De fueros y desafueros

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

El entrecomillado corresponde al artículo 14 de la Constitución de 1978. Es un mandato taxativo (“los españoles son”) sobre el que todo lo que hay que escribir está ya escrito por plumas mucho más doctas que la mía.

También hay amplia literatura sobre el convencimiento de la mayoría de los ciudadanos de que ese mandato no se cumple. El temor de que en España haya una Justicia para ricos y otra para pobres es antiguo, sin que los poderes públicos se hayan esforzado en despejar las dudas existentes.

Para agrandar el problema, desde hace bastantes meses todos aquellos que sufren en sus carnes el mordisco de la crisis se preguntan si no habrá también una Justicia para políticos y otra para el resto de los mortales, dado que aquéllos, cuando se enfrentan a un proceso judicial, son enjuiciados por tribunales distintos a los que se encargan de los delitos cometidos por cualquier hijo de vecino.

Es el aforamiento, una institución medieval que muchos ciudadanos, azuzados por la crisis económica e institucional que nos sacude, entienden como un privilegio (lo fue en su origen) intolerable hoy en día porque rompe el principio constitucional de igualdad ante la ley.

Hay que precisar de entrada que el fuero no supone impunidad, es un incidente del proceso penal en virtud del cual determinados cargos públicos, sospechosos de haber cometidos acciones ilícitas, son enjuiciados no por el juez ordinario, sino por un tribunal superior, siempre un órgano colegiado.

¿Es esto un privilegio? No necesariamente, porque en su diseño original el fuero procesal no protege a la persona, sino que defiende a la institución a la que pertenece. El aforamiento de los diputados y  senadores no trata de impedir que sean juzgados, sino evitar que una acción judicial pueda interferir la vida parlamentaria de los representantes de la soberanía nacional.

Dice el profesor Gómez del Castillo que el juez encargado de investigar a un miembro de alguna de las altas instituciones del Estado puede verse sometido a presiones de todo tipo que pongan en peligro su independencia, y “es fácil entender que un órgano colegiado las soporta mejor que un órgano unipersonal”.

Es cierto que es un planteamiento ya caduco, pero también lo es que el aforamiento es un instrumento útil un esquema constitucional como el español, donde el artículo 24.1 de la Carta Magna nos reconoce a todos nuestro derecho a acudir a un juez para cualquier cosa, incluso para denunciar a nuestros parlamentarios por sus acciones u omisiones. La protección reforzada de las instituciones depositarias de la soberanía nacional es la razón última del aforamiento, la explicación que permite asegurar que, como exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se trata de una “discriminación razonable”.

Fachada principal del palacio que es sede del Tribunal Supremo

Fachada principal del palacio que es sede del Tribunal Supremo

Así que los miembros del Gobierno, del Congreso y del Senado están aforados ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, mientras que los integrantes de los ejecutivos y parlamentos autonómicos lo están ante la Sala Civil y Penal de sus respectivos tribunales superiores de Justicia. Hasta ahí, todo parece sensato.

Y si los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo están aforados, parece lógico que también lo estén los del propio Poder Judicial, concepto que incluye a la Fiscalía. El modelo sigue siendo juicioso, pero en su gestión se han cometido y se comenten algunos desafueros que es imprescindible corregir para eliminar la peyorativa visión de los ciudadanos:

  • Todos aforados

A la lista anterior de aforados hay que sumar los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo (en su versión estatal y autonómica, en este caso con adjuntos incluidos) y numerosas instituciones similares.

Algunos estatutos de autonomía han ampliado el aforamiento a los integrantes de las diputaciones provinciales e incluso a los funcionarios de las policías autonómicas. El resultado es que España encabeza la clasificación mundial en lo que a aforados se refiere, lo que carece de toda justificación y explica el recelo ciudadano. ¿Necesitan protección especial el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Estado o la Diputación Provincial de turno? No, y nada impide pensar que sus miembros están aforados porque son políticos nombrados para el cargo por políticos compañeros de partido. Reducir el número de cargos públicos aforados hasta el límite de lo razonable reducirá en igual cuantía el resquemor de los ciudadanos.

  •  Aforamiento propio

Es imprescindible reducir el número de aforados, y extender esa protección sólo a aquellos delitos cometidos en el ejercicio del cargo. Porque no tiene justificación alguna que todo un Tribunal Supremo tenga que ocuparse de los parlamentarios que conducen borrachos, un comportamiento que los jueces ordinarios enjuician a diario con maestría y eficacia.

  •  La marcha atrás

El pasado 15 de julio, el dirigente de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) Oriol Pujol renunció a su escaño en el Parlament dada su imputación por soborno y tráfico de influencias, delitos que habría cometido en el proceso de adjudicación de varias estaciones de inspección técnica de vehículos en aquella comunidad.

Perdida la condición de parlamentario, perdido el fuero. Dieciséis meses después de empezar a investigar, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deja de ser competente en la causa, que volverá a un juzgado ordinario. Es decir, cuando el juicio parecía ya inevitable, Oriol Pujol se ha buscado una segunda oportunidad; es cierto que a costa de su escaño, pero es una opción que no está a disposición de un ciudadano de a pie.

  •  Aforamiento voluntario

El magistrado del Tribunal Constitucional Enrique López fue sorprendido por la Policía el pasado 1 de junio cuando, tras una noche de fiesta y de vuelta a casa, se saltó un semáforo a lomos de su moto, sin casco y en estado de embriaguez. Ese mismo día presentó la dimisión, visto el revuelo causado.

Si alguien quiere un análisis más detallado sobre este caso, debe leer el blog del periodista José Yoldi. Lo que aquí importa es que cuando el 14 de junio se celebró el juicio rápido de conformidad (en sábado, en un juzgado ordinario de Madrid) el magistrado López mantenía su condición de aforado ante el Supremo, condición que es irrenunciable.

Todo indica que el Supremo, la Fiscalía y el juez de Instrucción 31 de la capital obviaron ese espinoso escollo para dar una salida rápida, discreta y poco onerosa a la infracción de tráfico del magistrado, que se favoreció de una laxa interpretación del aforamiento.

  •  Fuero personal

El Rey padre, o como quiera que se llame ahora el puesto que ocupa don Juan Carlos de Borbón, ya está aforado ante el Tribunal Supremo. Para ello fue necesario que el Grupo Parlamentario Popular presentase y aprobase con su mayoría absoluta, sin otros apoyos, dos enmiendas nada menos que al proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Racionalización del Sector Público y otras Medidas de Reforma Administrativa.

Desde el momento de su abdicación, don Juan Carlos había pasado a ser un ciudadano de a pie. Las prisas del Gobierno por forzar su aforamiento por la puerta de atrás, a toda velocidad y casi con nocturnidad han levantado todo tipo de resquemores. ¿Qué alta institución democrática se protege con esa medida? No la Casa Real, cuyos miembros no están aforados, para desgracia de la Infanta Cristina; tampoco la Jefatura del Estado, que ya no encarna y cuyo titular en todo caso es inviolable.

El aforamiento exprés de don Juan Carlos sí es un blindaje personal y, a la par, el peor mensaje que se ha podido enviar a la ciudadanía, que ha entendido que el objetivo es protegerle de futuros episodios judiciales que, dadas las prisas con las que se ha gestionado el proceso, están a la vuelta de la esquina. Y no son las demandas de paternidad que ya están llegando al Supremo.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s