AVISO: Este artículo fue publicado el pasado 20 de marzo en el blog El Faro de Temis, alojado en la web cuartopoder.es. Esta versión actualiza el anterior.

A estas alturas del espectáculo, nadie duda ya de que tras el mediático arresto domiciliario por unas horas de Rodrigo Rato el pasado jueves hay una decisión política que busca reforzar la idea del “firme compromiso” del Gobierno en la lucha contra la corrupción. Eso es grave. Y más lo es que algo así haya sido posible gracias a la debilidad de las estructuras judiciales que deben perseguir ese tipo de comportamientos. Y está por ver que alguien pueda sentirse satisfecho con los resultados obtenidos.

Nadie parece sorprenderse de que todo un exvicepresidente económico del gobierno de España, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional y expresidente de Bankia controle un entramado de empresas en el extranjero cuyo objetivo es ocultar a la Hacienda española parte de su patrimonio, al parecer la más voluminosa. Hace tiempo que la opinión pública acepta determinadas noticias con un estoicismo preocupante, muy similar al empleado por las culturas clásicas que soportaban desgracias a base de atribuirlas a designios divinos.

La persecución judicial de Rato, de confirmarse esas sospechas, debería ser implacable y ejemplar, pero mal comienzo es ese tufo a maniobra política que rodea todo lo sucedido desde el pasado jueves. O todo lo que parece haber sucedido porque, como suele ocurrir en estos casos, a estas horas la opinión pública sigue sin disponer de una versión oficial fiable sobre lo acaecido, lo que abre el campo de juego a todo tipo de especulaciones, filtraciones e hipótesis que sólo ayudan a enmarañar la situación.

El 17 de febrero de 2015, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, desveló a la Comisión de Hacienda del Congreso que 705 de los 31.484 contribuyentes que en 2012 se acogieron a la amnistía fiscal “pudieran haber incurrido en blanqueo de capitales, y pasaremos esa información al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) para que se contraste, en su caso, con la información que ellos tengan y se decida qué actuaciones realizar”.  Hoy, esa cifra ha crecido hasta los 715 sospechosos.

La confesión de Menéndez no generó especial revuelo por dos razones. En primer lugar, porque decenas de expertos de derecho penal económico y fiscalidad ya habían advertido contra las peculiaridades técnicas del decreto 12/2012 que regula mal la amnistía fiscal y la convierte en una trampa saducea que podía colocar a quienes acudieran a la regularización en la diana de la persecución del blanqueo de capitales. En segundo lugar, porque ocultó a los diputados que la mayoría de los investigados son políticos, altos funcionarios del Estado –jueces incluidos-, abogados y financieros de postín.

El Sepblac ha contado con un poderoso instrumento para investigar a los acogidos a la amnistía fiscal: el modelo 720 sobre Declaración de Bienes en el Extranjero que muchos de ellos rellenaron en 2013. El cruce de los datos permitió detectar 715 casos sospechosos de blanqueo de capitales, que fueron devueltos a la Agencia Tributaria para que ésta iniciase su propia indagación a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). ¿Qué se sabe de todo ese proceso? De la situación de 714 de los contribuyentes sospechosos absolutamente nada; del número 705, que es Rato, al parecer ya lo sabemos casi todo, pero demasiadas cosas no encajan.

Investigación poco madura

En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, el director de la Agencia Tributaria habló en futuro, según varios diputados. Será casualidad, pero el acta de su comparecencia aquel día es la única que no es accesible en la web de la cámara baja. Si Menéndez habló en futuro mintió: la ONIF ya había llevado el expediente de Rato a la Fiscalía Anticorrupción a finales de 2014. El organismo que dirige Antonio Salinas consideró que las pesquisas de la Agencia Tributaria eran todavía “preliminares poco maduros” y sugirió profundizar la investigación, que sería controlada por la fiscal Elena Lorente.

La respuesta de Anticorrupción debió de decepcionar a alguien, porque a principios de 2015 tres inspectores de la ONIF alertaron a la Fiscalía de Madrid de las vinculaciones de Rato con sociedades radicadas en el extranjero. Pero obtuvieron la misma respuesta: era una investigación todavía embrionaria necesitada de nuevas y complejas indagaciones.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada dice que no supo hasta el pasado jueves que la ONIF había elegido otro compañero de baile para el rondo que debía cercar a Rato. La Fiscalía de Madrid asegura que nunca fue informada, hasta el pasado jueves, de que había presentado una denuncia por hechos que investigaban sus compañeros de Anticorrupción. Si ambas afirmaciones son ciertas, la imagen que proyectan del funcionamiento del Ministerio Fiscal en un asunto de tal envergadura es demoledora.

¿Por qué la Fiscalía de Madrid? La ONIF no ha dado explicaciones. La Agencia Tributaria, de la que depende, tampoco. El Ministerio de Hacienda, institución superior de las dos anteriores, mucho menos.  Así que cualquier hipótesis es plausible y ninguna buena porque el departamento que dirige Cristóbal Montoro sabe que, para este tipo de pesquisas, Anticorrupción cuenta con medios insuficientes, pero muy superiores a los de cualquier fiscalía territorial.

