La falsa reforma de Catalá contra la corrupción

AVISO: Comentario publicado el pasado lunes 9 de marzo en El Faro de Temis, blog del autor alojado en Cuarto Poder.

 

El arte de la política es a veces tan taimado que nada ocurre sin su correspondiente doblez. El Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que pretende agilizar la Justicia para mejorar la lucha contra la corrupción. La iniciativa, sin embargo, es inocua y llegará al Parlamento sin apenas tiempo para ser debatida y aprobada, lo que permite pensar que su objetivo es distinto al proclamado.

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante una reciente visita oficial a Badajos. / (Foto: EFE)

Quiere la reforma de la LECrim impulsada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, acabar con los sumarios interminables. Para ello, elimina el inoperante plazo de un mes que la actual ley fija para concluir un proceso y lo sustituye por otro “más realista” de seis meses, prorrogables a 18 en el caso de investigaciones complejas.

Un férreo sistema de plazos no sólo no agiliza el proceso sino que puede colapsar los sumarios y hacer inviable la investigación de delitos complejos. Consciente de ello, y para evitar cualquier suspicacia, el propio ministro ha enfatizado que no son plazos rígidos e incluso el de 18 meses debe manejarse “con flexibilidad” y podrá ser prorrogado “de manera indefinida” cuando sea necesario.

Es decir, el mecanismo de los plazos no va a ser operativo. De lo contrario sería imposible investigar episodios como el caso Gürtel, una investigación iniciada en 2008 que ha estado en manos de cuatro jueces (el quinto llegará en unas semanas) y ha pasado por tres tribunales distintos. Sigue leyendo

Enmienda a la totalidad a Ruiz-Gallardón

Tomo prestado el título de este comentario de la periodista Sonia Sánchez, de la Cadena SER, porque resume a la perfección lo que ha supuesto el círculo que en estos días cierra el Gobierno presidido por Mariano Rajoy: casi toda la obra de su primer ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido revisada, corregida y en su mayoría anulada. Es un hecho insólito en democracia: acostumbrados estamos a que los gobiernos de turno incumplan sus programas electorales, pero nunca antes se había producido una rectificación de este calado excepto, salvando las distancias, el famoso cambio de criterio del Gobierno de Felipe González respecto a la pertenencia de España a la OTAN.

Rafael Catalá (iqda) conversa con su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que acudió a la  ceremonia de traspaso de poderes en el Ministerio de Justicia.

Rafael Catalá (iqda) conversa con su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que acudió a la ceremonia de traspaso de poderes en el Ministerio de Justicia.

Ha sido, por tanto, una legislatura perdida para la administración de Justicia, que no es lo mismo que una legislatura en blanco, porque tres años y medio después los juzgados y tribunales están en peor situación de lo que estaban cuando el PP ganó las elecciones  y Rajoy pasó a ocupar La Moncloa. Sigue leyendo

Medidas excepcionales contra el soberanismo catalán

Dice el refrán popular que “a grandes males, grandes remedios”. Así ocurre en la dura pugna que mantiene el Estado -a través de sus principales instituciones- con el soberanismo catalán que impulsa desde la Generalitat su presidente, Artur Mas. En este caso, los remedios más que grandes son extraordinarios, lo que da cuenta de la magnitud del desafío y del empeño puesto en frenarlo. Lo que queda por dilucidar, el tiempo dirá, es si el recurso a medidas excepcionales no generará consecuencias contraproducentes. Mientras tanto, el independentismo catalán pierde 2-0. Sigue leyendo

Desahucios: el Supremo tampoco puede

Una sentencia conocida el pasado viernes generó la falsa idea de que el Tribunal Supremo ponía cierto coto a los desmanes bancarios en materia de hipotecas impagadas, y que abría la puerta a una especie de dación en pago en determinados supuestos (véase El País o El Economista del pasado sábado). Por desgracia, no es cierto. Muy al contrario, el alto tribunal avala la norma que faculta a los bancos para mantener viva la deuda contraída por el ciudadano hipotecado pese a que se le haya embargado el piso.

Fachada principal del palacio que es sede del Tribunal Supremo

enrique Fachada principal del palacio que es sede del Tribunal Supremo

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La factura de Bankia la pagamos todos

800 millones de euros, que se dice pronto. Casi un punto del PIB. Esa es la fianza por responsabilidad civil exigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andréu a los impulsores de la salida a Bolsa de Bankia: el expresidente Rodrigo Rato, los exdirectivos Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella, así como al Banco Financiero y de Ahorros (BFA), sociedad que agrupa el negocio bancario de siete antiguas cajas españolas, entre ellas CajaMadrid y Bancaja. El objetivo: asegurar las posibles indemnizaciones a las que tendrían derecho quienes en junio de 2011 compraron acciones del nuevo banco sin saber, como sospecha el juez, que sus máximos responsables ocultaron la verdadera situación contable de la entidad. La cuantía es todavía imposible de determinar, pero si hay que pagar lo haremos todos los contribuyentes.

El consejo de administración de Bankia, con Rodrigo Rato en el centro, el día de la salida a bolsa.

