La falsa reforma de Catalá contra la corrupción

AVISO: Comentario publicado el pasado lunes 9 de marzo en El Faro de Temis, blog del autor alojado en Cuarto Poder.

 

El arte de la política es a veces tan taimado que nada ocurre sin su correspondiente doblez. El Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que pretende agilizar la Justicia para mejorar la lucha contra la corrupción. La iniciativa, sin embargo, es inocua y llegará al Parlamento sin apenas tiempo para ser debatida y aprobada, lo que permite pensar que su objetivo es distinto al proclamado.

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante una reciente visita oficial a Badajos. / (Foto: EFE)

Quiere la reforma de la LECrim impulsada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, acabar con los sumarios interminables. Para ello, elimina el inoperante plazo de un mes que la actual ley fija para concluir un proceso y lo sustituye por otro “más realista” de seis meses, prorrogables a 18 en el caso de investigaciones complejas.

Un férreo sistema de plazos no sólo no agiliza el proceso sino que puede colapsar los sumarios y hacer inviable la investigación de delitos complejos. Consciente de ello, y para evitar cualquier suspicacia, el propio ministro ha enfatizado que no son plazos rígidos e incluso el de 18 meses debe manejarse “con flexibilidad” y podrá ser prorrogado “de manera indefinida” cuando sea necesario.

Es decir, el mecanismo de los plazos no va a ser operativo. De lo contrario sería imposible investigar episodios como el caso Gürtel, una investigación iniciada en 2008 que ha estado en manos de cuatro jueces (el quinto llegará en unas semanas) y ha pasado por tres tribunales distintos. Sigue leyendo

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Enmienda a la totalidad a Ruiz-Gallardón

Tomo prestado el título de este comentario de la periodista Sonia Sánchez, de la Cadena SER, porque resume a la perfección lo que ha supuesto el círculo que en estos días cierra el Gobierno presidido por Mariano Rajoy: casi toda la obra de su primer ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido revisada, corregida y en su mayoría anulada. Es un hecho insólito en democracia: acostumbrados estamos a que los gobiernos de turno incumplan sus programas electorales, pero nunca antes se había producido una rectificación de este calado excepto, salvando las distancias, el famoso cambio de criterio del Gobierno de Felipe González respecto a la pertenencia de España a la OTAN.

Rafael Catalá (iqda) conversa con su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que acudió a la  ceremonia de traspaso de poderes en el Ministerio de Justicia.

Rafael Catalá (iqda) conversa con su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que acudió a la ceremonia de traspaso de poderes en el Ministerio de Justicia.

Ha sido, por tanto, una legislatura perdida para la administración de Justicia, que no es lo mismo que una legislatura en blanco, porque tres años y medio después los juzgados y tribunales están en peor situación de lo que estaban cuando el PP ganó las elecciones  y Rajoy pasó a ocupar La Moncloa. Sigue leyendo

¿Una Justicia cibernética?

Una encuesta de urgencia y en absoluto científica concluye que una de las quejas que con más frecuencia elevan a sus correspondientes tribunales superiores los jueces decanos es el pésimo estado de las instalaciones que albergan las sedes judiciales. Las goteras que arruinan los archivos, la calefacción que deja de funcionar siempre que arrecia el temporal o ese sistema informático abonado al cuelgue que mantiene en jaque al servicio común de notificaciones y embargos son ya tan habituales que han dejado de ser noticia.

Ese es el estado de la administración judicial española. Por eso me llama la atención que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya premiado en su más reciente edición de los galardones Calidad de la Justicia un proyecto que parece casi de ciencia-ficción. Es la propuesta Arconte-SHS para el control de acceso y presencia en los edificios judiciales de Fujitsu, uno de los principales proveedores tecnológicos del Poder Judicial.

Asegura la firma nipona que Arconte-SHS es un sistema de identificación de personas mediante la captura y archivo de la imagen escaneada del patrón de las venas de la mano, que al parecer es único para cada persona. El sensor usa “rayos casi infrarrojos”, según la información oficial del producto, que detectan la sangre ya sin oxígeno que circula por las venas; la imagen resultante se archiva codificada en una base de datos. Al tratarse de información que está en el interior del cuerpo no puede ser falsificada para una suplantación de identidad, algo que sí es posible en los sistemas que utilizan la huella dactilar o el iris del ojo. Sigue leyendo