El juez Pablo Ruz podrá seguir al frente de los sumarios que investigan la financiación irregular del PP (los casos Gürtel y Bárcenas)… si él lo pide. Esas cuatro simples palabras encierran toda la gravedad de la decisión adoptada ayer martes por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que aprobó sacar a concurso, junto a otras 363, la plaza de sustitución que ocupa en la Audiencia Nacional, lo que en la práctica le expulsa de ese tribunal, pero podrá seguir instruyendo aquellos sumarios de especial complejidad… si él lo pide, si demuestra un interés particular en esas causas, lo que permitiría cuestionar su imparcialidad, que es el camino más directo que tiene un juez hacia su deslegitimación.

El juez Ruz llegó al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en junio de 2010 para cubrir el hueco dejado por Baltasar Garzón, suspendido de manera cautelar por la apertura de tres procedimientos judiciales que, años después, determinaron su expulsión de la carrera judicial. El titular del juzgado pasó a ser entonces el magistrado Miguel Carmona, que nunca llegó a pisarlo: cuando obtuvo la plaza era vocal del CGPJ y al término del mandato fue destinado a Londres como magistrado de enlace con las autoridades judiciales británicas.

Cuatro años y medio de hueco cubierto por el juez Ruz que llegan a su fin porque, según la versión oficial del Poder Judicial, es necesario convocar un macro-concurso de traslado para cubrir 364 plazas de magistrado: 265 de nueva creación; 58 vacantes producidas en el último concurso de traslado o por nombramientos, jubilación o fallecimiento, y 41 correspondientes a magistrados que, como Carmona, están en servicios especiales.

En previsión de lecturas aviesas, el acuerdo del Poder Judicial incluye una cláusula que mantiene a todos los sustitutos en sus actuales puestos hasta que sean relevados por los ganadores del concurso de traslado, algo que ocurrirá a lo largo de marzo de 2015. Y, en el caso de Ruz y los otros cuarenta compañeros que ocupan plazas de magistrados en servicios especiales, podrán quedarse en calidad de refuerzo y conservar “alguna causa de especial relevancia o complejidad” que en esas fechas estén a punto de concluir… si lo piden, si les apoya la sala de gobierno del tribunal al que pertenezcan y si lo aprueba la Permanente del CGPJ.

Muchas dudas de todo tipo

No hay antecedentes de una decisión como ésta, que parece diseñada a medida del juez Ruz para evitar un escándalo. Al menos cinco vocales del CGPJ estudian recurrir ante el Tribunal Supremo  la decisión de la Permanente. Alegan que el artículo 355 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial  (LOPJ) establece que “los destinos cuyos titulares se encuentren en situación de servicios especiales se podrán cubrir por los mecanismos ordinarios de sustitución, mediante comisiones de servicio con o sin relevación de funciones o a través de los mecanismos ordinarios de provisión, incluso con las promociones pertinentes, para el tiempo que permanezcan los titulares en la referida situación”. Es decir, no es un asunto que pueda resolverse mediante un automatismo, sino que existe “algún margen de discrecionalidad” que, en virtud del artículo 599.1.4 de esa misma ley, obliga a que la decisión sea adoptada por el Pleno de la institución, no por la Permanente.

El acuerdo genera otras dudas legales. Numerosos juristas están convencidos de que el artículo 216 bis 2 cuarto de la LOPJ deja en manos del juez que llegue como sustituto al Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional todos los sumarios en proceso de instrucción, mientras que a Ruz, que seguiría en calidad de refuerzo, le corresponderían las nuevas causas que llegasen al juzgado.

Pero el problema no es sólo jurídico, es sobre todo político, porque la decisión de la Comisión Permanente del CGPJ llega envuelta en una bruma que pone en tela de juicio la independencia de la institución. El juez Ruz ha permanecido más de cuatro años en la Audiencia Nacional en virtud de hasta ocho prórrogas aprobadas por el Poder Judicial sin problema alguno. La última fue aprobada el pasado 24 de junio por esta misma Comisión Permanente dado el «excelente rendimiento» del juez y porque «cualquier cambio en la comisión de servicio produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado«.

