La Justicia se autoindemniza

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de la Audiencia Nacional ha reconocido a un compañero de tribunal, Eloy Velasco, juez central de Instrucción 6 de ese mismo órgano, el derecho a percibir una indemnización de 7.200 porque tras sus últimas 36 guardias de ocho días de duración cada una no pudo disfrutar de una sola hora de descanso. Una guardia judicial de ocho días de duración es complicada; no poder descansar cuando termina es duro; que eso se repita 36 veces seguidas es una aberración, y que el afectado tenga que recurrir por ello a los tribunales tiene un punto de astracanada. Y el conjunto es un claro síntoma de la necrosis que padece el tejido judicial español.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco

El caso del juez Velasco es mucho más habitual de lo que puede parecer. Este mismo jueves, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 4 de la Audiencia Nacional ha condenado al Estado a indemnizar con 6.600 euros al juez de Instrucción 3 de Granollers que entre marzo de 2011 y octubre de 2013 realizó 33 guardias semanales sin poder disfrutar del correspondiente día de descanso.

Lo de las guardias es un galimatías. En los partidos judiciales grandes, los juzgados realizan guardias de 24 horas, que en el caso de las grandes urbes pueden ser de 48 porque diferencian la ‘guardia de detenidos’ de la de ‘incidencias’. También en las grandes ciudades los juzgados de Violencia de Género y de Menores realizan guardias de tres días.

En los partidos judiciales más pequeños (la mayoría), los juzgados realizan guardias semanales, a las que se suma el ‘octavo día’ para celebrar juicios rápidos y faltas. Las de ocho días son también las guardias implantadas en la Audiencia Nacional. Además de los jueces, entran de guardia el secretario judicial, los funcionarios del juzgado y el fiscal adscrito o de turno.

La obligación de descansar “al menos 24 horas seguidas” al término de un turno semanal de trabajo quedó fijada en la Directiva 2003/88 de la Comisión Europea. En lo que afecta a los jueces, no fue traspuesta hasta octubre de 2013 mediante un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde aquel momento, muchos magistrados han reclamado la correspondiente indemnización por guardias no descansadas, pero el Ministerio de Justicia rechaza tamañas pretensiones con el argumento de que los funcionarios están excluidos de la directiva. El juez Velasco recurrió esa negativa ante el órgano judicial correspondiente, que le ha dado la razón al entender que la posición del ministerio no tiene base legal alguna.

Pero ni el juez Velasco ni su colega de granollers van a cobrar su indemnización en breve. La Abogacía del Estado recurrirá ante la sala correspondiente de la Audiencia Nacional y, si fuera necesario, ante el Tribunal Supremo. De esos dos órganos depende la resolución de un conflicto que, acabe como acabe, tendrá graves consecuencias sobre la administración de Justicia.

Que jueces, fiscales y secretarios judiciales salientes de guardia sigan trabajando sin descansar es un mecanismo autoimpuesto por juzgados y tribunales para espantar el fantasma del colapso. Hasta hace unos años ese ritmo de trabajo era una “frecuente excepción”, pero el aumento de asuntos provocado por la crisis económica lo ha convertido en obligación ineludible.

Cerrar un juzgado saliente de guardia es impensable dado que casi la mitad de ellos, unos 1.700, deben hacer frente a una carga de trabajo superior en un 150 por ciento a la media fijada por el CGPJ, según un reciente informe de esta institución. Y compensar económicamente ese descanso no disfrutado a jueces, fiscales, secretarios judiciales y funcionarios si se tercia es inviable con la política de recorte del gasto público impuesta por el Gobierno como respuesta a la crisis económica.

Toda la judicatura y todos los miembros de la Fiscalía esperan con expectación la resolución del ‘affaire Velasco’ para obrar en consecuencia. La solución final que aporte el Supremo será a su vez, un grave problema, bien para el ritmo de trabajo de juzgados y tribunales, bien para las arcas públicas. Pero, como asegura un juez de lo Penal madrileño, “lo que no se puede es seguir como estamos, colapsados”.

