La factura de Bankia la pagamos todos

800 millones de euros, que se dice pronto. Casi un punto del PIB. Esa es la fianza por responsabilidad civil exigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andréu a los impulsores de la salida a Bolsa de Bankia: el expresidente Rodrigo Rato, los exdirectivos Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella, así como al Banco Financiero y de Ahorros (BFA), sociedad que agrupa el negocio bancario de siete antiguas cajas españolas, entre ellas CajaMadrid y Bancaja. El objetivo: asegurar las posibles indemnizaciones a las que tendrían derecho quienes en junio de 2011 compraron acciones del nuevo banco sin saber, como sospecha el juez, que sus máximos responsables ocultaron la verdadera situación contable de la entidad. La cuantía es todavía imposible de determinar, pero si hay que pagar lo haremos todos los contribuyentes.

El consejo de administración de Bankia, con Rodrigo Rato en el centro, el día de la salida a bolsa.

El consejo de administración de Bankia, con Rodrigo Rato en el centro, en la salida a bolsa.

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La Justicia se autoindemniza

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de la Audiencia Nacional ha reconocido a un compañero de tribunal, Eloy Velasco, juez central de Instrucción 6 de ese mismo órgano, el derecho a percibir una indemnización de 7.200 porque tras sus últimas 36 guardias de ocho días de duración cada una no pudo disfrutar de una sola hora de descanso. Una guardia judicial de ocho días de duración es complicada; no poder descansar cuando termina es duro; que eso se repita 36 veces seguidas es una aberración, y que el afectado tenga que recurrir por ello a los tribunales tiene un punto de astracanada. Y el conjunto es un claro síntoma de la necrosis que padece el tejido judicial español.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco

El caso del juez Velasco es mucho más habitual de lo que puede parecer. Este mismo jueves, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 4 de la Audiencia Nacional ha condenado al Estado a indemnizar con 6.600 euros al juez de Instrucción 3 de Granollers que entre marzo de 2011 y octubre de 2013 realizó 33 guardias semanales sin poder disfrutar del correspondiente día de descanso. Sigue leyendo

El Supremo da la espalda a Europa

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, tras cuatro horas de debate y una disputada votación, optó ayer martes por dar la espalda a Europa. Lo hizo para evitar que un nuevo paso adelante dado en la construcción del denominado espacio judicial europeo se tradujese en un goteo de excarcelaciones de etarras que cumplen largas condenas por graves crímenes. Es una apuesta arriesgada: que asesinos como Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, salgan de prisión antes de lo previsto es una mala noticia, pero la posibilidad de que pueda volver a ocurrir en un futuro cercano si los tribunales europeos desautorizan el criterio de la máxima instancia judicial española lo es aún peor.

Fachada principal del palacio que es sede del Tribunal Supremo

Fachada principal del palacio que es sede del Tribunal Supremo

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Si el juez Ruz lo pide…

El juez Pablo Ruz podrá seguir al frente de los sumarios que investigan la financiación irregular del PP (los casos Gürtel y Bárcenas)… si él lo pide. Esas cuatro simples palabras encierran toda la gravedad de la decisión adoptada ayer martes por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que aprobó sacar a concurso, junto a otras 363, la plaza de sustitución que ocupa en la Audiencia Nacional, lo que en la práctica le expulsa de ese tribunal, pero podrá seguir instruyendo aquellos sumarios de especial complejidad… si él lo pide, si demuestra un interés particular en esas causas, lo que permitiría cuestionar su imparcialidad, que es el camino más directo que tiene un juez hacia su deslegitimación.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

El juez Ruz llegó al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en junio de 2010 para cubrir el hueco dejado por Baltasar Garzón, suspendido de manera cautelar por la apertura de tres procedimientos judiciales que, años después, determinaron su expulsión de la carrera judicial. El titular del juzgado pasó a ser entonces el magistrado Miguel Carmona, que nunca llegó a pisarlo: cuando obtuvo la plaza era vocal del CGPJ y al término del mandato fue destinado a Londres como magistrado de enlace con las autoridades judiciales británicas.

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El ineficaz plan de Rajoy contra contra la corrupción

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no decepcionó en su comparecencia del pasado jueves en el Congreso: nadie esperaba casi nada del paquete de medidas que presentó para combatir la corrupción político-económica, y eso ofreció, más o menos nada. El catálogo anunciado por el jefe del Ejecutivo cojea en su contenido, pero sobre todo falla en aspectos cruciales de la lucha contra la corrupción que quedan fuera del plan gubernamental.

El presidente y la vicepresidenta del Gobierno, durante el debate parlamentario del pasado jueves.

El presidente y la vicepresidenta del Gobierno, durante el debate parlamentario del pasado jueves.

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Una Justicia sin ayudas

El Tribunal Supremo acaba de cerrar el ‘caso Investahorro’. Por si no le suena, querido lector, una pista: se trata de una estafa piramidal urdida por tres sociedades de Bolsa aragonesas, Mercado y Gestión de Valores AVA (MG), Agentes de Bolsa y Asociados (ABA, hoy Agenbolsa) y Benito y Monjardín (hoy en manos de Espírito Santo Investments, filial del quebrado Banco Espírito Santo). ¿Ni aun así logra recordar? No se extrañe: las primeras querellas contra la sociedad utilizada para canalizar el fraude, la aragonesa Investahorro, se presentaron en 1998. En su día corrieron ríos de tinta, pero claro, hace ya la friolera de dieciséis años.

Según un principio básico de la ciencia jurídica, la justicia tardía no es justicia. Así que la sentencia del Supremo ha resuelto el proceso judicial, pero no queda claro si con ella se ha impartido justicia. Desde luego, no para más de 50 de los cerca de 600 estafados en el ‘caso Investahorro’, que no van a ver satisfecho su legítimo derecho a que se les repare el daño sufrido porque han fallecido en este lapso. Sigue leyendo

El arte de leer (bien) las sentencias

“La Audiencia justifica el asedio al Parlament” (El Mundo), “La Audiencia dice que asediar un Parlamento es libertad de expresión” (ABC), “La Audiencia decide que el cerco al Parlament no constituyó delito” (La Vanguardia), “La Audiencia justifica el asedio al Parlament por la libertad de expresión” (La Razón)… He de reconocer que, al leer esos y otros titulares parecidos, a mí también me embargó el estupor generado por la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que dejó sin castigo los incidentes sucedidos en Barcelona el 15 de junio de 2011, cuando una manifestación impidió a muchos de los diputados catalanes acceder a la sede parlamentaria y provoco que la sesión de ese día se viese seriamente alterada.

audiencia-nacional

Tuve la suerte de iniciarme en esta profesión de la mano de excelentes profesionales, de los que adquirí numerosos vicios. Uno de ellos, beber siempre de las fuentes originales, así que no dudé en leer la controvertida sentencia. Y, ¡oh sorpresa!, resulta que su contenido no responde a los citados titulares. Sigue leyendo