si la administración de Justicia puede luchar contra la corrupción político-económica ya tienen la respuesta, porque el instructor del ‘caso Nóos’ ha concluido toda una demostración de cuál es el verdadero poder de un juez: cuando quiere, puede.

El juez instructor del 'caso Nóos', José Castro.

El juez instructor del ‘caso Nóos’, José Castro

A día de hoy, la Infanta Cristina deberá ocupar plaza en el banquillo para ser juzgada por dos delitos fiscales que habría cometido su esposo, Iñaki Urdangarín en 2007 y 2008, de los que ella también habría sido autora por omisión, por mirar a otro lado y desentenderse de la gestión de una empresa, Aizóon, de la que era copropietaria al 50 por ciento. En el juicio oral sólo será acusada por la acción popular que ejerce el pseudosindicato Manos Limpias, que reclama una condena de ocho años de cárcel. Sigue leyendo

La Infanta Cristina, imputada ¿real?

Es toda una noticia: la Infanta Cristina de Borbón, hija de rey (Juan Carlos I) y hermana de rey (Felipe VI), ha visto confirmada su imputación en el denominado ‘caso Nóos’, que trata de delimitar responsabilidades en una trama de corruptelas que salpica de lleno al anterior gobierno balear y en el que el gran protagonista es su marido, Iñaki Urdangarín. ¿Quiere ello decir que se sentará en el banquillo una destacada integrante de la Casa Real? Está por ver, y las apuestas están igualadas.

La Infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarín

La Infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarín

En ese complejo juego de estrategias que es todo proceso penal, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha logrado colocar la causa en un complejo punto de equilibrio que, de momento, puede contentar todos los intereses enfrentados en el sumario. Pero abre a su vez un retorcido futuro sembrado de espinas. Sigue leyendo

La desfasada imagen de la Justicia

La Justicia española sólo tiene marcada una fecha en rojo en su calendario, la de la apertura del año judicial, solemne ceremonia en la que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), junto al fiscal general del Estado, rinden cuentas ante el jefe del Estado de la actividad realizada por las instituciones que encabezan durante el último año.

Suele ser en septiembre; este año tocó ayer miércoles. El rito se celebró, como siempre, en un Salón de Plenos del Supremo atestado en esta ocasión por tratarse de la primera vez que lo presidía Felipe VI, hecho que coincidió con el debut de Carlos Lesmes como cabeza visible de la judicatura.

Un momento del acto de apertura del año judicial.

Un momento del acto de apertura del año judicial.

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Decepcionantes macroprocesos

El ‘caso de los ERE’ ha llegado por fin al Tribunal Supremo. Lo hizo a comienzos del pasado mes de agosto, mal mes para que una noticia alcance notoriedad, y es posible que ese sea el motivo por el que ha pasado bastante desapercibida. O al menos uno de los motivos; otro, a buen seguro, es que todos somos conscientes de que, en este asunto, nuestro sistema judicial afronta un grave problema.

Tiempo ha, la apertura de un macroproceso excitaba con fruición las glándulas salivares de cualquier redacción. No importaba si versaba sobre un supuesto de narcotráfico, corrupción política, terrorismo o estafa a gran escala; tampoco era relevante el nombre del juez instructor, porque era una estrella o iba a serlo de inmediato. Un macroproceso era una fuente de noticias gordas que manaba durante mucho tiempo para mayor felicidad de cualquier medio, dispuesto a todo por hacerse con tamaño tesoro. Sigue leyendo

Una Justicia sin ayudas

El Tribunal Supremo acaba de cerrar el ‘caso Investahorro’. Por si no le suena, querido lector, una pista: se trata de una estafa piramidal urdida por tres sociedades de Bolsa aragonesas, Mercado y Gestión de Valores AVA (MG), Agentes de Bolsa y Asociados (ABA, hoy Agenbolsa) y Benito y Monjardín (hoy en manos de Espírito Santo Investments, filial del quebrado Banco Espírito Santo). ¿Ni aun así logra recordar? No se extrañe: las primeras querellas contra la sociedad utilizada para canalizar el fraude, la aragonesa Investahorro, se presentaron en 1998. En su día corrieron ríos de tinta, pero claro, hace ya la friolera de dieciséis años.

Según un principio básico de la ciencia jurídica, la justicia tardía no es justicia. Así que la sentencia del Supremo ha resuelto el proceso judicial, pero no queda claro si con ella se ha impartido justicia. Desde luego, no para más de 50 de los cerca de 600 estafados en el ‘caso Investahorro’, que no van a ver satisfecho su legítimo derecho a que se les repare el daño sufrido porque han fallecido en este lapso. Sigue leyendo

De fueros y desafueros

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

El entrecomillado corresponde al artículo 14 de la Constitución de 1978. Es un mandato taxativo (“los españoles son”) sobre el que todo lo que hay que escribir está ya escrito por plumas mucho más doctas que la mía.

También hay amplia literatura sobre el convencimiento de la mayoría de los ciudadanos de que ese mandato no se cumple. El temor de que en España haya una Justicia para ricos y otra para pobres es antiguo, sin que los poderes públicos se hayan esforzado en despejar las dudas existentes. Sigue leyendo