El periodismo judicial tuvo ayer (otro) mal día. Uno de los protagonistas de la jornada fue el bombero coruñés Roberto Rivas, que hace unos 18 meses se convirtió en icono de la lucha antidesahucios al negarse a colaborar en la expulsión de su vivienda de una octogenaria residente en una céntrica calle de Coruña. Ayer le tocó jornada judicial, que así reflejaron en sus páginas web algunos medios:

• Cadena SER: El bombero que se convirtió en símbolo contra los desahucios, a juicio
• La Voz de Galicia: En el juicio, celebrado esta mañana en A Coruña, [Rivas] aseguró que «os bombeiros accedemos a este traballo para facer unhas labores e estas non son botar a xente das súas casas»
• EL Mundo: Roberto Rivas acude al juzgado de A Coruña acusado de alteración del orden público

No sólo en éstas y otras muchas webs informativas, también en Twitter y en numerosas redes sociales fue asunto destacado el juicio al bombero Rivas. El problema es que nunca hubo tal juicio. Es cierto que el protagonista de esta historia visitó ayer un juzgado, el de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Coruña, cuyo titular no debe haber salido todavía del asombro. Rivas compareció en la vista del recurso que presentó contra la sanción de 600 euros que le endosó la Subdelegación del Gobierno por negarse a cortar las cadenas que bloqueaban el acceso a la vivienda de la anciana desahuciada, lo que, en opinión de la autoridad gubernativa, provocó un incidente de orden público.

No fue la única anécdota del día. También ayer, la Audiencia Provincial de Madrid comenzó a analizar si la fuga de Esperanza Aguirre de los agentes municipales que pretendían multarla fue una simple falta o constituyó un delito en toda regla. Cuatro y Telecinco abordaron ese asunto con profusión y numerosas conexiones en directo… ¡con la Audiencia Nacional!

Es cierto que son dos errores sin mayor trascendencia. Ya se sabe: las prisas del directo, Internet exige correr mucho… Pero son un síntoma, porque se repiten día tras día y en asuntos de muy superior calado. Y son síntoma del deterioro que sufre la prensa española, cuyos contenidos menguan en calidad con velocidad apabullante, con la consiguiente pérdida de audiencias, influencias y nichos de mercados.

En lo que a la información judicial se refiere, la causa es muy sencilla: los medios han prescindido de redactores especializados en la materia, salvo honrosísimas y escasísimas excepciones. Es un secreto a voces que no hace muchos días reflejaba en su flamante blog la fiscal Susana Gisbert:

“Hubo un tiempo en que los periodistas de tribunales, como ocurre con los críticos de cine o de teatro, estaban especializados. Incluso en casos, ultraespecializados, diferenciados entre periodistas de sucesos o de tribunales. Hoy esa línea se desdibuja, como se desdibuja también la especialización en esta materia. En parte, la causa está en la coyuntura, que no están los tiempos para dispendios y la optimización de recursos hace que el que lleve la sección de tribunales haya de compatibilizarla con la de fiestas y tradiciones populares, por poner un ejemplo –real, por cierto”.

Ese es un trazo del dibujo, pero hay más. En efecto, con la excusa de la crisis los medios han reducido sus plantillas de manera que raro es el periodista que no debe atender a dos o más secciones distintas, en función de la urgencia informativa del día. Según cálculos de la Federación de Asociaciones de Prensa Españolas (FAPE), el sector ha perdido unos 12.000 puestos de trabajo desde 2008.

Esta drástica reducción ha acelerado además un proceso que era anterior al estallido de la crisis: la sustitución de redactores experimentados y especializados, caros, por jóvenes informadores mal formados y mal pagados, es decir, baratos, que es de lo que se trata.

Redacciones sin memoria

En diarios como el ABC (por poner un ejemplo que conozco de cerca), los viejos del lugar atesoran un quinquenio de antigüedad, dos a lo sumo. Los nuevos ‘precarios’ (así se les conoce en el mundillo) llegan a redacciones sin memoria, donde nadie puede enseñarles aquellas facetas del oficio imposibles de aprender en el aula universitaria. Las consecuencias están a la vista de todos.

Para el editor, estas redacciones escasas y nutridas de becarios todoterreno representan una evidente reducción de costes. Además, un joven inexperto y en condiciones laborales inestables siempre será más dócil a las directrices que sobre titulación y enfoque de una noticia le llegan desde la dirección del medio. Y la noticia judicial suele estar integrada en esa masa crítica noticiosa cuyo tratamiento está sometido a especial control por parte de los guardianes de los intereses editoriales de cada medio.

Todo ello se traduce en un tremendo quebranto de la credibilidad y la calidad del producto informativo que los medios ofrecen a sus consumidores. Esa, y no la crisis económica, es la verdadera causa de la pérdida de compradores o de audiencias de los medios, que han laminado además los recursos profesionales que ahora les permitirían salir del atolladero.

Y para el mundo de la Justicia es todo un drama, porque deja el vehículo que modula su relación con la ciudadanía en manos de aprendices. Buena parte de la imagen que los ciudadanos tienen de la Justicia depende de informadores incapaces de distinguir una demanda de una querella o un abreviado de un sumario, por elegir conceptos facilitos. Pueden hacerse una idea cuando se trata de procesos civiles, mercantiles, contenciosos…

Mal arreglo tiene la situación. El sector de medios de comunicación pide a voces una transformación en profundidad imprescindible, pero todavía ni se intuye en el horizonte. Y mientras llega aumentarán los recelos del Poder Judicial (incluye la Fiscalía) hacia la prensa, lo que deteriorará las relaciones entre ambos. El resultado de esa ecuación es un deterioro general del sistema democrático, lo que en última instancia perjudica al ciudadano, el único que, en este galimatías, es inocente.