¿Qué ha cambiado seis meses después? Cada cual podrá construirse su propia composición de lugar, pero nada cabe replicar a quienes recuerdan que, en este lapso, el juez Ruz ha dictado una resolución en la que hace al Partido Popular (PP) partícipe a título lucrativo de las corruptelas que permitieron a la formación acceder a fuentes de financiación irregulares. Ese mismo escrito le costó el cargo a la anterior ministra de Sanidad, Ana Mato.

Para esa entelequia colectiva denominada opinión pública, las cosas no son como son, sino como parecen. Y el CGPJ no ha sabido evitar que la decisión de sacar a Ruz de la Audiencia Nacional parezca una reacción al malestar que en el Gobierno y en el PP han provocado sus investigaciones sobre las tramas Gürtel y Bárcenas.

Por no saber, el Poder Judicial no ha sabido siquiera gestionar la presencia en la Permanente que adoptó el acuerdo del vocal Gerardo Martínez Tristán, esposo de Marta García de la Calzada, consejera de Fomento en el Gobierno de Castilla-La Mancha que preside Dolores de Cospedal, que es también secretaria general del partido señalado por Ruz como partícipe a título lucrativo de una trama corrupta.

Es todo demasiado zafio, y coloca a Ruz en la peor de las situaciones posibles de manera injusta. El acuerdo le obliga, antes de que tome posesión el magistrado elegido para relevarle, a reclamar para sí la instrucción de aquellos procesos que estime conveniente. Ignoro si tal procedimiento se ajusta al principio del juez predeterminado por la ley; no sé si es legal, pero sí sé no es estético, porque le obliga a mostrar una implicación personal en determinados procesos que puede poner en duda su imagen de imparcialidad.

Sospechas a despejar

También ignoro que va a hacer el discreto magistrado ruz. Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que volverá a su juzgado, el de Instrucción 4 de Móstoles (Madrid) y dejará a su sustituto las manos libres al frente de un juzgado en el que quedan pendientes, entre otras decenas de asuntos:

• La investigación del ‘caso Gürtel’ y sus piezas separadas está compuesta por 253 tomos de proceso principal, 670 archivadores con unos dos tomos cada uno, 600 archivadores de documentación, una pieza de medidas cautelares con doce tomos, 15 piezas de responsabilidad civil con más de 40 tomos, 26 tomos de Pieza de Administración Judicial en relación con 36 entidades, seis acusaciones y 103 imputados
• En el ‘caso Bárcenas’ y sus piezas separadas se encuentran personadas seis acusaciones y 25 imputados, y se extiende a lo largo de 22 tomos de proceso principal y 21 tomos de piezas documentales anexas
• El sumario abierto por la estafa atribuida a los gestores de Fórum Filatélico afecta a 54 imputados, 269.203 perjudicados, y en él están personados 279 partes
• El procedimiento abreviado 433/03 trata de delimitar desde hace once años la participación de quince acusados y 41 entidades responsables civiles subsidiarias en los delitos que llevaron a la quiebra a Eurobank
• El procedimiento abreviado 372/09 (‘operación Pretoria’) está compuesto por 43 tomos de proceso principal y 62 tomos de documentos. Investiga una trama de corrupción urbanística en diversas localidades catalanas
• Las diligencias previas 90/10 fueron incoadas tras la denuncia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción contra exdirectivos de la Sociedad General de Autores de España (SGAE) sospechosos de lucrarse de manera fraudulenta mediante empresas interpuestas. Ocupan hoy 31 tomos de principal, 78 tomos de documentación y seis de medidas cautelares, a lo que hay que añadir otros tres tomos de a pieza separada que investiga la fundación Arteria y otras diez piezas de situación.

Y el ‘caso Nueva Rumasa’, y la quiebra fraudulenta de Pescanova, y las denuncias de las abuelas de la Plaza de Mayo, y los posibles delitos fiscales atribuidos a Jordi Pujol hijo, o el ‘caso Neymar’… Varios magistrados coinciden en que el nuevo inquilino del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional necesitará un año para ponerse al día, que es lo mismo que decir que el cambio retrasará un año más los casos más complejos.

Eso supone que durante el electoral 2015 las noticias sobre la presunta financiación legal del PP cesarán. A lo mejor en eso consistía el plan de Mariano Rajoy contra la corrupción. Debería el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, despejar cualquier sospecha de que el Gobierno ha logrado apartar a un magistrado incómodo, porque en juego están elementos muy sensibles para el buen funcionamiento del Estado de Derecho.