El Tribunal Supremo acaba de cerrar el ‘caso Investahorro’. Por si no le suena, querido lector, una pista: se trata de una estafa piramidal urdida por tres sociedades de Bolsa aragonesas, Mercado y Gestión de Valores AVA (MG), Agentes de Bolsa y Asociados (ABA, hoy Agenbolsa) y Benito y Monjardín (hoy en manos de Espírito Santo Investments, filial del quebrado Banco Espírito Santo). ¿Ni aun así logra recordar? No se extrañe: las primeras querellas contra la sociedad utilizada para canalizar el fraude, la aragonesa Investahorro, se presentaron en 1998. En su día corrieron ríos de tinta, pero claro, hace ya la friolera de dieciséis años.

Según un principio básico de la ciencia jurídica, la justicia tardía no es justicia. Así que la sentencia del Supremo ha resuelto el proceso judicial, pero no queda claro si con ella se ha impartido justicia. Desde luego, no para más de 50 de los cerca de 600 estafados en el ‘caso Investahorro’, que no van a ver satisfecho su legítimo derecho a que se les repare el daño sufrido porque han fallecido en este lapso.

La lentitud es un mal endémico del modelo judicial español, que casi siempre llega tarde. El ‘caso Investahorro’ es un buen paradigma de las disfunciones del sistema en general y, sobre todo, cuando afronta complejos delitos económicos: la Audiencia Nacional dictó su primera sentencia en 2010, un tibio fallo con doce años de retraso que, al exonerar a las agencias que intermediaron en la estafa, dejó sin indemnizaciones a los afectados. Su recurso triunfó un año después en el Supremo, pero sólo a medias: el alto tribunal les dio la razón, pero devolvió la causa al tribunal sentenciador para un nuevo juicio.

Por fin, la sentencia que condena a las tres sociedades de bolsa a indemnizar a los afectados en un total de casi 30 millones de euros (intereses de demora incluidos) llegó en 2013. Más de un año después, el Supremo la ha confirmado y dado firmeza. ¿Quiere ello decir que los estafados por Investahorro supervivientes a este proceso van a cobrar ya? No está nada claro.

El administrador único de Investahorro, José María Navarro, ha sido condenado a cuatro años y tres meses de cárcel que no cumplirá dada su avanzada edad. Y en cuanto a las indemnizaciones, ya ha sido declarado insolvente. Para ejecutar la sentencia, habrá que acudir a las tres sociedades declaradas responsables civiles subsidiarias (las citadas MG, Agenbolsa y Espírito Santo Investments), trámite complejo, prolijo y que sufrirá nuevos e inexplicables retrasos.

El modelo judicial español está caduco y colapsado, es incapaz de satisfacer las demandas de Justicia de una sociedad avanzada como la española. Y la falta de consenso entre las principales fuerzas políticas permite dudar que vayan a darse pasos serios para que evolucione hacia un modelo más acorde con nuestro entorno jurídico europeo.

Pero no es la administración judicial la única culpable de la situación. Dice otro principio fundamental de la ciencia jurídica que la justicia penal es la última ratio, el último recurso al que acudir sólo cuando fallan todos los mecanismos previos de resolución de conflictos o de reparación del daño provocado. Y el problema hoy en España es que esos mecanismos no existen, al menos en todo lo relacionado con la delincuencia económica. Por eso, el ciudadano/afectado deposita todas sus expectativas/esperanzas en la actuación judicial, y ésta, a la que se exige a veces más de lo razonable, suele devolver a la sociedad una dolorosa decepción.

CNMV sin control

Tres organismos sobresalen por su absoluta inutilidad como controladores/fiscalizadores del tráfico económico nacional. En primer lugar, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor de los parqués españoles. Este organismo se enteró de que algo raro se cocía en torno a Investahorro en 1999, cuando los tribunales llevaban un año actuando, y resolvió sus pesquisas con una multa de 300.000 euros a la sociedad maña.

La segunda sentencia de la Audiencia Nacional dedicó duras críticas a la CNMV que, ante la protesta del abogado del Estado, el Supremo ha ratificado: “Esta sala comparte plenamente las reflexiones [de la Audiencia] en relación con las deficiencias observadas en la función de inspección por parte de la CNMV. Sin duda una inspección seria y efectiva de la CNMV hecha a las agencias de valores recurrentes [ABA, MG y Espirito Santo] tal vez hubiera podido evitar situaciones como la expuesta. Sin control efectivo solo se está ante una apariencia de control”.

La lista de escándalos financieros de los que la CNMV se entera por los periódicos es interminable. Así que sólo un par de botones de muestra. El primero, Afinsa, un grupo empresarial creado en 1980 y  especializado en la inversión financiera en sellos. En mayo de 2006 fue intervenido por la Audiencia Nacional tras descubrir que, una vez más, todo se reducía a una estafa piramidal.

