800 millones de euros, que se dice pronto. Casi un punto del PIB. Esa es la fianza por responsabilidad civil exigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andréu a los impulsores de la salida a Bolsa de Bankia: el expresidente Rodrigo Rato, los exdirectivos Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella, así como al Banco Financiero y de Ahorros (BFA), sociedad que agrupa el negocio bancario de siete antiguas cajas españolas, entre ellas CajaMadrid y Bancaja. El objetivo: asegurar las posibles indemnizaciones a las que tendrían derecho quienes en junio de 2011 compraron acciones del nuevo banco sin saber, como sospecha el juez, que sus máximos responsables ocultaron la verdadera situación contable de la entidad. La cuantía es todavía imposible de determinar, pero si hay que pagar lo haremos todos los contribuyentes.

En un ranking de urgencia, puede ser una de las cinco mayores fianzas en concepto de responsabilidad civil impuesta por un juzgado español. Y eso que el juez Andreu ha optado por la prudencia porque entiende que, de momento, el perjuicio sufrido por los accionistas de Bankia “es de muy difícil y laboriosa cuantificación”. Considera que los más afectados fueron los pequeños inversores, unos 350.000 que adquirieron títulos por valor de 1.800 millones de euros. Acciones a 3,75 euros cada una que, nueve meses después, eran papel mojado. Y cifra el daño causado en unos 600 millones de euros.

Respecto de las grandes empresas y sociedades de valores que acudieron a la oferta pública de acciones en su tramo institucional, el juez Andréu concluye que dispusieron de información sobre “otros aspectos complementarios tanto de su inversión como de los riesgos, teniendo conocimientos más amplios de los que tienen los minoristas”, por lo que en principio les excluye como accionistas indemnizables.

El problema es que las firmas que acudieron al tramo institucional de la oferta de acciones de Bankia desembolsaron 1.200 millones de euros: muchas de ellas han tenido a sus asesorías jurídicas internas y externas trabajando todo el fin de semana porque no están dispuestas a quedarse fuera de una posible compensación, y lo han hecho mientras recibían numerosas llamadas de diversos responsables gubernamentales que les reclamaban calma.

Es imposible saber en qué quedará todo. Al ‘caso Bankia’ aún le queda un largo recorrido hasta que el Tribunal Supremo confirme si el anterior equipo gestor de la entidad bancaria estafó a quienes acudieron a la salida a bolsa, decida quiénes son los perjudicados y fije las indemnizaciones pertinentes. Cualquier intento de pronosticar una cifra es una mera especulación. Pero sí hay algo seguro: si aquella operación fue una estafa y hay que indemnizar a las víctimas, la cuantía será descomunal y lo pagaremos todos los contribuyentes.

El BFA es el propietario del 61 por ciento de las acciones de Bankia. El estatal Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (Frob) es a su vez dueño del 100 por ciento de las acciones de BFA. Y aquélla y éste negocian desde hace semanas a cara de perro cómo repartirse el pago de las indemnizaciones que en un futuro pueda fijar la Justicia por la salida a bolsa. Bankia mantiene sin difundir sus cuentas de 2014 hasta que se resuelva el conflicto, pero sea cual sea la salida de alguna manera las compensaciones se abonarán con dinero público.

Reformar los controladores

Con su resolución, el juez Andréu ha puesto en marcha uno de esos misteriosos mecanismos judiciales que todo el mundo sabe cómo se inician, pero que nadie puede prever cómo acaban. En una retorcida paradoja, las diligencias previas 59/2012 pueden hacer justicia y remediar el daño causado a los estafados accionistas de Bankia, pero a costa de un daño mayor, el que puede provocar a la economía nacional.

El ‘caso Bankia’ se erige así en un nuevo ejemplo de que la intervención de la justicia, y en concreto de la justicia penal, debe ser siempre la última opción a la que recurrir cuando fallan todas las demás, porque no siempre llega a tiempo de restaurar el daño provocado por el delito.

A buen seguro, ningún juez estaría hoy investigando la salida a Bolsa de Bankia si en su momento la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España hubiesen ejercido las funciones que les corresponden. Pero no lo hicieron, y ahora empiezan a aflorar las consecuencias de aquella omisión. A buen seguro, en ninguno de esos dos organismos había nadie dispuesto a discutirle nada a Rato, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y responsable último del ‘milagro económico’ atribuido a los gobiernos de José María Aznar.

Ese ha sido uno de los factores que han permitido que las corruptelas político-económicas se hayan extendido en los primeros años de este siglo hasta niveles hoy intolerables: los organismos fiscalizadores y de control encargados de la prevención han sido colonizados por los partidos políticos, que los utilizan para premiar lealtades y asegurarse cierto trato condescendiente. Ya he defendido en una anterior entrada que es imprescindible modificar el modelo de Tribunal de Cuentas, de Banco de España y de CNMV para que comiencen a realizar una verdadera labor preventiva y de control intermedio que impida episodios como el de Bankia. Pero ese punto no figura en el ‘plan anticorrupción’ que al parecer ejecuta el Gobierno, ni aparecerá en el programa electoral de las principales formaciones.

Les propongo, queridos lectores, un divertimento: averigüen quien gobernaba la CNMV cuando Bankia salió a Bolsa y comprueben qué puesto ocupa ahora. Se sorprenderán. Y no sólo eso; entenderán también otra paradoja que se está cociendo en el sumario judicial y que va a dar no poco que hablar en el futuro: tanto BFA como la entidad que hoy preside José Ignacio Goirigolzarri van a recurrir la resolución del juez Andréu, que éste apoya en un detallado informe elaborado por dos curtidos peritos del Banco de España. Y en su estrategia defensiva tanto Bankia como su sociedad matriz cuentan ya con un poderoso aliado… el propio Banco de España.