Una Justicia inerme ante la corrupción

Francisco José Granados Lerena es un militante del Partido Popular (PP) que entre el 25 de julio de 2008 y el 17 de junio de 2011 ostentó el cargo de Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. A finales de 2009 puso en pie de guerra a los abogados de oficio madrileños porque suspendió durante meses el pago de sus haberes. “Hay personas que han elegido una profesión liberal y han decidido convertirse en funcionarios sin oposición y vivir únicamente del turno de oficio, y eso no se pude mantener”, explicó.

En 2010, limitó por decreto el acceso a la justicia gratuita: “El Gobierno de la Comunidad de Madrid no está dispuesto a seguir manteniendo los abusos que se están produciendo en la aplicación del turno de oficio”, insistió. En 2011, abogó por devolver al Estado las competencias en materia de Justicia porque son “caras y complicadas”, “no tienen ningún sentido”, y por eso en Madrid su gestión se ha convertido en “un carajal”.

Sí, es el mismo Francisco Granados que acaba de ser encarcelado por encabezar la trama desarticulada con la ‘operación Púnica’, una vasta red corrupta que conseguía la adjudicación de numerosos contratos públicos a cambio de pingües comisiones que han ido apareciendo almacenadas en cuentas de diversas entidades bancarias de Suiza, varias de ellas a su nombre.

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Indigna pensar que quien durante tres años cercenó hasta el límite los fondos destinados al mantenimiento y la mejora de la administración de Justicia madrileña con el repetido argumento de la necesidad de reducir el gasto público haya resultado ser un delincuente que ha amasado un colosal imperio económico mediante el desvío de parte de esos fondos públicos hacia sus privadas arcas helvéticas. Presuntamente, por supuesto.

Los problemas del turno de oficio no son exclusivos de la comunidad madrileña, como saben bien en el resto de autonomías, y se mantienen vigentes hoy en día. Y la restricción de los medios materiales y humanos puestos a disposición de la administración de Justicia no fue un invento de Granados, es una decisión programática de partido que alcanzó su plenitud durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón al frente del ministerio de la calle de San Bernardo. Pero la figura de Granados es, desde su arresto, una cruel caricatura de la falta de atención que los poderes públicos han prestado a la administración de Justicia en la última década.

Vacuos anuncios

La detención de Granados y los primeros datos conocidos sobre el entramado podrido que lideraba han conmocionado a una opinión pública que creía estar ya vacunada contra todo. Y ha provocado las primeras reacciones: desde las teatrales peticiones de perdón de Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy hasta la ruptura de conversaciones entre el PP y el principal partido de la oposición para suscribir un pacto anticorrupción que ahora se entendería como un tratado de defensa mutua.

Por supuesto, el Gobierno ha vuelto a anunciar la inminente aprobación del paquete de medidas para sanear la gestión pública anunciado hace veinte meses. Y como aperitivo, ayer mismo, el presidente Rajoy avanzó la aprobación de 112 plazas de magistrado y otras 167 de jueces, además de la creación de dos nuevos juzgados en la Audiencia Nacional. Todo ello para mejorar la persecución judicial de los comportamientos corruptos.

Es un anuncio engañoso como pocos. Desde hace tres años no se crea un nuevo juzgado en España, por lo que hay en torno a 280 jueces en expectativa de destino que, en tanto acceden a un órgano propio, realizan labores de refuerzo de manera provisional en tribunales atascados, sobre todo en las jurisdicciones Civil, Contencioso-Administrativa y Laboral. Lo único que va a hacer el Ejecutivo es regularizar su situación sin crear un solo juzgado nuevo excepto los dos de la Audiencia Nacional, lo que generará algarabía en este tribunal pero apenas tendrá incidencia en el resto de la jurisdicción Penal.

Con este antecedente, habrá que leer con detalle el ‘plan de choque anticorrupción’ que prepara desde hace casi dos años el Gobierno, del que todavía se conoce poco. Sí se sabe que reformará el Código Penal para tipificar la financiación ilegal de los partidos políticos, un mecanismo vistoso pero de escasos resultados prácticos, como nos ha enseñado la incorporación a nuestro ordenamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, figura de tradición anglosajona.

Hasta descubrir qué propone el Ejecutivo respecto a la instauración de un nuevo modelo de justicia penal, cómo encara la remodelación de la Fiscalía General del Estado para reactivar su papel esencial en la persecución del delito, o de qué manera redefine los organismos de fiscalización para hacer más efectiva su labor, no caben juicios de valor. Pero sí es posible desconfiar que se trate de medidas de cortos vuelos con la vista puesta no en la mejora de la administración de Justicia, sino en el complejo año electoral que se nos avecina.

El Poder Judicial es el eje central sobre el que pivota el Estado de Derecho, y por eso el español presenta un déficit democrático. Es responsabilidad de la judicatura erigirse en la última línea de defensa de la sociedad frente a la corrupción política y económica, y así se está comportando la española. El problema es que los jueces son ya no la última, sino la única protección y, además, víctimas de un serio cuadro de debilidad estructural provocada por la acción o la omisión del resto de los poderes públicos. Sospechoso, ¿no?

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Un pensamiento en “Una Justicia inerme ante la corrupción

  1. Exactamente esto: El problema es que los jueces son ya no la última, sino la única protección. El resto de controles no funciona, pero en ningún tema. Por eso todo se judicializa, desde lo más nimio hasta lo más gordo. Lo de los abogados del turno de oficio pasa en toda España.
    ¿Para qué quieren las competencias de justicia si no las saben manejar y no les hacen ganar elecciones? Algún día alguien me tiene que explicar para qué las quieren.
    Hasta donde yo sé, salvo el País Vasco, ninguna de las otras CC. AA. con transferencias se lo han tomado en serio a la hora de poner los medios materiales y humanos necesarios allí donde haga falta.

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