Les supongo tan pendientes como yo de todo cuanto acontece en torno al pederasta de Madrid, un agresor sexual de menores que durante meses mantuvo en vilo a todo un barrio de la capital, el de Ciudad Lineal, y obligó a la Policía a dedicar un centenar de hombres a su captura, no sin antes reclamar la colaboración del FBI. Una vez arrestado, los investigadores le atribuyen el secuestro y violación de cinco niñas de entre 5 y 11 años, así como otros tres intentos que por suerte para sus víctimas fracasaron.

Tras seis meses de una investigación policial que a buen seguro supera el guion de muchos de los episodios de ‘Mentes criminales’, el presunto pederasta cayó el pasado 24 de septiembre. Y sobre la mesa han aparecido dos graves disfunciones de nuestro sistema jurídico-penal que se repiten con cierta frecuencia sin que el marco legal vigente aporte soluciones al problema.

En un caso como éste, el primero de los problemas es qué hacer con la presunción de inocencia Antonio Ángel Ortiz Martínez, que es como se llama el detenido. Y una vez conocido su pasado vuelve a la palestra un viejo debate sobre los antecedentes penales que, para no aburrirles en exceso, me reservo para una próxima entrada de esta bitácora.

Tras la captura, Interior programó fiesta mayor: rueda de prensa con el ministro del Interior, la delegada del Gobierno en Madrid y los comisarios jefes de las dos unidades policiales que participaron en la operación Candy. La convocatoria incluyó profusión de datos sobre el detenido con dos objetivos razonables. Por un lado, convencer a la población afectada por sus correrías de que el detenido era el culpable de sus miedos y, por tanto, podía volver la calma. De otro, presumir de una encomiable labor policial. Los comparecientes se cuidaron muy mucho de desvelar la identidad del detenido, pero ésta llegó pronto a los medios gracias a la oportuna filtración de fuentes policiales.

Para mi sorpresa, las agencias recogieron al día siguiente la existencia de “cierto malestar entre los jueces de Plaza de Castilla” porque la difusión de tan profusa información sobre el detenido “podría derivar en una posible vulneración de sus derechos fundamentales, en concreto de la presunción de inocencia”. Incluso la juez de Instrucción 10 de Madrid, María Antonia de Torres, encargada del sumario, “se ha mostrado muy preocupada” por lo ocurrido. Me sorprende porque el malestar y la inquietud de los jueces ante este tipo de situaciones es habitual, pero rara vez permiten que su estado de ánimo llegue a los medios de comunicación.

Es comprensible el desasosiego de la juez De Torres. Por ley, está obligada a proteger la presunción de inocencia del sospechoso, pero carece de instrumento alguno para hacerlo. Y para elevar un grado la esquizofrenia de nuestro modelo de justicia penal, esa misma ley le endosa la labor de recopilar las pruebas que permitan sentarle en el banquillo y condenarle.

De momento, la magistrada ha tomado la única medida a su disposición, concebida en realidad para preservar la investigación y que también debería servir de manto protector para el acusado: ha decretado el secreto de sumario. Así que todos tranquilos, porque tendrán cumplida y pronta información de cualquier paso que pueda dar la juez en su labor investigadora, sobre todo si confirma las sospechas que se ciernen sobre el detenido.

Los defensores del presunto pederasta ya han reclamado a la instructora que investigue por revelación de secretos al ministro del Interior. Aforamientos aparte, la petición no llegará a ningún puerto. No es la primera vez Jorge Fernández Díaz hace gala de un excesivo afán informativo tras una operación policial, pero siempre ha salido indemne incluso cuando el afectado era un magistrado de la Audiencia Nacional.

Ahora le queda a la juez De Torres resolver, por ejemplo, qué hacer con las habituales ruedas de reconocimiento. Si se celebran, entre los participantes habrá una cara por todos conocida, la del supuesto pederasta, cuya imagen ha sido difundida por todos los medios de comunicación. Su valor probatorio es más que dudoso, lo que representa un grave escollo para la acusación o, dicho de otra manera, un obstáculo para las legítimas aspiraciones de las víctimas.

Reforma imprescindible

Es comprensible el afán de los ciudadanos por disponer cuanto antes de todos los datos posibles sobre el supuesto pederasta de Ciudad Lineal. Y, gracias a la información facilitada por el Ministerio del Interior y el correspondiente rastreo por las distintas redes sociales, gracias a los medios conocemos su identidad, la de su mujer y su hijo adolescente, su dirección y la de varios familiares, sus trabajos ocasionales y sus aficiones, y un largo etcétera. ¿Y si resulta que es inocente? Ya es tarde, porque su vida y la de su familia están arruinadas. Si es el pederasta de Ciudad Lineal, le espera una dura condena; si no lo es, ya está condenado.

En estos momentos, a mí también me cuesta trabajo preocuparme por quien a todas luces parece haber violado a cinco niñas. Pero los errores ocurren, y si no que se lo pregunten a los cinco jóvenes malagueños señalados durante 24 horas el pasado agosto por una agresión sexual que no cometieron.

Todos los periodistas que nos preocupamos por lograr el más correcto ejercicio de nuestra profesión tenemos grabado a fuego en la memoria lo ocurrido en Tenerife en noviembre de 2009, cuando la población se sintió conmocionada tras la aparición del cadáver de Aitana, una niña de tres años muerta en circunstancias desconocidas.

Una oportuna filtración de fuentes de la investigación permitió al diario ABC una portada en exclusiva que ya es historia: sobre la foto de un joven llamado Diego incluyó los siguientes titulares: “La mirada del asesino de una niña de tres años. Tenerife llora la muerte de Aitana, que no superó las quemaduras y los golpes propinados por el novio de su madre”.

Dos días después, la autopsia resolvió el caso: Aitana murió a consecuencia del coágulo que le produjo un golpe en la cabeza que se propinó horas antes de su fallecimiento cuando jugaba en los columpios de un parque público cercano a su domicilio. La cría no había sido maltratada, ni violada, ni asesinada. Diego, inocente, perdió a su familia. Durante un tiempo tuvo que estar protegido por la Guardia Civil hasta que decidió empezar una nueva vida en algún lugar donde pudiese pasar desapercibido.

Los errores ocurren, y son graves. Es necesario que los medios de comunicación afilen el celo profesional y renuncien a buena parte del espectáculo que les reclaman los más bajos instintos de sus respectivos nichos de mercado. También conviene que los ministros del Interior sean menos proclives a los fuegos artificiales informativos. Y hay que pedir a los jueces un mayor esfuerzo en la persecución de aquellas violaciones del secreto de sumario que torpedean la investigación.

Pero sobre todo es imprescindible un nuevo marco legal que precise con finura el alcance del secreto del sumario y regule con mayor tino la publicidad de las actuaciones judiciales. Y para ello es necesario acometer la elaboración de un nuevo modelo de proceso penal. El actual, decimonónico, ha necesitado infinidad de parches para sobrevivir al siglo XX, y se ha convertido en inservible en cuanto el siglo XXI ha echado a andar.

En la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, el ministro Francisco Caamaño logró remitir a las Cortes una nueva ley de enjuiciamiento criminal tan a última hora que en realidad más que un proyecto de ley fue un brindis al sol. En la actual, el Código Procesal Penal del ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha muerto antes nacer, ironías de la vida. ¿Podrá ser en la próxima legislatura? Hagan sus apuestas; la mía va todo al negro.