Colapso judicial

Muchas veces, informes como el del CGPJ sepultan bajo estadísticas el real estado de las cosas. Así que ahí van algunos ejemplos de cómo anda la Justicia española. El CGPJ ha anunciado la preparación de un Plan de Riesgos Laborales para la judicatura, un documento todavía inexistente que para cualquier empresa es obligatorio. Los fiscales confían en poder acogerse al texto, cuando sea una realidad, porque para ellos no hay nada específico previsto.

Este mes de enero, Vigo ha alcanzado por primera vez en su historia la cifra de 41 jueces, por lo que supera la barrera de los 40 que antaño catapultaba a un partido judicial a una división superior. Pero en la ciudad gallega se mantienen inalterables sus 35 juzgados; los seis magistrados restantes son en realidad refuerzos provisionales que se han convertido en permanentes para hacer frente a los 80.000 asuntos que los vigueses ponen en sus manos cada año.

Esta pasada Navidad, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia tuvo que recurrir a la bolsa de jueces interinos para cubrir el periodo de vacaciones en el Juzgado de Violencia de Género de Vigo. El sustituto natural en ese supuesto es el juez de guardia, pero mañanas con doce a catorce juicios rápidos señalados impedían hacer frente a los dos juzgados a la vez.

Hace unos días, el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, reclamó en comparecencia pública treinta nuevos juzgados para la capital andaluza, un segundo Registro Civil y más funcionarios para los juzgados que instruyen ‘macrocausas’. Así andan las cosas por la ribera del Guadalquivir: en 2014, los veinte juzgados de Instrucción sevillanos asumieron 164.065 diligencias previas y 24.637 juicios de faltas, mientras que los quince Juzgados de lo Penal enjuiciaron 620 asuntos.

Imagen de la secretaría de un juzgado Mercantil de Sevilla

Imagen de la secretaría de un juzgado Mercantil de Sevilla

¿Mucho trabajo? Los juzgados sevillanos de Primera Instancia y de lo Contencioso fijan ya sus vistas para 2018; los de lo Social empiezan a llenar el calendario de 2019 y antes del verano tendrán que buscar hueco a sus asuntos en 2020. Mientras, los juzgados de lo Mercantil tiritan ante la avalancha de asuntos provocada por la ocurrencia del Supremo de anular las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios.

¿Más botones de muestra? El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinaroz (Castellón) instruye la denuncia de la Fiscalía por la apertura del depósito de gas submarino ‘Castor’, posible causa de más de mil terremotos registrados el pasado verano en esa costa levantina que tuvieron en vilo durante semanas a los residentes en la comarca. El juez ya ha imputado a 18 presuntos responsables de un  delito de prevaricación ambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.

Ese juzgado, como todos los de la misma localidad castellonense, supera en un 200 por ciento la carga de trabajo fijada por el CGPJ para lo de su clase. Y para colmo, desde hace unas semanas trabaja a medio gas, a la espera de que llegue el nuevo titular cuando el consejo resuelva el ‘macroconcurso’ de traslados convocado el pasado mes de noviembre.

No cabe esperar una pronta resolución del proceso. Lástima, porque si al final la concesión de la licencia de apertura de la plataforma gasística fuese delictiva cabría denunciar la indemnización de 1.350 millones de euros aprobada por el Gobierno para resarcir al consorcio promotor por la inversión acometida para poner en marcha el proyecto. Una cantidad que vamos a pagar todos los ciudadanos en sentido literal ya que va a ser repercutida en el recibo de la luz, que se multiplicará por cuatro en los próximos treinta años.

Nadie sabe si de manera consciente o no, pero el juez Velasco ha abierto una caja de Pandora de consecuencias imprevisibles, aunque bien estará que el Supremo ponga un punto de raciocinio al volumen y régimen de trabajo asumido por juzgados y tribunales. Debería hacerlo el Legislativo, pero no se lo va a plantear este año electoral que comienza, ni abordará el asunto en la próxima y convulsa legislatura que se nos avecina. Así que, nos guste o no, tenemos un problema.

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