El consejo de administración de Bankia, con Rodrigo Rato en el centro, en la salida a bolsa.

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¿Una Justicia cibernética?

Una encuesta de urgencia y en absoluto científica concluye que una de las quejas que con más frecuencia elevan a sus correspondientes tribunales superiores los jueces decanos es el pésimo estado de las instalaciones que albergan las sedes judiciales. Las goteras que arruinan los archivos, la calefacción que deja de funcionar siempre que arrecia el temporal o ese sistema informático abonado al cuelgue que mantiene en jaque al servicio común de notificaciones y embargos son ya tan habituales que han dejado de ser noticia.

Ese es el estado de la administración judicial española. Por eso me llama la atención que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya premiado en su más reciente edición de los galardones Calidad de la Justicia un proyecto que parece casi de ciencia-ficción. Es la propuesta Arconte-SHS para el control de acceso y presencia en los edificios judiciales de Fujitsu, uno de los principales proveedores tecnológicos del Poder Judicial.

Asegura la firma nipona que Arconte-SHS es un sistema de identificación de personas mediante la captura y archivo de la imagen escaneada del patrón de las venas de la mano, que al parecer es único para cada persona. El sensor usa “rayos casi infrarrojos”, según la información oficial del producto, que detectan la sangre ya sin oxígeno que circula por las venas; la imagen resultante se archiva codificada en una base de datos. Al tratarse de información que está en el interior del cuerpo no puede ser falsificada para una suplantación de identidad, algo que sí es posible en los sistemas que utilizan la huella dactilar o el iris del ojo. Sigue leyendo

El nuevo y deficiente modelo de Poder Judicial

Apenas cumplido el primer año de vida en su actual mandato, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) atraviesa ya una soterrada crisis interna de importancia. En apariencia el conflicto radica en la renovación de la Comisión Permanente, pero tiene más que ver con un nuevo modelo de funcionamiento que no ha tardado en mostrar todas sus deficiencias.

Hace ahora un año, el Pleno del consejo aprobó por unanimidad la composición de la Permanente, órgano de gobierno interno de la institución. El pasado jueves, su renovación (con el cambio obligado por la dimisión de la vocal catalana Mercè Pigem) sólo consiguió catorce apoyos, mientras siete vocales votaron en contra. Todo un síntoma.

El presidente  del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales que conforman el actual mandato.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales que forman el actual Pleno.

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La Justicia se autoindemniza

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de la Audiencia Nacional ha reconocido a un compañero de tribunal, Eloy Velasco, juez central de Instrucción 6 de ese mismo órgano, el derecho a percibir una indemnización de 7.200 porque tras sus últimas 36 guardias de ocho días de duración cada una no pudo disfrutar de una sola hora de descanso. Una guardia judicial de ocho días de duración es complicada; no poder descansar cuando termina es duro; que eso se repita 36 veces seguidas es una aberración, y que el afectado tenga que recurrir por ello a los tribunales tiene un punto de astracanada. Y el conjunto es un claro síntoma de la necrosis que padece el tejido judicial español.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco

El caso del juez Velasco es mucho más habitual de lo que puede parecer. Este mismo jueves, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 4 de la Audiencia Nacional ha condenado al Estado a indemnizar con 6.600 euros al juez de Instrucción 3 de Granollers que entre marzo de 2011 y octubre de 2013 realizó 33 guardias semanales sin poder disfrutar del correspondiente día de descanso. Sigue leyendo

Una Justicia demasiado cara

El Estado ha recaudado, entre el 17 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2014, 512.468.000 euros en concepto de tasas judiciales. Hay otra forma de presentarlo: los ciudadanos han tenido que desembolsar más de 512 millones de euros para acceder a la Justicia desde que entró en vigor la Ley 10/2012 que impulsó el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón. El dato ha podido conocerse gracias a una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno a una pregunta formulada a finales del pasado año por un diputado socialista. El ministerio no facilita ninguna otra información al respecto.

El exministro de Justicia al término de un Consejo de Ministros.

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón al término de un Consejo de Ministros

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La compleja desobediencia catalana

La admisión a trámite el pasado diciembre de la querella ordenada por el anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau provocó una oleada de alivio por el éxito de una complicada iniciativa y rebajó las tensiones provocadas en la propia Fiscalía, cuya crisis interna puso en duda la viabilidad de la iniciativa. La decisión del pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fue además unánime. Pero en Derecho no hay papel que no tenga su correspondiente doblez y la lectura de la resolución, conocida hace unos días, ha vuelto a disparar las alarmas de quienes vieron en la intervención judicial la única forma de cauterizar la herida abierta el 9-N.

Fachada principal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Fachada principal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Para admitir una querella, el juez o tribunal suele limitarse a comprobar que cumple los requisitos formales que exige la ley y, en caso afirmativo, realiza una primera calificación jurídica de los hechos denunciados. Pero el tribunal catalán ha ido más lejos: ha desbrozado con finura el enmarañado relato de hechos elaborado por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada. Y, en vez de despejar el camino, lo ha dejado sembrado de obstáculos.

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