El segundo ejemplo es la Nueva Rumasa, levantada por el empresario jerezano José María Ruiz Mateos desde 1996 sobre los rescoldos de su primer imperio empresarial, expropiado en 1983. En 2011, este segundo castillo de naipes se desmoronó tras descubrirse que el sistema de financiación del muevo emporio respondía, también, al esquema de estafa piramidal.

Pero tanto Ruiz Mateos y sus hijos como los dueños de Afinsa, durante años, pudieron lucir en la publicidad de sus productos financieros la leyenda de que los mismos contaban con el aval de la CNMV. Tanto el de Afinsa como el de la Nueva Rumasa son hoy procesos judiciales sin fecha de resolución en el horizonte, lo que se traduce en que sus víctimas están condenadas a esperar la respuesta de la justicia todavía por muchos años. Justicia lenta, sí, pero con el aval de la CNMV.

¿Y el Banco de España?

El Banco de España también leyó los periódicos e investigó el ‘caso Investahorro’. Cuando terminó, impuso a la firma una multa de 60.000 euros porque captó ahorros de más de 600 ciudadanos aragoneses sin estar catalogada como sociedad financiera. Si tenemos en cuenta que, según la investigación judicial, el dinero estafado por el chiringuito superó los 21 millones de euros, la sanción impuesta por el Banco de España provoca hilaridad.

“El Banco de España es el banco central nacional y el supervisor del sistema bancario español”, dice su propia web. Si ello es cierto, los ciudadanos tenemos derecho a preguntarnos a qué se dedicaba el Banco de España cuando las entidades bancarias españolas se embarcaban en operaciones que han costado un rescate de más de 100.000 millones de euros, que pagamos todos los contribuyentes.

No es razonable endosar la reparación de tales desmanes a la administración de Justicia. Muchos jueces están haciendo cuando está en su mano para reparar el daño causado a numerosos pequeños ahorradores que perdieron su patrimonio deslumbrados con las preferentes con las que fueron estafados. Pero ese producto financiero que hoy numerosos magistrados tildan de cuasi delictivo circuló durante años con el beneplácito de los responsables del Banco de España, que miraban plácidamente para otro lado.

Quién sabe si en estos momentos no está ocurriendo lo mismo con los bonos convertibles contingentes, que empiezan a ser conocidos como CoCos, un producto que no se sabe muy bien qué es pero que satisface las necesidades de los bancos que necesitan capital.

Como no es mi negociado, recurro a un bróker de mi confianza: un CoCo es deuda subordinada perpetua convertible en acciones. Traducción: es deuda subordinada porque el inversor es el último en cobrar. Perpetua, porque no hay plazo tasado de devolución. Y convertible porque el bono se puede transformar en acciones según condiciones ajenas al deseo del inversor.

En este arcano mundo de los productos financieros, tengo la sensación de que la historia se repite sin cesar mientras los responsables del Banco de España miran lánguidamente a otro lado, siempre.

Dinero público

Dado el objetivo de este post, es imposible acabarlo sin una mención especial al Tribunal de Cuentas, esa institución que dice de sí misma que es “un órgano de control externo que se configura como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público (…). También se le atribuye el control de la contabilidad y de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, así como el de las aportaciones que reciban las fundaciones y asociaciones vinculadas a las formaciones políticas con representación parlamentaria”.

Como en los casos anteriores, el número de escándalos de corrupción perpetrados desde la gestión de fondos públicos o por partidos políticos de los que el Tribunal de Cuentas ha tenido noticia por los medios de comunicación es, valga la redundancia, escandaloso. Empieza a ser recurrente el argumento defensivo de formaciones políticas investigadas por su posible vinculación a fenómenos de corrupción: sus datos contables han sido garantizados por esta institución.

Ni este ¿tribunal? ni el Banco de España ni la CNMV cumplen la misión para la que fueron creados. Es muy posible que la causa esté en que fueron diseñados para eso, para dar una falsa apariencia de control que en realidad, como denuncia el Supremo, evita el control efectivo y deja las manos libres a quienes necesitan esa carencia de fiscalización para enriquecerse de manera poco legal.

A la vuelta del verano se abre un largo periodo electoral. No tardarán los partidos políticos tradicionales en presentar sesudos planes de regeneración democrática y contra la corrupción. Y la prueba del algodón para todos ellos será comprobar el proceso de reforma al que están dispuestos a someter a la CNMV, al Banco de España y al Tribunal de Cuentas para que de manera eficaz puedan ejercer esas labores de control y fiscalización de la vida económica española. Aquellas propuestas que olviden la necesaria evolución de estos tres organismos no serán más que propaganda.