La versión más extendida es que el Gobierno, o al menos en el Ministerio de Economía, está muy molesto con la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, a los que responsabilizan del trato condescendiente que en su opinión ha recibido Rato frente a la dureza con la que ha sido tratada Bankia, incluida la fianza por responsabilidad civil de 800 millones de euros impuesta a la entidad que, en opinión del ministro Luis de Guindos, puede incluso poner en peligro su futuro.

Detención innecesaria

Con el mismo ‘caso Rato’ en manos de dos fiscalías distintas sin que ninguna de ellas sepa que hace la otra, ¿qué dato nuevo provoca la detención de todo un exvicepresidente del Gobierno? Ninguno. Al menos, esa es la explicación que el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, ha facilitado a personas de su entorno. Lo que ocurrió es que el pasado martes por la noche, una oportuna filtración permitió saber que Rato es uno de los 715 acogidos a la amnistía fiscal investigados por presunto blanqueo. La identidad de los otros 714 investigados sigue, de momento, protegida por un tupido manto de secreto.

Moix analizó la situación con el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, y el fiscal encargado del caso, Carlos García, y concluyeron que disponían de datos suficientes para presentar una denuncia. Según esta versión, la investigación no había avanzado, pero la filtración podía alertar a Rato e impulsarle a destruir pruebas, por lo que el fiscal superior de Madrid decidió actuar motu proprio, sin sugerencias de terceros. El director general de Inspección de la Agencia Tributaria, Luis María Sánchez, y la inspectora jefe de la ONIF, Margarita García-Valdecasas, respaldaron la iniciativa fiscal.

A lo largo de la tarde el miércoles, la Fiscalía de Madrid prepara la denuncia por delito fiscal, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, es informada por teléfono y da el visto bueno. El jueves por la mañana, el juez de Instrucción 35 de Madrid, Enrique de la Hoz, en funciones de guardia, ordena el registro del domicilio y el despacho de Rato en el madrileño barrio de Salamanca, así como la sede de la empresa Kradonara 2001, ubicada en Sotogrande (Cádiz).

El juez también ordenó, “de conformidad con lo interesado por el Ministerio Público”, la detención de Rato “al objeto de poder desarrollar eficazmente las diligencias de entrada y registro”, pero tanto el fiscal superior Moix como el fiscal jefe Polo niegan haber solicitado un arresto que ambos consideran “improcedente”: ni había riesgo de fuga, ni Rato podía destruir pruebas una vez iniciados los registros, ni había intención alguna de ponerle a disposición judicial al término de la diligencia. Para enmarañar lo sucedido, el fiscal García ha reconocido que él sí era partidario del arresto e incluso de la imposición de algunas medidas cautelares.

La versión de Moix según la cual él actuó con autonomía de criterio tiene un flanco muy débil. La detención de Rato y el registro de su domicilio se realizan por orden judicial por una comisión en la que junto al secretario judicial y el fiscal sólo hubo inspectores de la Agencia Tributaria adscritos a Vigilancia Aduanera. La ley les considera agentes de la autoridad, pero actúan subordinados a Policía y la Guardia Civil, por lo que su presencia en este tipo de actuaciones es inusual.

La Policía fue avisada tarde, y sólo para encargarse del orden público. Cuando la Unidad de Intervención Policial, encargada de controlar situaciones complicadas, llegó al portal del ex director gerente del FMI los periodistas llevaban allí dos horas. Algunos informadores gráficos incluso pudieron captar la llegada de los inspectores fiscales. El secreto profesional impide conocer quién les avisó, pero sus fuentes no fueron ni fiscales ni judiciales.

Nada más saber lo ocurrido, el fiscal jefe Anticorrupción llamó por teléfono a la fiscal general para quejarse por lo que estaba ocurriendo y reclamar para su organismo el caso. Madrigal se mostró de acuerdo de inmediato. Desde el pasado lunes, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada contralará la investigación que afecta a toda la trayectoria profesional y personal de Rato desde 1996 hasta hoy. Pero la investigación ha entrado en vía muerta hasta que se aclare quién es el juez competente para dirigirla.

El ‘caso Rato’ –que salpica de lleno a su exmujer Ángeles Alarcón, directora general del Grupo Paradores- podría haber iniciado ya una normalizada andadura judicial. Pero no pudo ser porque alguien decidió conseguir la foto de la mano de un agnete de Aduanas en la nuca de Rato para hacerle entrar, detenido, en un vehículo policial. Arrojado a la arena del circo para entretener al pueblo romano, alguien apunta con su pulgar hacia el suelo. Es muy posible que el exvicepresidente merezca el castigo, pero de momento la mano que le arroja a las fieras no es la que en un Estado de Derecho debe certificar su condena. Parece que no aprendemos.