El ‘caso de los ERE’ ha llegado por fin al Tribunal Supremo. Lo hizo a comienzos del pasado mes de agosto, mal mes para que una noticia alcance notoriedad, y es posible que ese sea el motivo por el que ha pasado bastante desapercibida. O al menos uno de los motivos; otro, a buen seguro, es que todos somos conscientes de que, en este asunto, nuestro sistema judicial afronta un grave problema.

Tiempo ha, la apertura de un macroproceso excitaba con fruición las glándulas salivares de cualquier redacción. No importaba si versaba sobre un supuesto de narcotráfico, corrupción política, terrorismo o estafa a gran escala; tampoco era relevante el nombre del juez instructor, porque era una estrella o iba a serlo de inmediato. Un macroproceso era una fuente de noticias gordas que manaba durante mucho tiempo para mayor felicidad de cualquier medio, dispuesto a todo por hacerse con tamaño tesoro.

Pero con el paso del tiempo descubrimos precisamente eso, que el tiempo pasaba y el macroproceso se mantenía atrapado en sí mismo incapaz de llegar a ninguna parte. Y cuando por fin alcanzaba el juicio oral, interminable también, rara ha sido la sentencia que no ha provocado una honda decepción. Como la lista de ejemplos es extensa y está en la mente de todos, mejor nos la ahorramos.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, incoó las diligencias 174/2011 en enero de aquel año para investigar la posible existencia de un fondo de reptiles creado por la Junta de Andalucía para acometer “situaciones de crisis” sin control alguno. Tres años y medio después, esas pesquisas han dado pie a una exposición motivada de unos 375 folios, a los que acompañan veinte tomos de documentación. Y todo ello no es más que un somero resumen de las actuaciones, que superan los 80 tomos.

La juez Alaya concluye que en 1999 la Junta de Andalucía puso en marcha una de sus políticas-estrella, un plan de ayudas socio-laborales a los trabajadores andaluces afectados por expedientes de regulación de empleo, pero sin ser capaz de adecuarla al ordenamiento jurídico. En ese al parecer ilícito marco legal se cometieron además numerosas tropelías. Concluye la instructora que la Junta de Andalucía repartió en una década unos 850 millones de euros en subvenciones irregulares “para favorecer a terceros en detrimento del resto de los administrados”.

En esa urdimbre habrían participado los dos ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y hasta siete ex consejeros, todos ellos aforados, lo que la instructora comunica al Supremo para que su Sala de lo Penal adopte la decisión que estime oportuna. La juez Alaya, eso sí, pide al alto tribunal que no trocee la causa, que si cree sólidos los indicios que ella aprecia contra los aforados asuma la competencia sobre todo el sumario, porque “sólo la instrucción conjunta permite un comprensión global del iter delictivo”.

Proceso sin igual

Si el Supremo atiende la petición de la juez Alaya, avalará una causa con ¡207 imputados!, al menos hasta este mismo martes. Nunca la Justicia española había visto nada igual. La Fiscalía Anticorrupción ha batallado para dividir la causa en piezas separadas porque un buen número de los expedientes de regulación de empleo irregulares ya pueden ser juzgados sin necesidad de esperar a que concluya una instrucción cuyo fin ni se intuye en el horizonte.

Pero la Fiscalía perdió la guerra en la Audiencia Provincial de Sevilla la pasada primavera. El tribunal respaldó el criterio de la juez, que a su tesis de la necesaria “comprensión global” del proceso delictivo añadió el riesgo de que esas piezas separadas se cerrasen con sentencias contradictorias.

Así que queda en manos del Supremo conformar un banquillo de los acusados en el que quepan juntos ex presidentes andaluces, ex consejeros, ex altos cargos autonómicos, empresarios, abogados, directivos de aseguradoras, comisionistas, funcionarios de nivel medio e intrusos que se beneficiaron de las subvenciones sin tener derecho a ello. Así, hasta 207, al menos hasta hoy.

El Supremo, cúspide de la estructura judicial española, sabe mejor que nadie lo que tiene que hacer. El problema es que lo decidirá en Navidad. Para entonces, habremos perdido seis meses. Agosto, por descontado: la sala de vacaciones ni se ha dado por enterada de la llegada de semejante patata caliente. Y hasta el 10 de septiembre, con la solemne apertura del año judicial, el alto tribunal sigue parado. El jueves 11 arranca el proceso de sustitución del hasta ahora presidente de la Sala Segunda, Juan Saavedra. Le sustituirá en funciones el magistrado más antiguo, Cándido Conde-Pumpido, que en esa calidad presidirá la sala de admisión, pero ésta tampoco resolverá nada porque su presidente lo es en funciones y porque debe abstenerse en el ‘caso de los ERE’.

Habrá que esperar a finales de septiembre a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elija nuevo presidente de la Sala de lo Penal del Supremo. Julio Fariñas, magnífico periodista y mejor persona que nos ilumina a muchos desde las páginas de La Voz de Galicia, pronostica que el elegido será el muy conservador Manuel Marchena, así que esa es mi apuesta. Al parecer, también de la vicepresidenta del Gobierno, pero seguro que eso son habladurías malintencionadas.

Si el CGPJ cumple el horario previsto, a primeros de octubre la sala de admisión pedirá al fiscal que informe cuál es su  posición sobre la exposición motivada de la juez Alaya, escrito que podría estar a finales de mes. A ese ritmo, a mediados de diciembre el Supremo podría adoptar una decisión y la causa volvería exactamente al mismo punto en el que se encuentra hoy.

Paga la Fiscalía

El Supremo puede asumir las tesis de la juez Alaya o partir el sumario y quedarse con la parte que afecta a los aforados. No hay manera de que alguien se arriesgue a pillarse los dedos con un pronóstico en un caso como éste. Podría también concluir que los indicios contra los aforados son insuficientes, pero aceptado que el presidente de la sala va a ser el magistrado Marchena, ahí sí hay acuerdo general y nadie cubre esa apuesta.

Todo apunta, por tanto, a que al ‘caso de los ERE’ le quedan muchos años de vida. La mayoría de los abogados defensores personados en la causa consideran que difícil será cerrar en 2015 la instrucción de unas diligencias con 207 imputados, muchos de los cuáles aún no han sido ni citados a declarar.

A partir de la conclusión del sumario, la preparación del juicio oral en una causa con ese volumen de acusados puede demorarse entre tres y cinco años. Uno más, como mínimo, para el juicio. Y nunca menos de dos en el trámite de casación. Resultado de la suma: habrá que esperar al menos a 2020 para conocer si la Justicia sanciona penalmente o no una de las más clientelistas estrategias del PSOE andaluz para mantenerse en el poder.

Dentro de un lustro, ¿cuál será el interés de la resolución judicial del caso? Muy escaso. La sentencia será, a buen seguro, decepcionante por tardía y porque puede incluir una rebaja de la pena impuesta a quien resulte condenado en compensación por la larga duración del proceso judicial. No es ficción judicial, acaba de ocurrir con los condenados en la ‘operación Malaya’, con el beneplácito del Supremo.

Con la ley en la mano, es lícito e incluso razonable que los jueces resarzan a los condenados por retrasos de los que no son responsables, sino imputables al modelo procesal y a los propios jueces. Pero no deja de resultar curioso que al final quien paga es el fiscal, que ve recortada su petición de penas por una circunstancia de la que él también es víctima.